Opinion | 15 Sep La sentencia de la justicia venezolana contra el opositor Leopoldo López, a quien le aplicó la figura de varios delitos por convocar a una marcha contra el Gobierno en la que murieron tres personas, sin dudas que da lugar a interrogantes acerca de cuál es la real independencia del Poder Judicial respecto al régimen del presidente Nicolás Maduro, pero además pone en duda la independencia de criterios de gobiernos de la región respecto a la vigencia de la democracia en determinados países.
Es que desde que se conociera la sentencia contra el dirigente opositor, un llamativo silencio ha sido la respuesta por parte de las numerosas organizaciones de países sudamericanos, que pone en evidencia el sesgo político tendencioso de los duros pronunciamientos que realizan estos mismos países y organizaciones en otras instancias, cuando se trata de gobiernos que no están alineados con el eje populista de nuestro subcontinente.
Uno de esos silencios manifiestos ha sido el del gobierno de nuestro país, que no ha expresado ni siquiera una mínima duda sobre las alternativas del proceso contra el político opositor. Esta ceguera en asuntos internacionales hace suponer que existen intereses que hace que el presidente Tabaré Vázquez se cuide muy bien de no provocar la ira de Maduro, por cuanto fue gracias a su intercesión que Uruguay logró recuperar el mercado venezolano para los lácteos y otros productos nacionales que, si no es en el país caribeño, no se los podemos vender a más nadie a precios competitivos. Y ya probó el vicepresidente Raúl Sendic lo fácil que se ofende el mandatario del jogging multicolor, y lo dura que puede ser su respuesta.
En este contexto la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), al frente de la cual se encuentra el excanciller Luis Almagro, pidió en las últimas horas que la comunidad internacional tenga acceso a la sentencia por la que se condenó al líder opositor venezolano.
“En el caso de Leopoldo López, por ser él un político procesado bajo un Estado de Derecho, la Secretaría General de la OEA cree imperioso que la comunidad internacional tenga acceso a la sentencia por la que se le condenó”, indicó en un comunicado la organización.
“Igualmente, la Secretaría General de la OEA espera que la siguiente etapa procesal de apelación, para la cual se cuenta con 10 días, se lleve a cabo cumpliendo las reglas del debido proceso y en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”, añadió.
Leopoldo López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión por el tribunal que le juzga en primera instancia, y la condena es la máxima para los delitos de los que estaba acusado López, que incluyen instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos al final de una marcha antigubernamental el 12 de febrero de 2014, que dejaron tres muertos y que fue convocada por él, entre otros dirigentes opositores.
La declaración de la OEA, pese a no ser condenatoria, da la pauta del reclamo de que la instancia contra López se enmarque en el debido proceso, sobre lo que existen marcadas dudas, por decir lo menos, en lo que respecta a la independencia de poderes inherente a todo estado de derecho, en este caso el Poder Judicial, en el régimen autoritario de la república bolivariana.
Más allá de la retorsión de la figura delictiva, que conlleva entre otros aspectos que por convocar a una protesta se le encuentre culpable por las muertes registradas durante la manifestación ciudadana, y paralelamente queden al margen de la sentencia por ejemplo los organismos dependientes del gobierno que se sospecha que fueron los que mataron a los manifestantes, es indudable que el gobierno venezolano no goza de buena reputación en cuanto a protector de las libertades y la institucionalidad, con un marcado autoritarismo.
Aparece a primera vista como un debe de la comunidad internacional, sobre todo de los países latinoamericanos, que se hagan los distraídos frente a estos atropellos, y esta actitud deja una vez más en evidencia que hay varas distintas para medir situaciones similares, según las violaciones a los derechos humanos provengan de gobiernos “amigos” ideológicamente o los que están en una vereda distinta, como si hubiera derechos humanos de primera o de segunda, según quien los viole o quien sea la víctima.
Es decir, para un observador independiente cuesta creer que alguien en su fuero íntimo no considere que en los hechos Leopoldo López no es más que un preso político del régimen de Maduro. Llevado a Uruguay el caso de López, sería como si se hubiese condenado a 13 años de prisión a algún dirigente del Frente Amplio o de los Tupamaros por haber convocado a la manifestación frente al Hospital Filtro en Montevideo en 1994, en apoyo a tres etarras que iban a ser extraditados a España en esa oportunidad. La marcha terminó en forma violenta con el saldo de un manifestante muerto por disparos de la Policía, que reprimió violentamente a una multitud que los atacaba. Sin embargo, ningún dirigente político está preso por eso.
Pero en el caso de Venezuela el silencio es elocuente por el oficialismo, aunque aparecen como una mosca blanca conceptos del senador frenteamplista Rafael Michelini en el sentido de que “somos enfáticos respecto a la prisión de Leopoldo López, porque no reviste ningún aspecto que permita condenarlo: es un preso político” y que se intenta “sacarlo del tema electoral”; en la misma línea que se expresa una declaración del Partido Nacional.
A su vez el senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo que se contactó con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y que éste le manifestó que el Gobierno no va a “hacer nada” porque entiende que es una decisión del Poder Judicial venezolano y que no debe interferir en asuntos internos de otro país.
Bueno, por mucho menos que eso, Brasil, Argentina y Uruguay, anteponiendo lo político por sobre lo jurídico, como reconociera y pusiera en práctica más de una vez el expresidente José Mujica, suspendieron a Paraguay del Mercosur por aplicar una disposición --esta sí, constitucional-- para destituir al expresidente Fernando Lugo. En cambio nunca se aplicó la “cláusula democrática” en el caso del régimen de Venezuela, que hace años viene pisoteando los principios básicos de la democracia.