Nacionales | 07 Sep Hace más de un año se aprobó una norma para avanzar en el registro y control de las armas de fuego, pero el gobierno aún no la reglamentó. Los diagnósticos, estadísticas y estimaciones son coincidentes en que la gran mayoría de los delitos graves (homicidios, copamientos y rapiñas) en Uruguay, se realizaron con armas de fuego, mientras que se ha confirmado un mercado interno de tráfico de armas, que se pueden comprar en ferias o alquilar a los delincuentes.
La denominada ley de armas no ha sido reglamentada y se encuentra en manos de los ministerios del Interior y de Defensa, al tiempo que quienes más sienten las consecuencias operativas de que no se termine con dicho trámite son la Policía y el Registro de Armas, dependiente del Ejército.
El Parlamento dio su visto bueno a la ley el 6 de agosto del año pasado, aunque delegó en la reglamentación --a cargo del Poder Ejecutivo-- una serie amplia de especificaciones, tales como establecer “los tipos, características y requisitos que se deberán cumplir para autorizar la tenencia y porte de armas de fuego”. La tarea se volvió compleja por el nivel de detalle en cuestión: la clasificación debe contemplar un gran abanico de armas, calibres y municiones para crear categorías y así definir su legalidad. En Uruguay hay 329.749 armas activas registradas, lo que implica que uno de cada 10 uruguayos tiene un arma de fuego en su poder y cada año se entregan más guías. En este total están incluidas las de la Policía, Fuerzas Armadas y coleccionistas, pero la gran mayoría está en manos de particulares. Solo 8,39% de las guías son de militares y policías, y 3,11% de coleccionistas.