Nacionales | 01 Sep La presentación del proyecto de ley presupuestal al Parlamento tuvo lugar en la víspera y a partir de este martes, cuando ingrese en la Cámara de Representantes, se contará con un plazo constitucional de 45 días, antes de ser votado y enviado al Senado, donde será tratado durante un lapso similar.
El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo en conferencia de prensa que por parte del Poder Ejecutivo “no está pensado” enviar ningún tipo de mensaje complementario al Presupuesto que, por ejemplo, otorgue beneficios a los sindicatos de la enseñanza.
Además aseguró que hay “mucha satisfacción” en el gobierno por el resultado de un “trabajo intenso” y dijo que se encontró la manera de “conciliar las prioridades con la realidad fiscal del país”, la que advirtió debe ser “considerada con cautela, pero con la audacia responsable que supone equilibrar la necesidad de ir para adelante y encarar esas prioridades y hacerlo prudentemente, sin dar pasos al vacío”.
Astori puntualizó que el gobierno realizará “los más grandes esfuerzos” para llegar al 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación antes de que finalice el quinquenio y en materia salarial explicó que los incrementos que se dieron “son los que el país en este momento puede ofrecer, y la verdad es que no está ofreciendo poco”.
El proyecto establece U$S 470 millones adicionales por año durante 2016 y 2017, que se destinarán en líneas generales para la educación, infraestructura y el financiamiento del Sistema Nacional de Cuidados, según adelantó a El País el vicepresidente Raúl Sendic. A su vez y en un contexto de prudencia fiscal, el Poder Ejecutivo tiene previsto limitar el ingreso de nuevos funcionarios al Estado.
El incremento presupuestal será de U$S 280 millones en 2016 y U$S 190 millones en 2017. Si se suman estas cifras a los gastos ya comprometidos (suba de pasividades y salarios públicos, entre otros), el país hará un “esfuerzo presupuestal” que se puede cuantificar en U$S 1.100 millones en los dos primeros años de gestión.
La idea de realizar un presupuesto a dos años --que será ajustado en las próximas Rendiciones de Cuentas-- parte de la base de un contexto internacional complicado.
Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, anunció que se llegó a un nuevo acuerdo con los gremios docentes, que deberá ser aprobado en las diferentes asambleas y aclaró que “el gobierno ha puesto todo”.
El jerarca aseguró que el nuevo acuerdo “contempla mejoras salariales” así como otros beneficios para los trabajadores de la enseñanza, pero aclaró que el acta tiene una condición en el “lamentable” caso de que las asambleas no acepten el acuerdo. “El gobierno destinará el dinero (previsto para salarios) para avanzar y llegar a la meta del 6% del PBI para el sector”, y reiteró que en caso de continuar el conflicto, ese dinero “no se destinará a mejoras salariales”. Por su parte, los docentes de Secundaria de Montevideo, nucleados en ADES, decidieron mantener el paro hoy en los liceos de la capital, pese a que el gobierno decidió dejar sin efecto el decreto de esencialidad en la educación.

MOTÍN DEJÓ DOSGUARDIAS LESIONADOS
Dos guardias resultaron lesionados durante un motín que finalmente se controló en el módulo N° 1 del complejo carcelario de Santiago Vázquez, informó el Ministerio del Interior. Los presos utilizaron cortes carcelarios para lesionar a los funcionarios que, de acuerdo con la información oficial en Twitter, se encuentran fuera de peligro.

