Nacionales | 14 Sep El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, dijo a El País que a partir de 2016 empezará a funcionar una plataforma en línea por la cual Secundaria podrá saber cuáles alumnos van a estudiar y cuáles no. Además, la ANEP hará un convenio con Antel para enviar mensajes de texto que alertarán a los padres de alumnos de escuelas, liceos y UTU, en el caso de que sus hijos no estén asistiendo a clase.
Estas medidas se toman luego de que un decreto del pasado 7 de setiembre señalara que la ANEP, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el de Educación y Cultura (MEC), tendrán a su cargo salir a buscar a los alumnos que abandonen el sistema.
El decreto también establece que el Banco de Previsión Social (BPS) continuará llevando a cabo dos cortes anuales, en julio y noviembre, meses en los cuales publicará los números de cédula de los alumnos que abandonaron sus estudios, y si en un mes la ANEP, el Mides y el MEC no logra que se reinserten en el sistema, se les cortará lo que cobran por asignaciones familiares.
La idea del programa que implementará la ANEP es que Secundaria pueda introducir el número de cédula de los alumnos y ver todos sus datos. También se podrán detectar, por ejemplo, casos como los de aquellos alumnos que iban a un liceo en un lugar del país, luego se mudaron y están yendo a una UTU de otra localidad. En ocasiones anteriores, cuando el BPS cortó asignaciones familiares, se dieron casos de jóvenes que se cambiaron de institución educativa, pero al no ser detectado este cambio se les cortó la asignación familiar.
Para Netto el problema mayor de abandono se da en Secundaria, donde según señaló “son miles los jóvenes que no están yendo a estudiar”. En el caso de Primaria, en tanto, advirtió que las faltas son más intermitentes.
En 2013 se dieron de baja 32.000 asignaciones (el corte se hizo en noviembre) y en 2014 fueron 51.000 (entre julio y noviembre). Algunas familias, luego de que les fue cortado el beneficio, volvieron a enviar a sus hijos a estudiar. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, ha dicho que no se debería sacar la asignación a los jóvenes que no van a estudiar —en julio no se hizo el corte—, sin embargo el decreto de Vázquez volvió a afirmar que las familias que no envían a sus hijos a las instituciones perderán la prestación.

INAU CONTRATARÁ OTROS 400 FUNCIONARIOS
El Presupuesto previsto para el Instituto del Niño y Adolescente (INAU) y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) prevé la contratación de 400 nuevos funcionarios entre 2016 y 2017. Las contrataciones se sumarán a 458 empleados con contratos precarios que ya fueron presupuestados a fines del año pasado. Según se informó esta semana al Parlamento, al INAU ingresarán 220 funcionarios y al Sirpa 180. Para ello se dispusieron los recursos necesarios.
En el caso del Sirpa, los nuevos trabajadores serán destinados a la “atención directa” de los menores recluidos por infracciones a la ley. Se reforzará el plantel dedicado a la seguridad, aunque, según se indicó, se pondrá mucho énfasis en el perfil de los nuevos funcionarios porque el “modelo” de rehabilitación cambiará.
El INAU, en tanto, entre otros aspectos, pretende reforzar el control y la supervisión de programas sociales que están en manos de ONG. El licenciado Jorge Camors, que compareció por el INAU ante la Comisión de Hacienda de Diputados, explicó que el 40% de los recursos anuales del INAU se transfiere a ONG con convenios para desplegar políticas sociales. Admitió que los mecanismos de supervisión y de coordinación de los que dispone el INAU no son suficientes y por eso se dispusieron recursos para contratar más personal. El nuevo personal será contratado en carácter de “eventual” por un año, por el que estará a prueba para luego ser presupuestado.

