Locales | 19 Sep “Apostamos a cuidar la figura del intendente departamental, en esta oportunidad es el doctor Guillermo Caraballo”, dijo el edil Robert Pintos, en la conferencia de prensa citada por la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental, para explicar detalles de la moción presentada en la sesión del jueves pasado, aprobada por un tercio de curules, para encomendar al Tribunal de Cuentas una auditoría externa.
La misma se refiere a lo actuado entre 2007 y 2010 en Paysandú Puerto Digital, Paysandú Innova, después que el 31 de julio la propia Intendencia Departamental de Paysandú, a través de Asesoría Letrada, presentara denuncia penal ante el Juzgado de Segundo Turno, promovida contra Guillermo Caraballo, Diego Costa y Alexandre (Goncálvez de) Amorín. Se habría determinado que Caraballo y Amorín habrían firmado dos cheques de manera irregular, los que habrían sido cobrados en Brasil.
Con la presencia de ediles titulares y suplentes del Partido Nacional, el coordinador de bancada, Pablo Bentos, y quienes hicieron la moción, Pintos y Mario Berreta dieron detalles, a partir del texto de la denuncia que obra en poder de los ediles.
Se aclaró que el cargo es “por fraude, de acuerdo al artículo 160 del Código Penal”, castigado con entre 12 meses de prisión y seis años de penitenciaría, multa de entre 50 y 15.000 UR e inhabilitación especial por dos años. Subrayaron que Caraballo “será convocado por la Justicia en calidad de indagado, como lo manifiesta la denuncia hecha” y que la primera audiencia está prevista para febrero de 2016.
Lo que la Junta Departamental decidió, con 11 votos del Partido Nacional --en acuerdo con lo establecido por el artículo 273, inciso 4 de la Constitución de la República-- fue “una auditoría interna del Tribunal de Cuentas de lo actuado en ese período en Paysandú Puerto Digital, Paysandú Innova, porque debemos investigar qué pasó con esos cheques y si está o no involucrado el ahora intendente Caraballo”, destacaron los ediles del Partido Nacional.
La presentación de la denuncia establece textualmente: “Vengo a denunciar hechos configurados prima facie en el delito de fraude, previsto en el artículo 160 del Código Penal contra los señores doctor Guillermo Caraballo, contador Diego Costa y licenciado Alexandre (Goncálvez de) Amorín, quienes emitían cheques a nombre de terceros no estando autorizados”.
“El núcleo de la investigación administrativa” solicitada al Tribunal de Cuentas, que deberá ser pagada por la Junta Departamental “son las irregularidades en la firma de cheques en 2009, las que no caducan porque fueron cometidas contra el Estado. Además hubo tres auditorías externas que constataron irregularidades y es de suponer que hay elementos para que la fiscalía haya dado trámite a esta denuncia, porque si no hubiera elementos de prueba suficientes, la fiscal hubiera archivado las actuaciones de (Álvarez) Petraglia”, el actual jefe de Asesoría Letrada. No obstante, si bien la denuncia fue presentada el 31 de julio pasado, ya durante ya la Administración Caraballo, la denuncia había sido preparada por la Administración Bentos, que la tenía lista en 2012.

“REZAMOS PORQUE SALGA ILESO”
“Lamentamos que la bancada del Frente Amplio no acompañó” la moción “porque tenemos que tener en cuenta que debemos proteger la figura del intendente departamental, y la mejor manera de hacerlo es investigar el alcance de la denuncia y hasta qué punto está involucrado el ahora intendente en esta denuncia penal”.
Si bien el Tribunal de Cuentas “no tiene plazo, en estos casos siempre actúa rápidamente” y de todas maneras “estamos en la etapa de presumario, por lo que entendemos que la audiencia de febrero próximo no será definitiva”.
La bancada del Partido Nacional “quedará a la espera de lo que indique el Tribunal de Cuentas y lo que determine la Justicia. Veremos entonces cuáles son las resoluciones que esta bancada y la Junta Departamental deberán tomar en tanto y cuanto no sea favorable el dictamen al actual intendente departamental”.
No obstante, los ediles blancos aseguraron que “rezamos y velamos porque el intendente departamental en esta oportunidad salga ileso de la Justicia penal. Nosotros celebraremos si es así, porque estamos cuidando la figura democrática del intendente departamental y estamos velando por las instituciones democráticas y una de las formas de hacerlo es darle transparencia, como a través de la Justicia y de la auditoría del Tribunal de Cuentas”.
“No es nada contra el intendente Guillermo Caraballo”, aseguraron.

DIFERENCIAS CON LO
EXPUESTO POR CARABALLO
Cuando EL TELEGRAFO publicó a principios de mes el caso judicial que involucra al intendente Guillermo Caraballo, éste dijo que el período al que se refería la denuncia es otro, situándolo en julio de 2010 y no durante 2009. Como se recordará, Guillermo Caraballo fue director de Paysandú Innova entre enero de 2009 y enero de 2010, cuando pasó a ocupar la dirección de Promoción Social.
“En el período en que ocupa la denuncia, que primero generó una investigación administrativa en 2011 y en 2012 una determinación de ir a penal, yo no estaba en esa repartición; de hecho cuando ocurrió lo que se denuncia, ya habíamos renunciado por el cambio de gobierno y el ingreso de Berta Bentos a la Intendencia”, había declarado Caraballo a EL TELEGRAFO.
Caraballo y Federico Álvarez Petraglia indicaron que el episodio había ocurrido el 10 de julio de 2010, en Paysandú Innova, cuando el coordinador cuyo contrato había finalizado el 8 de julio de ese año, con la toma del poder departamental de Berta Bentos Alexandre Goncálvez de Amorín y Diego Costa firmaron dos cheques, uno de los cuales habría ido a la cuenta del coordinador, en pago por su último salario.
“Es claro --y así consta en la investigación administrativa-- que no estoy vinculado con lo que se denuncia; ya estaba desvinculado de Paysandú Innova por decisión del entonces intendente Julio Pintos, quien me asignó otra tarea. Si la Justicia me llama, será como testigo. Está claro en el expediente de la Intendencia que los dos involucrados están plenamente identificados y uno de ellos incluso reconoció las dos firmas”, había expresado entonces el intendente departamental.