PRESENTARÁN RECURSO CONTRA LEY ORGÁNICA

Locales | 04 Sep El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) aguarda la llegada a Paysandú del efectivo sanducero lesionado durante el último motín ocurrido en la Unidad Nº4 de Santiago Vázquez (ex Comcar) del Instituto Nacional de Rehabilitación, para llevar adelante una reunión y aportar los nombres de los agresores ante la Justicia. El vicepresidente del SUPU, Alejandro Álvarez, sostuvo a EL TELEGRAFO que “no es desconocido para el sindicato las condiciones laborales de los funcionarios que se desempeñan en el Comcar, Las Rosas o el Penal de Libertad, pero el complejo carcelario alberga una mayor cantidad de personas privadas de la libertad. En estos momentos hay más de 3.000 y los módulos construidos hace poco tiempo están saturados y los efectivos que se desempeñan en esa área son dos en la noche para más de 200 o cerca de 300 reclusos”.
Se trata de “un trabajo riesgoso que venimos denunciando desde hace varios años ante los ministerios de Trabajo e Interior y Asuntos Internos y no se han tomado los recaudos. Incluso lo presentamos ante el Parlamento y el entonces comisionado también lo sabía”, remarcó el dirigente. Sin embargo, “hoy no contamos con un comisionado parlamentario para el sistema carcelario, quien mediaba en algunas situaciones que, en este caso, se pudieron prever. El gran problema surgió a partir de la implementación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que depende del ministerio, pero los policías quedaron en un pase en comisión ante este instituto. Por lo tanto, no quedó muy clara la situación laboral de los policías”. Álvarez sintetizó que “los operadores penitenciarios que ingresaron no realizan íntegramente la labor de un funcionario policial y eso recargó mucho más a los efectivos. Allí hay una menor cantidad de funcionarios, por lo tanto, generó otra problemática a la que ya existía”. “Adelantamos que en algún momento iba a ocurrir algún motín, pero lo lamentable es la poca preocupación existente en las autoridades sobre las condiciones de trabajo de los policías y las órdenes internas que se dictan no resguardan su integridad”, precisó.
El vicepresidente del SUPU anunció que “el sindicato suministrará los nombres de los agresores, de lo contrario, las agresiones quedarán allí y no más”. Explicó que el efectivo agredido “es delegado sindical en el Comcar” y que “en Paysandú trabajó en distintas seccionales, la excárcel hoy INR y posteriormente solicitó un pase en comisión al Comcar”.
Según el dirigente, “la preocupación del SUPU es que las autoridades del INR no informaron a su familia de la situación del policía, sino que el sindicato tuvo que llamar a su señora para informarle que el esposo era uno de los heridos y ella recién mantuvo una comunicación con él al día siguiente. Ninguna autoridad del INR llamó a su esposa para avisarle que resultó lesionado en el motín”.
LEY ORGÁNICA POLICIAL
Por otro lado, “el SUPU trabaja sobre la nueva ley orgánica policial, votada en el Parlamento a tapas cerradas sin una discusión o análisis necesario y si bien aún no está reglamentada, nuestra preocupación parte de la violación a ciertas leyes existentes en Uruguay”. Álvarez reclamó la inclusión de esta iniciativa en el Presupuesto Quinquenal para que sufra modificaciones. “Algunos de sus artículos son inconstitucionales, en tanto no permiten la libertad de expresión de los policías, no son claros en la escala de grados, no habla de aumentos salariales ni de ingresos de personal ejecutivo, sino que refiere a cargos de confianza”, añadió.
Según el delegado gremial, “el ministerio pretende disfrazar un aumento con la ley orgánica basado en la supresión de grados y la creación de cargos para otorgar aumentos, todo lo cual rechazamos. En este caso, la secretaría de estado debería informar acerca de la ley, tanto como sobre el Presupuesto y no lo ha hecho”.
El lunes, a las 13.30, la Comisión Directiva Nacional del SUPU presentarán el recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, en Montevideo, contra esta ley y principalmente el artículo 35 correspondiente al derecho a huelga. “Es un derecho fundamental de los trabajadores y aunque no pretendemos llegar a la huelga porque tenemos regulaciones como un servicio esencial, contamos con nuestro derecho como trabajadores a expresarnos cuando hay malas condiciones de trabajo, por reclamos salariales, abuso de funciones o actos corruptos. Esta ley le prohíbe a los efectivos que cuestionen la gestión ministerial y eso provocará mayores problemas”, concluyó.