Opinion | 07 Sep No puede decirse que la inflación registrada en agosto, que alcanzó el 1,2 por ciento y llevó el guarismo anual al 9,48 por ciento, fuera sorpresiva para quien esté en contacto con la realidad, conozca la economía doméstica o eventualmente tome contacto con las góndolas de los supermercados.
Ocurre que entre otros aspectos, el relevamiento que realizó el Área de Defensa del Consumidor en la primera quincena de agosto respecto a igual período de julio, detectó aumentos de precios en varios de los artículos que están incluidos en el acuerdo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó con las grandes cadenas de supermercados, industriales e importadores a fines de julio, con vigencia a partir del 1° de agosto.
Según se indicó en aquel momento, el acuerdo apuntaba a congelar una gama de 32 artículos en 1.300 variedades y presentaciones por dos meses y, para no diluir el objetivo, se incluía evitar el remarcado previo a su puesta en práctica. Con esta medida el gobierno buscaba recrear una medida puesta en vigencia temporalmente un año antes, por la que se intentaba contener una escalada similar a la actual en el proceso inflacionario, con repercusión en el Índice de Precios al Consumo (IPC) y así evitar que se reflejara en las estadísticas, que se trasladaría a subas en salarios, prestaciones y una serie de reajustes atados a los incrementos en la inflación.
Esto es una preocupación de recibo, pues un proceso inflacionario en cadena es un efecto indeseable, que a la vez tiene carácter de círculo vicioso que resulta muy difícil de revertir en el corto plazo, con repercusión directa sobre los sectores de ingresos fijos, fundamentalmente.
Pero en el caso que nos ocupa, en este mes de agosto, en una muestra de los productos que integran el acuerdo, la Unidad de Análisis Económico de El Observador verificó que en el 70% hubo alzas de precios en al menos una de las grandes superficies relevadas por el MEF. El trabajo abarca una gama de 74 productos/marcas que son representativos de los bienes que están incluidos en el acuerdo de precios. Asimismo, casi el 34% de los productos subió su precio en al menos la mitad de las cadenas relevadas.
El 33% de los artículos aumentaron más del 5% en al menos una de las cadenas, mientras que 18% se encareció por encima del 10%. El directivo de la Asociación de Importadores Mayoristas de Almacén, Fernando Melisari, dijo que los productos incluidos en el acuerdo que tuvieron subas son todos de fabricación nacional, a excepción del café que bien pudo haber tenido alguna corrección a nivel internacional.
Asimismo, de acuerdo al informe del Área de Defensa al Consumidor, en los primeros 15 días del pasado mes un total de 92 productos mostró aumentos de precios, con una media de 3,3% y un máximo de 19,4%. Paralelamente, 55 productos mostraron descenso en sus precios, con una baja promedio de 1,7%. De ese modo, el costo de una canasta de alimentos y bebidas representativa del consumo mensual de 24 productos observados en todo el país, alcanzó en la primera quincena de agosto a $ 3.973, lo que significó un incremento de 1,9% respecto a igual período de julio.
Naturalmente, estos pactos entre el gobierno y las empresas son flor de un día, porque conllevan un renunciamiento de dinero de los formadores de precios. Pero como a nadie le gusta perder, y ante la ausencia de controles y eventuales sanciones, se da la posibilidad de anticiparse a la medida y reajustar precios antes de su entrada en vigencia, con lo que queda desvirtuada en los hechos.
Debe tenerse presente, asimismo, que según un análisis de Objetiva –portal de la consultora Deloitte–, el 62% de los rubros que componen el IPC presenta subas mayores a 9% en los últimos 12 meses. Mientras que, según un análisis de la consultora CPA Ferrere, “en agosto tanto los precios transables (rubros de la canasta que se comercializan con el exterior) como los no transables registraron aumentos en la comparación interanual”. “No obstante ello, en el primer caso la aceleración fue más importante, continuando de esta manera con la tendencia a la disminución de la brecha de crecimiento entre los precios de dichos componentes. Es preciso señalar que esta tendencia se encuentra impulsada por el proceso de depreciación de la moneda local y el reciente deterioro del mercado laboral”, acota.
A su vez, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, dijo en las últimas horas que los datos de inflación son “preocupantes” y que “reafirman la continuidad de seguir el combate contra estas presiones inflacionarias”. En tanto el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, afirmó a radio Oriental que llegar a la meta del gobierno de ubicar la inflación entre 3% y 7%, "es un poco más difícil de lo que pensábamos antes, porque hay novedades” debido “a una gran influencia del contexto internacional”.
No obstante, con el dato de agosto, la suba de precios ya lleva 56 meses consecutivos fuera de la meta oficial. En este escenario debe incluirse sin ninguna duda el factor dólar, que ha sufrido un significativo reajuste en los últimos meses y potencia el empuje de los costos internos, incluido el elemento salarial, por lo que es ilusorio que el mercado no refleje esta realidad.
Uruguay es caro, como todos sabemos, tanto para las empresas como para la economía doméstica, y de nada vale el intento de congelar el proceso en el sector privado como gesto de buena voluntad, si mientras tanto los costos se siguen incrementando y si el Estado a la vez no cumple una cuota parte mínima, que es la de no subir tarifas, costos de energía ni impuestos, para dejar de pesar tan gravosamente sobre la economía y hasta poniendo en riesgo la viabilidad de las empresas.
Para hacerlo, debe empezar por gastar menos y mejor, y hasta que no lo haga –salvo que nuevamente tengamos una bonanza regalada desde afuera por altos precios de commodities y otras condiciones favorables–, nada de lo que se haga podrá ser sustentable para combatir realmente las causas de la inflación y no solo toquetear de vez en cuando el IPC para tratar de que la sangre no llegue al río.