CAMPAÑA DE TECHO RECAUDÓ $ 5.171.000
La campaña de recaudación de fondos de la ONG Techo, que se realizó durante julio y agosto, logró reunir la cifra de $ 5.171.000, gracias a los aportes de la sociedad en acciones como la colecta, que se llevó a cabo el 7 y 8 de agosto, en distintos puntos de Montevideo y zona metropolitana, además de Salto y Paysandú, lugares donde la organización trabaja actualmente.
“Con lo recaudado se podrá trabajar junto con los vecinos que viven en los asentamientos Santa María Eugenia, 16 de Setiembre y La Aldea en diferentes proyectos comunitarios”, informó Belén González, vocera de la organización. Además se construirán 80 nuevas viviendas de emergencia junto con las familias destinatarias.
González explicó que “en el asentamiento Santa María Eugenia se reacondicionará el salón comunal”, y en 16 de Setiembre los fondos se destinarán a la construcción de calles. Con el lema “Las cosas no se hacen solas”, Techo procura superar la situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos irregulares, a través de la acción conjunta de las familias que allí residen, junto a otros actores de la sociedad. Según el informe de asentamientos del Censo 2011, en Uruguay más de 165.000 de personas viven en asentamientos irregulares.

JUEZ ORDENA LIBERAR DOCUMENTOS DE ARATIRÍ
La Justicia desestimó un pedido del Ministerio de Industria, la empresa Zamin Ferrous (Aratirí) y otras firmas vinculadas al emprendimiento minero, de considerar confidencial información sobre el proyecto referida a temas industriales o comerciales, y entendió que la secretaría de Estado debe entregar esos datos a un representante de una ONG ambientalista. El activista Víctor Baccheta, integrante de la organización Uruguay Libre, comenzó el año pasado un batalla judicial en base a la Ley de Acceso a la Información Pública para que el Ministerio de Industria le brinde toda la información que tenga disponible sobre la propuesta de Aratirí, que actualmente se encuentra en pausa a nivel del gobierno y que implicaba la extracción de 18 millones de toneladas de hierro por año en un plazo de entre 15 y 20 años en los yacimientos de la zona de Valentines (Treinta y Tres) con una inversión de U$S 2.770 millones.
A fines de 2014, el juez de lo contencioso administrativo Alejandro Martínez le dio la razón a Baccheta y obligó al Ministerio de Industria a proporcionar la información, en un fallo que fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones Civil de 3º Turno. En base a esa decisión, la secretaría de Estado entregó a Baccheta cierta información pero calificó como reservada otra, sobre todo vinculada a aspectos comerciales e industriales, y eso dio paso a otra disputa judicial para decidir si esos elementos deben liberarse.
El Ministerio de Industria entregó en un sobre lacrado toda la documentación sobre Aratirí al juez Martínez, a quien le solicitó que declare confidencial parte de su contenido, según supo El Observador. Pero el magistrado, en un fallo dictado el miércoles 9, desestimó ese planteo --que también formularon Aratirí y otras empresas vinculadas al proyecto-- por lo que ahora Baccheta deberá acceder a la totalidad de la información, incluso la más sensible referida a aspectos económicos e industriales del emprendimiento en la que Aratirí invirtió cerca de U$S 200 millones en distintos informes y consultorías, lo cual a juicio de algunos expertos podría ser motivo de juicios contra el Estado. En diciembre vence el plazo establecido por ley para que el Poder Ejecutivo y la minera Aratirí firmen un contrato de extracción de hierro a gran escala. Sin embargo, hasta ahora la empresa y el gobierno han avanzado poco y nada en las negociaciones, sobre todo porque la firma de origen indio demora la presentación de garantías económicas tanto de mantenimiento del contrato como las ambientales. Eso hace que el proyecto en la zona de Valentines esté en duda.

HOSPITAL DE CLÍNICAS NO ACEPTARÁ DETENIDOS
La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas resolvió que no aceptará el ingreso de pacientes privados de libertad después de que este sábado un detenido custodiado en el centro hiriese de gravedad a un policía tras dispararle y de que tomase como rehén a una enfermera. Por su parte, el Ministerio del Interior aclaró mediante un comunicado que el recluso estaba con las medidas de seguridad correspondientes y aprovechó un exceso de confianza para escapar.
Al parecer, en el momento en el que uno de los agentes abandonó la custodia del detenido para tramitar el alta, éste sustrajo el arma al otro policía, al cual hirió con un disparo “a la altura del abdomen con orificio de entrada y salida”, informó el Ministerio del Interior. A través de un comunicado, la mesa representativa de la Unión de Trabajadores del centro médico expresó su “total rechazo” a este tipo de situaciones que se generan con “pacientes privados de libertad”.