Opinion | 06 Sep El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que el gobierno propuso la creación de un Sistema Nacional de Atención y Cuidado de las Víctimas del Delito para desarrollar estrategias y erradicar la violencia intrafamiliar, de género y trata de personas.
El secretario de Estado explicó ante la comisión parlamentaria que tal decisión es “un salto en el compromiso con las víctimas del delito y con quienes hayan padecido, lamentablemente, violaciones a sus derechos”. El sistema contribuirá a la inserción social y --de ser necesario-- capacitación laboral, además de asistencia sanitaria, psicológica y jurídica.
Allí también reconoció que Uruguay es uno de los países con más policías en sus calles --aunque a pesar de esto, los índices delictivos no bajaron-- y precisó que el gobierno dispuso a través del mensaje presupuestal, la compra de tres helicópteros que se encargarán de la vigilancia aérea.
A raíz de las muertes violentas de trabajadores en confusos episodios, tales como el caso de la maestra que un domingo se encontraba en una panadería o el pizzero que, a pesar de entregar el dinero que tenía, fue ultimado a quemarropa, se acabaron las argumentaciones políticas. Aquí no ingresa el razonamiento referido al ajuste de cuentas, como una clásica respuesta que deambula en el limbo de las dudas ante cualquier repregunta. Y aunque no sea la regla general, se transformaron en hechos comentados por una comarca desacostumbrada a esta realidad y también --por qué no-- a las comparaciones con otros países latinoamericanos.
Es interesante recordar que cuando Bonomi participó en la última campaña electoral, solicitó a sus militantes que hablen de seguridad porque la oposición “generaba miedo” y ese miedo podía afectar a los indecisos. En ese entonces rememoró que en 2005 “la inseguridad era brutal porque los delitos contra la propiedad habían aumentado 87%”, pero no se reparaba en esas cifras porque la prioridad era el empleo y el endeudamiento existente a nivel nacional. Allí también dijo que las encuestas están dibujadas y reconoció que a los frenteamplistas les gusta hablar de los asuntos sociales o de sindicalización, pero que el punto que definía era la seguridad y de eso había que hablar.
Pocos meses después ocurrirían asesinatos sin culpables a la vista, más ajustes de cuentas y un secuestro que mantuvo en vilo a la opinión pública dadas sus características. De acuerdo a su visión, no hay un correlato entre crecimiento económico y delito, en tanto mejora el nivel de vida pero disminuyen las condiciones de seguridad que se transforman en un problema “social e ideológico”.
Mientras se discute que la solución no será netamente policial, cada cinco o seis minutos ocurre un hurto o una rapiña y este reloj no se detiene. “El tiempo que pasa es la verdad que huye”, señaló el criminalista francés, Edmond Locard, al enseñar la investigación científica del delito y para esto no existen mayores análisis sociológicos.