Opinion | 20 Sep En más de una oportunidad hemos señalado que en los ámbitos de decisión nacionales, instalados sin excepción en Montevideo, está fuertemente arraigado el concepto de que hay dos países: el de primera, que comprende a los ciudadanos que residen en la capital, y el de segunda, de quienes viven hacia el norte del Santa Lucía. Aunque naturalmente se trata de una norma no escrita, con el devenir de los años se sigue practicando y se reafirma.
Los sucesivos gobiernos, de todos los partidos, por la vía de los hechos, pese a la retórica descentralizadora y algunas decisiones en este sentido que han sido una mosca blanca, han seguido esta línea centralista y discriminatoria hacía el Interior, porque además es notorio que las decisiones de la dirigencia política se adoptan en Montevideo y con una mentalidad eminentemente capitalina.
Recientes instancias parlamentarias de las que da cuenta EL TELEGRAFO, como la sesión de la Comisión de Transporte del Senado que recibió a una delegación de transportistas del Interior, incluyendo la de la empresa local Copay, han sido un ámbito en el que se están dilucidando planteos que apuntan a rectificar normas como el subsidio del boleto estudiantil por el Ministerio de Transporte, un invento montevideano para atender la situación de las deficitarias empresas de Montevideo, que aun teniendo un mercado cautivo de más de un millón de habitantes --que dependen de ómnibus para trasladarse--, son tan ineficientes que no podrían sobrevivir sin los millones de dólares de transferencias del Estado.
Pero la desvergüenza es tal que el gobierno de la “República de Montevideo” no tuvo prurito en llevar el beneficio a esa extensión rural que llaman Interior, con la salvedad de que para los “canarios” del otro lado del Santa Lucía el subsidio es la mitad que para Montevideo.
En el grupo de trabajo parlamentario presidido por el senador Carlos Camy, la delegación de empresarios transmitió las dificultades económicas que les significa el contar con ingresos menguados por este concepto cuando sufren sistemáticamente una pérdida real de recaudación; porque a diferencia de Montevideo, donde a la clase media no le queda otra que subirse al ómnibus para ir a trabajar, estudiar o hasta pasear, en el Interior existe una alta competencia con los ciclomotores y bicicletas, lo que compromete la viabilidad de sostener el servicio, mientras los siniestros de tránsito se multiplican, truncando miles de vidas cada año.
El presidente de la comisión parlamentaria reconoció a EL TELEGRAFO que es “injusto y discriminatorio” lo que padecen las empresas del Interior respecto a Montevideo, y que “senadores de todos los partidos se han hecho con la importancia y urgencia que tiene”, aunque aún no se sabe si habrá recursos para subsanar esta desigualdad, o en qué medida se hará.
En cuanto a las acciones concretas previstas, tenemos de boca del propio Camy que la comisión pedirá información al Congreso de Intendentes sobre el número de estudiantes usuarios del servicio en cada departamento y al propio Ministerio de Transporte, así como a los transportistas, para comenzar a trabajar en el Presupuesto Quinquenal de cara a revertir esta situación, en la perspectiva de ir hacia un sistema nacional de transporte estudiantil, que es lo que debió hacerse desde un primer momento.
Es que la única verdad es que el “boleto estudiantil” fue pensado por y para Montevideo, y al asumirse que también había que darle algo al Interior, se concedió un cincuenta por ciento paliativo para que no se inflaran demasiado los números. Pero los subsidios del transporte capitalino lo pagamos todos, hasta el último ciudadano del más alejado rincón de nuestro territorio. Tanto es así que el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Reilly, en el discurso de cierre del Prado, se preguntó “hasta cuándo seguirá vigente el subsidio al transporte urbano por el agro. Más de U$S 130 millones del agro son transferidos al año a ese destino, cada vez que se enciende una cosechadora, un tractor o un camión hasta llegar a los puestos”, dijo. Mientras que el propio vicepresidente, Raúl Sendic, aseguró que Ancap subsidia el boleto metropolitano. Además de todo esto, el Uruguay todo –no solo la mitad que vive 30 kilómetros a la vuelta del Cerro--, pagan los combustibles caros de la región, en gran medida porque hay que financiar el bienestar de los “ciudadanos de primera”, y la ineficiencia de las empresas de transporte público que cada vez que paran, “para el país”. Quizás sea por eso, y porque la dirigencia de las empresas de transporte del Interior no tienen peso en el gobierno ni cuentan con dirigentes que asesoren al presidente de la República o el partido de gobierno, que el Interior no se tiene en cuenta en cuanto a políticas de transporte público. Tanto que mientras todavía no se sabe si habrá recursos para atender el reclamo de las empresas de transporte del Interior, el gobierno ya tenía pensado multiplicar por 11 el subsidio a las de Montevideo. Es así que mientras para 2015 se destina para ese subsidio U$S 2,8 millones, a partir de 2016 y hasta 2019 la partida asignada sube a U$S 30,8 millones.
De lo que se trata es de que los ciudadanos de todo el país --como en tantos temas-- estamos aportando recursos para que se atienda fundamentalmente al transporte capitalino, que se lleva prácticamente todo el subsidio, y en el fárrago del Presupuesto Quinquenal, con sus cientos de artículos, habrá que hilar muy fino para ver cómo se pueden acomodar las cosas para empezar a pensar en un país entero, de tres millones y medio de habitantes. Porque en el Uruguay existen muchas más empresas de transporte urbano que Cutcsa, Raincoop y Copsa, que además enfrentan mayores dificultades aun cuando son más eficientes que las de Montevideo.