Opinion | 14 Sep En una carta abierta conocida en las últimas horas, ante el planteo de incremento en un 22% de la contribución inmobiliaria rural, las gremiales del sector exhortan a los intendentes departamentales a administrar “eficientemente los recursos municipales, comprender la realidad de la producción de sus departamentos y cesar su solicitud al Poder Ejecutivo de aumentar impuestos fijos a la producción que afectarán negativamente a toda la población”.
Asimismo los productores piden a “todos los productores rurales socios a estar alertas ante la solicitud de las intendencias de aumentar la carga impositiva”, a la vez de recordar que enfrentan “diferentes situaciones” que van en contra del trabajo, la radicación y permanencia de las familias en el campo, la inversión y la intensificación productiva.
Sostienen que algunas de estas “situaciones” son la “creación y aumento de impuestos fijos a la tierra, variabilidad climática, la incertidumbre e inestabilidad de los mercados y precios internacionales, altos costos de producción, abultado déficit fiscal que condiciona el desempeño de la economía y la política cambiaria, la falta de inversión en infraestructura, incremento del abigeato, el deterioro de rutas y caminos, daños provocados por jaurías de perros y la carencia de servicios públicos esenciales”.
Consecuentemente las gremiales signatarias entienden que “no es oportuno ni razonable el aumento de impuestos a quienes producen” ya que entienden que las consecuencias de esto es “propiciar la concentración y extranjerización de la tierra”.
Además advierten que “este camino conduce irremediablemente a un deterioro en las condiciones de los productores y trabajadores, principalmente pequeños y medianos, que repercutirá primero en la inversión y en el trabajo de la gente que vive en la campaña, en el interior del país y luego llegará a todos”.
Por último recuerdan el “compromiso asumido” por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía, Danilo Astori, de no incrementar la carga tributaria.
Las gremiales del agro, naturalmente, como es el común denominador de toda gremial que vela por los intereses de sus asociados, se planta ante una iniciativa gubernamental que recoge el pedido del Congreso de Intendentes, habida cuenta de que las comunas por regla general atraviesan una difícil situación que en algunos casos se perfila en el corto plazo prácticamente como inviabilidad por un fuerte endeudamiento, altos costos salariales y de funcionamiento, que deja solo un pequeño remanente en el mejor de los casos, para obras e inversiones.
Tan es así que las obras se limitan a lo que pueda obtenerse a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), en tanto la recaudación por tributos municipales, los más importantes de los cuales son patente de rodados y contribución inmobiliaria, solo alcanza para atener compromisos de funcionamiento.
Y si bien constitucionalmente el FDI proviene de recursos que son generados por recaudación de impuestos nacionales en cada departamento, que son devueltos desde el gobierno nacional por esta modalidad, no se trata de fondos de libre disponibilidad, sino que cada Intendencia debe presentar sus proyectos ante las dependencias centrales para que éstas les aprueben las partidas específicas con el fin que se solicita. Incluso se está apelando a la figura del fideicomiso para obtener recursos, a costa de un endeudamiento en el mediano plazo con amortización a través de impuestos municipales.
Nada nuevo bajo el Sol, si tenemos en cuenta que el dinero no brota de abajo de las piedras, y cuando se solicita un fideicomiso, pese a costos financieros muy inferiores a los de un crédito bancario, igualmente se condiciona a la administración municipal siguiente o aún más, porque no podrá disponer libremente de una parte de los impuestos que perciba, los que serán destinados a esta amortización.
Y en este caso específico de las gremiales del agro, nos encontramos con que se les sacaría una exoneración en momentos en que hay una caída de actividad y de captación de recursos por caída de los precios internacionales.
Por cierto, hay quienes creen que el agro es una fuente inagotable de recursos, al que hay que exprimir al máximo sin siquiera brindarles un retorno en servicios o caminería, por ejemplo, e incluso desde Montevideo, donde hay más lejanía en el contacto con el motor del país que es el campo, se insiste en la percepción que del Santa Lucía hacia el norte viven solo estancieros que se enriquecen a costa de los demás.
La realidad es muy distinta, sobre todo ante la diversificación de las actividades rurales, aunque se sigue con una fuerte primarización de la producción. Pero el sentido común indica que nunca es inteligente exprimir la vaca hasta que se seque, cuando hay quienes quieren hacer creer que es inagotable.
Hay momentos y momentos, además, y por cierto que las administraciones municipales deberían empezar por buscar una mejor gestión y manejo de los recursos, sin utilizar las intendencias como fuentes de empleo a medida que se aproxima el siguiente compromiso electoral, lo que se aplica para todos los partidos sin excepción y también para el gobierno nacional, naturalmente.
Asimismo el Pit Cnt sigue pidiendo una carga mayor de impuestos, que significaría hacer peligrar la supervivencia de los emprendimientos que crean la riqueza.
En este conflicto de intereses y en esta coyuntura complicada para el país, el momento impone mesura, deponer actitudes destempladas y bajar el nivel de los reclamos y la confrontación, en procura del equilibrio que haga que no se arriesgue la viabilidad de fuentes productivas por quererlo tenerlo todo ya, sin dar nada a cambio, como reflexión ineludible.