Nacionales | 21 Sep El edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) permanece ocupado por un grupo de estudiantes de Secundaria agremiados en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media (CEEM), junto con los gremios de los liceos Miranda y Bauzá, según informó El País.
Los gremios habían señalado a través de su página de Facebook que el viernes se presentaron en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “exigiendo a las autoridades una mesa de negociación para solicitar el pedido complementario al Poder Ejecutivo, que habilitaría a destinar un mayor presupuesto para la educación pública”. Los estudiantes sostuvieron que la mesa de negociación solicitada “fue negada, con amenazas de desalojo por la fuerza a la delegación que nos representaba”.
Afirmaron que “por este motivo y porque en días anteriores participamos de una mesa de representación con el Codicen, donde se comprometieron a establecer un contacto con las autoridades del MEF, compromiso no cumplido” están ocupando la sede del Codicen, reclamando “una instancia de negociación”.
Aseguran que les propusieron “establecer la mesa de negociación para el martes 22 de setiembre (mañana)”, pero que “esta fecha se encuentra fuera del plazo, ya que las negociaciones deberían establecerse antes del envío del mensaje complementario del Poder Ejecutivo para el domingo 20 de setiembre (ayer)”.
“Indignados por el poco interés” en cumplir con sus reclamos, los estudiantes decidieron ocupar las oficinas “por tiempo indeterminado”.
Los estudiantes siguen sin obtener una instancia de diálogo y las autoridades les ordenaron desalojar el edificio, pero sostienen que lograron evitarlo “gracias a la ayuda de docentes, sindicatos de la educación, organizaciones sociales, gremios estudiantiles, madres y padres” que se acercaron hasta el lugar.
Luego de la ola de paros que se realizaron tanto en Educación Primaria como Secundaria y en UTU en el marco de los reclamos por el presupuesto, el gobierno pretende que se recuperen los días de clase perdidos extendiendo la finalización de los cursos. Secundaria confirmó que en cuatro liceos de Montevideo se extenderán las clases.

MINISTRO DE SALUDA COMISIÓNDE DIPUTADOS
El ministro de Salud, Jorge Basso, concurrirá hoy a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, para tratar el presupuesto de su cartera en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Por su parte, el diputado nacionalista Martín Lema manifestó, a través de un comunicado, la preocupación especial por el artículo 425 del Proyecto de Ley de Presupuesto, informó Montevideo Portal.
Ese artículo establece que “la responsabilidad del Estado, así como de las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), con relación a la población usuaria de dicho Sistema, queda limitada al suministro de los programas integrales de prestaciones consagradas en el artículo 45 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, no siendo de su cargo la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública, ni de aquellos que aún definidos y aprobados, sean destinados a atender patologías ajenas a las previstas en los mencionados Programas, Catálogo o Formularios, y de acuerdo a la normatización o protocolarización definida por el Ministerio de Salud Pública o el Fondo Nacional de Recursos”.
Lema sostuvo que “nuestra posición es clara y contundente en rechazo al artículo 425 por ser groseramente inconstitucional, inconveniente y perjudicial para los uruguayos. La aprobación del mencionado artículo provoca una situación gravísima al impedir que pacientes ejerzan su derecho de acceder a la justicia”, Agregó que adoptará “todas las medidas” que estén a su alcance “para impedir que se apruebe un artículo tan injusto”.

DENUNCIAN A PRODUCTOR POR FUMIGACIONESEN ARROYO
La Intendencia de Canelones presentó una denuncia penal contra un productor rural de la capital canaria que desacató notificaciones que le prohíben continuar las fumigaciones a su campo con plantaciones de soja, informó El Observador.
Según señala el escrito presentado ante el juzgado penal de primer turno de ese departamento, el propietario del campo denunciado es un reconocido médico de la zona que, luego de recibir más de una advertencia por funcionarios de la comuna, continuó con la fumigación. La inspección de la comuna se realizó luego de la denuncia de una vecina, quien observó cómo su vecino pasaba con el tractor fumigador por el fondo de su casa.
Los funcionarios de la Intendencia de Canelones fueron a notificar al propietario del campo de la imposibilidad de continuar con sus tareas de fumigación, pero el dueño de casa continuó con el trabajo. Del mismo modo lo hizo al otro día, según informó la intendencia canaria.
Ante esto, la administración de Yamandú Orsi decidió llevar el caso a la Justicia Penal, porque entendió que existe un desacato a la disposición y un peligro para la salud de los pobladores.
“Es de señalar que el propietario del predio en cuestión es un médico de destacada trayectoria en nuestra ciudad y que la conducta demostrada atenta contra la salud de los vecinos, siendo éste conocedor de la prohibición que surge de la resolución mencionada”, afirmó el escrito presentado por el abogado Eugenio Rebellato de la Intendencia de Canelones.
El predio del denunciado está ubicado sobre el arroyo Canelón Chico y las plantaciones se encuentran muy cerca del agua. El campo se ubica entre las zonas Paso Picón y Paso Espinosa. Por otra parte, en la comuna indicaron que es el primer caso que involucra fumigación de plantaciones que llega a la Justicia Penal.
Hace poco tiempo, la Intendencia de Canelones había definido, con base en las directrices ambientales del departamento, delimitar zonas de asentamiento humano para que queden resguardadas de las fumigaciones. Ese perímetro rural cerca de pobladores tiene, según esa norma, prohibido fumigar a una distancia menor de 300 metro de una casa. Ese criterio, según declaró a El Observador el director de gestión ambiental de Canelones, Leonardo Herou, es similar al que rige para las zonas urbanas.
“Esta es una de las zonas donde había habido problemas históricamente porque se fumigaba y había una gran cantidad de gente. Se generaba conflicto porque era un problema para la salud de la gente y para la contaminación”, señaló el jerarca. La nueva disposición, por la cual se intimó al productor involucrado reconoce “una realidad” muy particular del departamento de Canelones, donde habitan productores rurales en zonas urbanizadas.