Opinion | 18 Sep La Junta Departamental es el órgano legislativo y de contralor del gobierno departamental, integrado por treinta y un miembros. Su conformación y funciones están claramente expresadas en la Ley Orgánica del Gobierno y Administración de los Departamentos -la 9.515, de octubre de 1935- y en los artículos 262 a 273 de la Constitución de la República.
Cada departamento espera que los ediles que la integran velen por los intereses del territorio, sean fieles custodios y fiscales del Ejecutivo, tomando acciones en su apoyo cuando ello sea apropiado para los intereses del departamento y advirtiendo de cualquier desvío en el fiel cumplimiento de los deberes de gobierno.
Desde 1985 a la fecha, desde que se retomó el gobierno democrático y se habilitó la libre elección de ciudadanos para ocupar las bancas de la sala en los altos del Palacio Municipal, han pasado más de 200 ediles titulares y triple número de suplentes que van también cumpliendo algunas funciones, en apoyo a los titulares, dado el carácter honorario de la función. Alternativamente el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio pasan a tener la mayoría simple que otorga la Constitución y la ley, y que sirve para dar una gobernabilidad al departamento.
El actual período ha comenzado hace muy poco tiempo, por lo que aún no puede establecerse una corriente de opinión sólida sobre el proceder de esta Junta Departamental, más allá que –obviamente-- surge la seguridad que quienes la integran son bienintencionados ciudadanos que dan parte de su tiempo en beneficio de todos.
Pero sí puede expresarse una preocupación por la manera en que se llevan adelante las deliberaciones y discusiones dentro de la sala de sesiones, en la medida que en estos menos de tres meses, se han producido varios altercados y desencuentros a viva voz, a veces con epítetos irreproducibles.
La Junta Departamental no es un ring de boxeo ni una jaula de kick boxing. Aunque escuchando las intervenciones de no uno --que no sería tan preocupante-- sino de muchos de quienes se han sentado en las bancas en el correr del primer período de sesiones, pareciera que se va a confrontar, no a legislar ni a custodiar los destinos del departamento.
Es razonable que las diferentes ideologías políticas lleven al disenso y es igualmente lógico que las bancadas partidarias defiendan en bloque posturas que pueden ser opuestas. Pero una cosa es eso, y otra muy diferente que se busque deliberadamente la descalificación del compañero edil (ese mismo con el que luego se comparten viajes, habitaciones de hotel y cenas o almuerzos) con gritos, gestos de batalla y amagues de patoterismo.
Necesariamente la Junta Departamental de Paysandú debe llamarse a la reflexión, debe pensar por qué cada uno ocupa una banca y cuál es la verdadera labor que la sociedad les ha asignado, que --dicho sea de paso-- menor no es.