Locales | 12 Sep La Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) reclama que las inspecciones que encara el Estado a través de sus respectivos organismos, como Banco de Previsión Social y Dirección General Impositiva, se dirija también a controlar el informalismo que se da en numerosas áreas del tramado socio-económico, en lugar de dirigirse solo al comercio instalado legalmente, que sostiene con sus aportes el funcionamiento del Estado.
La confederación nuclea a 25 centros comerciales del Interior y comprende a unas 10.000 micro y pequeñas empresas de todo el país, y de acuerdo a lo señalado por sus directivos a EL TELEGRAFO, tiene entre sus objetivos ser referencia y guía en defensa de éstas, a la vez de propulsora del desarrollo de las actividades económicas de cada departamento.
Pese a representar estructuras comerciales y empresariales pequeñas, CEDU destaca que en realidad las empresas que integran sus gremiales asociadas sostienen la gran mayoría de los puestos de trabajo de Uruguay, y que en el mundo entero las mipymes son las que contribuyen al crecimiento de la economía.
En el caso de nuestro país, sin embargo, entienden que se da una situación en la que se favorece el funcionamiento de las grandes superficies con exoneraciones impositivas, la Ley de Inclusión Financiera y costos diferenciales de las tarjetas de crédito, al punto de que éstas tienen una carga tributaria menor.
Asimismo los directivos de la confederación reafirmaron que invariablemente las inspecciones de los organismos del Estado se dirigen a controlar solo al comercio instalado, en procura de detectar irregularidades, y si bien el pequeño empresario debe cumplir las normas legales, está en los hechos en una situación de desventaja por la falta de controles del informalismo, así como la incidencia del contrabando en los departamentos fronterizos.
Destacaron además que la congelación de precios acordada entre el Estado y cadenas de grandes superficies, más allá de su resultado, ha dejado al empresariado del Interior sin tener parte en el acuerdo, pues tanto comercios como proveedores son tomadores de precios. Por lo que reciben los valores reajustados y no tienen otra opción que trasladarlos al consumidor, teniendo en cuenta que los márgenes de rentabilidad son exiguos y se está ante una desaceleración de la economía, lo que hace cada vez más difícil incluso la subsistencia de estas empresas.