Opinion | 05 Sep Seguramente habrá algún otro capítulo en el diferendo que mantienen los gremios de la enseñanza con el Poder Ejecutivo a propósito de la afectación de recursos presupuestales, luego de varios días en que los estudiantes de los institutos del Estado se vieron imposibilitados de concurrir a clases, y todo indica que a la magra calidad de la enseñanza se seguirán sumando horas que no se recuperarán, como es la norma tras estos conflictos.
Nuevamente los intereses de grupos corporativos han primado por sobre toda otra consideración, y por más eslóganes que se esgriman de más presupuesto para la educación, los reclamos se han centrado en el aspecto salarial, y es debido a la insatisfacción por los montos destinados a este objetivo que se ha suscitado esta airada protesta, con paros preventivos y movilizaciones de todo tenor, en procura de presionar al gobierno.
Naturalmente, los planteos de mejoras salariales se hacen al barrer y sin aceptar bajo ningún concepto que se condicione la vigencia de las mejoras a resultados en la tarea educativa y evaluaciones, lo que confirma la naturaleza puramente económica de la reivindicación.
Lo que no está mal, por cierto, porque al fin de cuentas el objetivo de estos como otros gremios es obtener mejoras para la situación de sus integrantes y afiliados. Pero lo que sí no corresponde es menospreciar la capacidad de discernimiento de la población, incorporando a sus plataformas que el presupuesto es “para la educación”, cuando el reclamo se centra en los salarios.
¿Y la calidad de la enseñanza, para cuándo? ¿Es mucho pedir que se actualicen programas, que se atienda la realidad del mundo del trabajo, de la capacitación, de la formación, en lugar de ofrecer rígidamente clases para un mundo que no existe desde hace ya mucho tiempo?
Es deber del Poder Ejecutivo, del sistema político, de los organismos de la enseñanza, trabajar arduamente en esta dirección, que es mucho más importante que el presupuesto, porque las reformas estructurales que necesita la enseñanza van mucho más allá que los recursos que se le destinen.
En este contexto, cuando se separa la espuma de la sustancia, se constata que el saldo del conflicto ha sido nulo para el interés general, porque ni siquiera se ha encarado un análisis del estado de la enseñanza para cambiar un estado de cosas que sigue deteriorándose a ojos vistas.
Es pertinente por lo tanto saber en qué está el Poder Ejecutivo en cuanto a esta problemática impostergable a esta altura, y al respecto el subsecretario de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, afirmó que la convicción del gobierno en los cambios es fundamental: “El temor a los cambios se vence con el llamado a la aventura. Si los cuerpos docentes y los estudiantes no abrazan un llamado a la aventura, aun con riesgos, es muy difícil una reforma educativa”, sentenció Fernando Filgueira, en una exposición que realizó en el marco de la actividad “La educación en la agenda del nuevo gobierno y el rol del Parlamento”, organizada por la Universidad Católica.
Advirtió que cuando se piensa en una reforma educativa, “un paso fundamental es intentar transmitir certezas” a las personas que forman parte del sistema. No obstante, aseguró que esto “es diferente a decir que no habrá cambios si no están (todos los actores) de acuerdo. Involucrar al que está adentro del sistema es importante, pero la propuesta de cambio no va a surgir de ellos, surge de la autoridad. Los docentes tienen que tener participación, pero sobre la base de una propuesta de cambio”, explicó. Filgueira no solo es subsecretario de Educación, sino que además es asesor del presidente Tabaré Vázquez y el principal promotor de la reforma educativa que el mandatario quiere emprender en el quinquenio, pero los sindicatos de la educación temen que dicha reforma se incluya en el presupuesto quinquenal, que el lunes ingresó al Parlamento, por lo que a partir de este análisis puede surgir otro punto de conflicto entre el gobierno y los sindicatos del sector.
Entre otros aspectos, una de las principales líneas de la reforma propone la creación de un ciclo único entre los 3 y los 14 años, lo que Vázquez expuso en su discurso de asunción como una de las metas educativas del gobierno. Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a El Observador que este punto está incluido en el mensaje presupuestal que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó al Parlamento.
Esta innovación seguramente apunta a ahorrar un salto traumático en el sistema educativo, que es el pasaje de la escuela, en la que los niños tienen la figura del maestro como referencia que los marca de por vida, para pasar en el ámbito liceal a otras condiciones de estudio, con varios profesores y una asunción de responsabilidades propias que resultan en un corte abrupto con la escuela.
Es decir, desde este punto de vista es un aporte positivo, pero naturalmente no puede quedarse en eso si a la vez no se aggiornan los programas y las técnicas educativas a la realidad del mundo de hoy, tanto laboral como social y la evolución tecnológica, entre otros factores.
Lo que sí debe tenerse presente es que la decisión sobre la reforma corresponde al Poder Ejecutivo, con una ancha base de respaldo político, a las autoridades de la enseñanza, que representan a todos los ciudadanos, en nombre del interés general, y no a los gremios de la educación, que son parte interesada y como tal, siempre han procurado llevar agua para su molino.