CASI 10.000 PRIVADOS DE LIBERTAD
Al 31 de julio de 2015, en Uruguay hay 9.922 personas privadas de libertad, según un relevamiento presentado por el Ministerio del Interior. Este total se desprende de todas las unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), así como de los centros carcelarios que aún pertenecen a las Jefaturas departamentales, informó la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom).
El subdirector Técnico del INR, Gustavo Belarra, dijo que esa cifra es menor a la proyectada en 2010, donde se preveía un incremento del 5% interanual de la población carcelaria en Uruguay. “Ese aumento fue más leve, incluso mucho menor a las (previsiones) que hacía el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, donde declaraba en informes previos que la población al cierre de 2014 iba a estar en el entorno de las 12.000 personas privadas de libertad”.
El jerarca agregó que “el aumento de plazas ha impactado directamente en la mejora de habitabilidad de la población”, pero remarcó que aún quedan lugares en donde se debe hacer foco para mejorar la situación de los presos. Uno de estos casos es el de la Unidad N° 4 de Santiago Vázquez, que con 3.326 personas privadas de libertad (al 27 de agosto) es la unidad con mayor población carcelaria del país.
Belarra explicó que en el Interior del país también hay situaciones que se tratan de mejorar y afirmó que el caso más complejo se registra en Salto, en el que hay un alto porcentaje de hacinamiento, con 296 (mujeres y hombres) personas privadas de libertad. A nivel nacional, el hacinamiento total del todo el sistema penitenciario es de 108%.

INTERPELARÁN A COSSEPOR REGASIFICADORA
Los gastos de Gas Sayago, la empresa que se constituyó para representar al Estado en el proyecto de la ragasificadora e impulsar el proceso de selección del concesionario para construir la obra, se dispararon y en 2014 solamente en salarios de sus funcionarios se pagaron más de U$S 2 millones.
Además, los gastos de funcionamiento de la empresa treparon a los U$S 4 millones ese año, de acuerdo con el balance de la empresa. Gas Sayago “vive el lujo de la miseria”, dijo a El País el diputado nacionalista Pablo Abdala y por la obra de regasificadora --que el gobierno sigue considerando esencial para el futuro-- interpelará en setiembre a la ministra de Industria y Energía, Carolina Cosse.
El Estado ha invertido en el proyecto de la regasificadora entre U$S 130 millones y U$S 140 millones, a pesar de que la obra está paralizada y en un etapa de negociación para el cumplimiento de los contratos originales, que prevé --por parte de la empresa en caso de cancelación definitiva-- un resarcimiento de U$S 100 millones. Las firmas GNLS --consorcio conformado por GDF Suez y Marubeni para llevar a cabo la planta regasificadora-- y Gas Sayago, formada por UTE (90%) y Ancap (10%) que licitó la obra, se encuentran actualmente negociando la rescisión del contrato de construcción.

TCR DETECTÓ IRREGULARIDADES EN AFE
El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) se abstuvo de opinar frente al balance 2013 de AFE, un hecho inusual que ocurre cuando la información que entrega el ente es insuficiente o contiene errores que impiden realizar una auditoría con las condiciones necesarias. Una de las irregularidades está relacionada con la importante demora en la entrega del balance correspondiente a 2014, que llegó al TCR el 21 de abril del presente año.
Recién el pasado 5 de agosto el TCR pudo expedirse sobre el Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2013, el Estado de Resultados, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, y el Estado de Evolución del Patrimonio. El TCR debió abstenerse de opinar dado que no fue posible “obtener de auditoría apropiada suficiente evidencia para sustentar opinión”.
A modo de ejemplo, “el organismo no ha efectuado recuentos físicos de los Bienes de Uso para verificar la integridad de los saldos expuestos. El valor neto de los bienes que integran el Capítulo Bienes de Uso, de $3.911.577.426 representa un 92% del total del Activo. Para la determinación de este monto, no se efectuó tasación ni se realizó la comparación entre los valores en libros y el valor recuperable, a efectos de identificar indicios de deterioro de sus activos, como lo dispone la Norma Internacional de Contabilidad. No resultó posible extender los procedimientos de auditoría de manera suficiente para cuantificar y determinar el efecto de la situación mencionada sobre los estados financieros”.
AFE tampoco ha regularizado la incorporación de los bienes de uso (líneas férreas, obras en ejecución), que fueran devueltos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no se pudo obtener evidencia respecto a la integridad y valuación de esos bienes, y se exponen por un valor que representa el 31% del total del activo.