Paysandú, Miércoles 09 de Septiembre de 2015
Rurales | 05 Sep En el marco de la celebración de los 48 años de Mevir en el territorio, se realizó la mesa de trabajo denominada “Articulando acciones para la sostenibilidad de la producción familiar”. El objetivo fue generar un ámbito de intercambio para discutir la situación de la producción familiar en Uruguay y definir las líneas de acción estratégicas que permitan continuar apoyando el sector.
En la actividad, que tuvo lugar en INIA Tacuarembó, se desarrollaron tres mesas de trabajo. La primera discutió sobre la situación actual y perspectivas de la producción familiar, en tanto en la segunda se abordaron los desafíos para la intervención en el sector, y la tercera estuvo destinada a síntesis y reflexiones finales.
El titular de la oficina de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Olascuaga, señaló que existe la voluntad de articular y mostró qué se ha hecho desde el ministerio como aporte al esfuerzo de articulación. Habló de la importancia de la agricultura familiar en sus tres vertientes: la económica (como productora y abastecedora de alimentos y dinamizadora de los mercados locales); la demográfica (como reproductora de la población rural y de la fuerza de trabajo en el campo) y la cultural (como reservorio y mantenimiento de saberes ancestrales). “Todo esto enlaza con un modelo de desarrollo con gente en el campo”, dijo.
Luego, intentó responder “qué podemos hacer desde las políticas públicas” y se refirió a las políticas diferenciadas que se han intentado llevar adelante en los últimos años. En cuanto a qué se puede hacer, Olascuaga habló de reconocer a la agricultura familiar y su potencialidad; fortalecer los activos (el acceso a la tierra, al agua, a los mercados, a la educación), ampliar su autonomía, reducir riesgos y elaborar políticas de desarrollo rural integrales: “Un poco de todo eso hemos intentado hacer, con mayor o menor éxito, pero seguramente lo podemos mejorar mucho si cumplimos con la consigna de esta jornada, que es articular, coordinar esfuerzos y buscar sinergia”.
Mencionó como componente importante de evolución, la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar, ámbito en el cual coinciden, en un espacio único en el Mercosur, los delegados de las organizaciones sociales de la agricultura familiar con los representantes de gobierno vinculados al tema, espacio que “ha permitido generar propuestas de políticas públicas a la interna de cada uno de los países”.
Se refirió también el trabajo enlazado que se realiza en la Sección Nacional de la REAF y en las mesas de Desarrollo Rural. Dijo que en Uruguay y en la región, los agricultores familiares pasaron de ser invisibles a ser sujetos de políticas públicas diferenciadas. Resaltó como primera etapa, la construcción del concepto de agricultura familiar y su valorización, y como segunda etapa, el pasar del concepto a la norma (en Uruguay hay una definición que se ajustó en 2014), y dijo que el registro permite saber quiénes son los productores, dónde están, a qué se dedican, cómo es su núcleo familiar, y permite “ser más precisos a la hora de diseñar políticas y también a la hora de asignar recursos”.
El director de Desarrollo Rural indicó que en Uruguay existen más de 23.000 registros, que implican más de 31.000 personas consideradas productoras familiares, y que de acuerdo al Censo Agropecuario de 2011 hay un 92% de cobertura en el registro, a pesar de ser un registro voluntario. Por otra parte, señaló que una proporción importante de las explotaciones son de la agricultura familiar, pero que el área ocupada por ésta, en relación al área total, no llega al 14%, lo que marca la importancia social y numérica de la producción familiar y sus dificultades de acceso a la tierra.
Olascuaga destacó, como innovación institucional en Uruguay, el funcionamiento de las 40 mesas y la creación del Fondo de Desarrollo Rural. Por último, hizo referencia a los llamados y convocatorias vigentes en la dirección general en apoyo a la producción familiar, como el llamado “Más valor a la producción familiar”, que apunta a buscar mecanismos innovadores para la inclusión de la agricultura familiar en las cadenas de valor.
CONTEXT0 ACTUAL
La presidenta del Instituto Nacional de Colonización (INC), Jacqueline Gómez, se refirió al contexto actual en que se llevan adelante las políticas públicas, con aumento del PBI agropecuario, aumento del precio de la tierra, intensificación de la producción, cambios tecnológicos que no siempre llegan a los sectores más pequeños, reducción de la población rural y del número de productores, concentración de la tierra y aumento de tierras en manos de personerías jurídicas.
Dijo que este no es un escenario exclusivo de Uruguay, sino general para América Latina, y se refirió a las políticas públicas que se han llevado adelante en este contexto: “El INC lleva la política pública de dar respuesta a las demandas de tierra, de generar una racional subdivisión de la tierra, promover la adecuada explotación, trabajo que pretende aumentar y mejorar la producción y promover la radicación y el bienestar de los trabajadores rurales, que son los que viven en los predios del instituto”.
Gómez habló del acceso colectivo como una herramienta de construcción de una sociedad con otros valores y dijo que es necesario profundizar el trabajo con enfoque de desarrollo rural y territorial.
HETEROGÉNEA Y CAMBIANTE
El doctor Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, sintetizó las ideas de la Mesa haciendo el esfuerzo de centrarse en lo que puede ayudar a las instituciones a pensar el camino para apoyar a la producción familiar.
Resaltó que la producción familiar es “heterogénea y cambiante”. También habló de la pluriactividad de los productores familiares y dijo que es necesario “abrirse a eso”. Por otra parte, señaló que el Estado no está proveyendo los servicios que toda persona tiene derecho a tener: “El 47% de los productores familiares y el 53% de los asalariados rurales tienen al menos una necesidad básica insatisfecha”. Enfatizó que “hay que cambiar la manera de mirar los derechos”, y que la falta de acceso a los derechos básicos es una de las razones por la que los jóvenes no se quieren quedar en el campo.
Otro tema que abordó fue por qué disminuyeron las explotaciones de productores familiares. Señaló que hay que verlo como un fenómeno multicausal y no como un problema de escala. Destacó razones como el envejecimiento, la falta del relevo generacional y el precio de la tierra, que ha expulsado a mucha gente que tenía tierra arrendada, entre otras.
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