Opinion | 16 Sep En las últimas horas el Gobierno de Brasil anunció un recorte de gastos y aumentos impositivos por un total de 65.000 millones de reales (16.900 millones de dólares), lo que forma parte de un plan para cerrar un déficit presupuestario que provocó una baja de la nota crediticia del país la semana pasada.
El mayor punto del plan es el restablecimiento del impopular impuesto a las operaciones financieras conocido como CPMF (Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros), que podría permitir recaudar 32.000 millones de reales el próximo, año si lo aprueba un Congreso que se opone a nuevos tributos.
Ocurre que este drástico recorte de gastos golpea a programas de salud y de viviendas económicas, inversiones en infraestructura y subsidios agrícolas, así como salarios y bonificaciones para empleados públicos, en tanto el Gobierno redujo los subsidios fiscales a la industria química, recortó los reembolsos a exportadores de productos manufacturados en 2.000 millones de reales, y elevó el impuesto a las ganancias de capital hasta un 30 por ciento para generar nuevos ingresos por 1.800 millones de reales.
El objetivo de estas medidas apunta a acotar un déficit de 30.000 millones de reales en el presupuesto 2016, que la presidenta Dilma Rousseff envió al Congreso el mes pasado, y alcanzar la meta de superávit primario de un 0,7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
“Estamos atravesando tiempos difíciles y tenemos que ajustar un montón de cosas”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, en tanto debe señalarse que esta última ronda de recorte de gastos incluye la eliminación de 10 ministerios federales en Brasilia, una medida más bien simbólica, que sólo permitirá ahorrar 200 millones de reales.
Pero, naturalmente, los recortes en salud pública y vivienda serán un trago amargo para Rousseff, quien junto a su Partido de los Trabajadores se ha resistido a aplicar la tijera en los programas sociales.
El pronóstico de un déficit presupuestario en 2016 le costó a Brasil que Standard & Poor’s le quitara el grado de inversión la semana pasada, y otras calificadoras podrían seguir el mismo camino en el corto plazo.
Y como nada es gratis en la vida, el raleo de gastos confeccionado por el equipo económico de la presidenta Dilma Rousseff para equilibrar las cuentas incluirá asimismo recortes en el sensible terreno de los programas sociales, mencionado como prioridad por el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, en el poder hace 12 años) y uno de los pilares del boom brasileño que en teoría había sacado a 40 millones de personas de la pobreza.
El gobierno brasileño se ve así obligado a adoptar estas medidas impopulares y traumáticas en momentos de recesión, cuando debería estar sobrándole la plata que amasó en una década de bonanza --como vivió toda la región--, para poder amortiguar el impacto social de la crisis que recién se está estableciendo.
Sin embargo los gobiernos de Lula y el primero de Dilma Rousseff, a los que les tocó vivir los buenos tiempos con ingresos históricos, creyeron que era el momento de repartir dispendiosamente la riqueza, que sirvieron para sostener la popularidad de gobiernos y la reelección de la mandataria, pero ahora no hay más dinero para seguir haciéndolo, y lo que quedan son las deudas y los compromisos cumplidos a medias, porque faltó nada menos que el toque de sustentabilidad, el de sacar realmente a la gente de la pobreza y no solo para las estadísticas.
En el caso de los privados, naturalmente el ajuste es no solo la pérdida de poder adquisitivo sino también de empleo, y la falta de disponibilidad para seguir inyectando recursos a los sectores beneficiados en teoría por los programas sociales, lo que reafirma aquello de que los gobiernos de izquierda son buenos repartiendo riqueza hasta que terminan de agotar al sistema productivo, que es el que genera esa riqueza. O sea, como reza el dicho popular, cualquiera es generoso con la plata ajena.
Y a esta altura es inevitable la referencia al Uruguay, vecino pegado al gigante sudamericano y cuyos gobiernos de los últimos dos períodos tenían como referencia al socialismo de Lula, teniendo como adicional el hecho de que Brasil es un gran socio comercial y de cuyas compras somos altamente dependientes.
En momentos en que la desaceleración económica golpea a la región, precisamente se está en la etapa de consideración parlamentaria del proyecto de Presupuesto Quinquenal enviado por el gobierno, sobre lo que el economista de CPA Ferrere, Gabriel Oddone dijo este lunes a El Observador TV que el proyecto de ley de Presupuesto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo “es muy optimista”.
Según dijo, está basado en supuestos que el gobierno tenía en abril y que “ya eran optimistas” en ese momento. Ahora hay un escenario que “empeoró”, y “lo ideal sería que el gobierno convenciera a la bancada del Frente Amplio que se requiere un presupuesto más restrictivo que el que se puso sobre la mesa, pero eso no va a pasar”, apuntó.
Además, indicó que la economía uruguaya atraviesa una “desaceleración intensa” y no hay forma de que su crecimiento sea superior a 2,5% este año. Para 2016 la expansión proyectada es de 1,5%.
Los números no son alentadores, pero queremos ser optimistas por encima de toda racionalidad, y la expectativa radica en que el gobierno pueda convencer a sus parlamentarios, al Pit Cnt, a los lobbies de esta central en los sectores radicales de la fuerza de gobierno, para que se haga una composición de realidad y no se exija lo que no se puede dar, para beneficio de todos. ¿Es ser demasiados ilusos? Muy pronto lo sabremos.