Opinion | 20 Sep En la primera reunión de gabinete efectuada tras la asunción presidencial, Tabaré Vázquez ordenó a sus ministros que cuiden los recursos de sus carteras y recorten la cantidad de viajes al exterior. Aclaró que cuando un ministro o director tiene que realizar un viaje, en primer lugar deberá presentar una justificación y posteriormente, solicitará una autorización por escrito en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A esto se sumaron las reestructuras en la Cancillería y ministerios de Transporte, Educación, Desarrollo Social e Industria.
Las decisiones se enmarcaron en la confirmación de la existencia de gastos innecesarios; surgió de un estudio político y práctico ante la constatación de un escenario complicado en el corto plazo y de la necesidad de tomar distancia de las comparaciones con la gestión de José Mujica, cuestionada por las pérdidas en entes estatales y el destino de partidas generosas para proyectos como el Fondes.
Vázquez eligió el mensaje austero y de bajo perfil a pesar de los vaivenes políticos ocurridos en los últimos meses, con el condimento del estudio presupuestal a nivel parlamentario que demostró la persistencia de una brecha en la interna, ya lesionada por un continuo pasaje de facturas que no admite disimulo.
Cuando el Consejo de Ministros comenzó el estudio del presupuesto por cartera, las reuniones finalizaban con un pedido a los secretarios de Estado de retornar con un nuevo borrador que incluyera ajustes a la baja de contrataciones, compras o refacciones, entre otros aspectos.
En ese entonces, el director del Servicio Civil, Alberto Scavarelli, precisó que “lo importante es el ajuste” y confirmó que se iría a fondo sin resentir las funciones básicas. Apenas unos meses después, se supo que el gobierno pretende aumentar el salario de los asesores a raíz de un planteo de los ministros de pagar sueldos más competitivos a estos cargos, según el mismo jerarca.
La ley de presupuesto ejecutada durante la administración anterior establecía un límite salarial para los asesores y no podían cobrar más que el 90% del salario de cada director general de Secretaría ($ 69.462). Ahora, el tope sería el 60% del salario del presidente de la República ($ 191.215)
El sueldo promedio de los 82 asesores contratados por los 13 ministros es de $ 55.963 y si se aprueba el artículo en cuestión, el aumento resultaría inclasificable, si se lo comparara con los reclamos salariales que presentan los distintos sindicatos.
Hace unos días Scavarelli dijo que esto es vital “para que el Estado pueda cumplir sus funciones”, incluso las de contralor y si este artículo no se aprueba, “puede producirse --en algunos casos nos tememos que sea así-- el debilitamiento de la capacidad del ministro”.
Si algunas secretarías --como Transporte-- no pudiesen apelar al contrato de privados para concretar proyectos ante un presupuesto escaso, igualmente cuentan con diversos mecanismos para ejecutar en el relacionamiento con cargos técnicos, sin necesidad de aventar mensajes que demuestran contradicciones e incoherencias de diverso calibre hacia un público que observa.