Paysandú, Domingo 06 de Septiembre de 2015

FUE DECIDIDA POR LA INTENDENCIA EN 2012,
PERO INGRESADA A FINES DE JULIO PASADO

Denuncia penal involucra al intendente Guillermo Caraballo

Locales | 05 Sep Una denuncia penal decidida por la Intendencia Departamental de Paysandú en febrero de 2012 se efectivizó recién el 31 de julio pasado. Fue ingresada a la sede penal --en representación de la Intendencia-- por un profesional que cumplía tareas en Asesoría Letrada y que ese día terminaba su contrato, el que sabía no sería renovado. Por otra parte, “no me informó de lo que iba a hacer”, confirmó a EL TELEGRAFO el director de Asesoría Letrada, Federico Álvarez Petraglia. Esa denuncia involucra al intendente Guillermo Caraballo, “pero como testigo”, dijo a EL TELEGRAFO. “En el período de tiempo en que ocupa la denuncia, que primero generó una investigación administrativa en 2011 y en 2012 una determinación de ir a penal, yo no estaba en esa repartición; de hecho cuando ocurrió lo que se denuncia, ya habíamos renunciado por el cambio de gobierno y el ingreso de Bertil Bentos a la Intendencia”, subrayó Caraballo.
El 10 de julio de 2010, en Paysandú Innova, el coordinador cuyo contrato había finalizado el 8 de julio de ese año, con la toma del poder departamental de Bertil Bentos, Alexandre Goncálvez de Amorín y un funcionario, ambos tenían la firma registrada en el BROU para pago y cobro en nombre de Paysandú Innova, firmaron dos cheques, uno de los cuales habría ido a la cuenta del coordinador, en pago por su último salario.
Guillermo Caraballo fue director de Paysandú Innova entre enero de 2009 y enero de 2010, cuando pasó a ocupar la dirección de Promoción Social. A su salida, no se nombró nuevo director de Paysandú Innova, sino que ese cargo fue ejercido por el coordinador Goncálvez de Amorín.
Cuando la administración Bentos encontró que esos dos cheques habían sido firmados en lo que podía estimarse como un error administrativo, se decidió el comienzo de una investigación administrativa en 2011, que entre otros testigos convocó al ahora intendente Caraballo. “Por supuesto, concurrí, como corresponde. Se me preguntó sobre esos cheques, en realidad yo no sabía nada porque hacía siete meses que no estaba en Paysandú Innova. Me mostraron fotocopia de un cheque para ver si podía determinar la firma y no pude, no de forma fehaciente. Respondí a todo, pero claramente estaba totalmente ajeno a lo que se investigaba, yo al momento de los hechos estaba directamente fuera de la Intendencia, porque había asumido otra administración”. Pero en febrero de 2012 la investigación administrativa concluyó que era apropiado dar pase a la Justicia Penal para que fuera esta la que determinara si se había cumplido una falta o si se había incurrido en un delito. No obstante, “aunque ahora nos resulta difícil de comprender, no se hizo eso, sino que el expediente quedó durmiendo hasta que cambió la administración. Y el 31 de julio pasado entró al juzgado, iniciándose el trámite judicial”, destacó Álvarez Petraglia.
La figura legal es la de notitia criminis, nombre genérico bajo el que, tradicionalmente, se reúnen los distintos medios por los cuales puede iniciarse la actividad de la Justicia Penal, mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la denuncia, ya por la querella o por la prevención policial o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, que opera como información institucional --sujeta a recaudos específicos impuestos por la ley procesal-- capaz de producir efectos jurídicos previstos por la ley.
Inicialmente, se fijó audiencia para febrero de 2016, donde es posible --si la Justicia determina que hay méritos para llevar adelante la investigación-- que sea llamado el intendente Caraballo. No obstante, el propio intendente sostuvo que “es claro --y así consta en la investigación administrativa-- que no estoy vinculado con lo que se denuncia; ya estaba desvinculado de Paysandú Innova por decisión del entonces intendente Julio Pintos, quien me asignó otra tarea. Si la Justicia me llama, será como testigo. Está claro en el expediente de la Intendencia que los dos involucrados están plenamente identificados y uno de ellos incluso reconoció las dos firmas”.


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