Locales | 05 Sep La nacionalista Patricia Vásquez Varela –diputada suplente de Nicolás Olivera– cuestionó los criterios de los asesores de la actual administración en cuanto a generar un endeudamiento de 15 millones de dólares para encarar un plan de obras viales en la ciudad. Subrayó que el intendente manifestó que no habrá de respetar la norma que establece la necesidad de una mayoría de dos tercios en la Junta Departamental para suscribir un fideicomiso que afectará a tres administraciones, y que desconocerá las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
Vásquez Varela precisó que en reciente nota publicada por EL TELEGRAFO, el asesor de Obras, agrimensor Andrés Piaggio, “hizo una exposición sobre la planificación urbana de Paysandú, intentando dar cátedra en relación con los que él considera más apropiados futuros límites de nuestra ciudad”.
A su juicio, “la actual administración en lugar de trabajar tranquilamente con la situación saneada que la administración Bentos le dejó y que le permitirá, con los mecanismos regulares (como Fondo de Desarrollo del Interior que le aportará para el quinquenio 10 millones de dólares, el programa de Desarrollo y Gestión Subnacional o convenios con el BID, entre otros), hacer obras de impacto en la zona costera y obras de red vial, se fija metas para endeudar a la Intendencia”.
Sostuvo que “ejemplo de ello es lo logrado por la administración Bentos en cuanto a la histórica obra de remodelación de la avenida Dr. Roldán”, en tanto acotó: “como ciudadana común me pregunto, además, qué derecho de dar cátedra tiene el asesor de Obras de la IdP sobre planificación y respeto de normas relacionadas si él mismo fue el que propuso la demolición de la Casita del Parque, patrimonio departamental, denotando su falta de conocimiento de la temática”.
Recordó que en 2012, cuando el citado profesional “era propietario de la Casa Sorondo de calle 33 Orientales esquina Leandro Gómez, la Comisión de Cultura de la Junta Departamental, que yo presidía, constató que se habían iniciado obras de reconstrucción (retiro de zonas del techo original) sin previa comunicación, frente a las que se aplicaron sanciones monetarias. El inmueble en cuestión tiene protección grado 4 entre los inmuebles del Plan Urbanístico de Paysandú, ordenanza que impide la realización de cambios irreversibles”.
Con respecto a ese incidente, “el informe de la Comisión de Cultura de la época señaló: ‘teniendo en cuenta los informes de los arquitectos de la IdP de Unidad de Diseño y Dirección de Edificaciones, (…) se entiende que se ha violado la ordenanza (decreto 4489/2003) del Plan Urbanístico, al eliminar estructuras sin permiso de construcción y sin la autorización. Debemos señalar que esta comisión no busca entorpecer la recuperación del inmueble, sino que se cumpla con las ordenanzas vigentes’”.
La edila añadió que en su momento se manifestó contraria a esa violación del Plan Urbanístico, “que involucraba al actual asesor de Obras de la IdP frenteamplista”. “Hoy me llama la atención que la misma persona dé cátedra sobre la Planificación Urbana de Paysandú”, sostuvo.

DESCONOCIMIENTO
DEL TRIBUNAL
Por otro lado, destacó que el intendente Guillermo Caraballo expresó en las últimas horas que no necesita mayoría especial en la Junta para aprobar el fideicomiso. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le dijeron que solo con mayoría simple puede hacerlo, porque cuando se observe el procedimiento por el TCR, puede reiterar el gasto y seguir adelante, por lo tanto, burlando las normas”.
“Esto es doblemente grave, porque desde el gobierno nacional se le dice que viole la normativa y él a la vez sigue el artilugio cuando siempre han sostenido que hay defender lo que actúa el TCR, y más de una vez criticaron a la administración Bentos por este tema”, subrayó.