Opinion | 21 Sep En el ámbito parlamentario se encuentra un anteproyecto de ley que avala el fin del modelo asilar y establece nuevos paradigmas en el campo de la salud mental, enmarcado en un proceso hacia 2020.
La propuesta, elaborada por organizaciones sociales vinculadas al área, académicos de la materia, trabajadores y familiares, establece que la internación involuntaria sea autorizada únicamente por un juez y surgió a raíz de las múltiples denuncias contra violaciones a los derechos humanos y muertes de pacientes internados en distintas colonias.
Esta problemática --que no estuvo en la agenda política de ninguna gestión hasta que se denunciaron los hechos de violencia-- pretende cambiar el modelo asistencial y de internación de una población que se encuentra a la cabeza de los parámetros de vulnerabilidades utilizados para el asistencialismo.
Sin embargo, han permanecido al margen y bajo un manto de olvido, con un formato de atención sanitaria desacreditado en países que suelen utilizarse como ejemplos en otras áreas.
El documento, que aguarda por alguna colectividad para su estudio y promoción, establece un “proceso progresivo de desmanicomialización” y el cierre de estructuras tales como las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, que se reemplazarán con alternativas residenciales y comunitarias que serán construidas y se destinarán recursos humanos.
Además, crea un órgano de revisión que pasaría a funcionar en la órbita parlamentaria, por lo tanto, no recibiría órdenes de autoridad alguna y se encargaría de investigar los hechos inusuales o muertes de pacientes. Las internaciones voluntarias e involuntarias, debidamente justificadas, no se extenderían por más de 45 días y en ese lapso se promoverán los lazos familiares, laborales y sociales del interno.
Ante una derivación involuntaria, el juez deberá autorizar, denegar o solicitar informes ampliatorios en un plazo no mayor a tres días e incluso el paciente o su representante legal tienen derecho a designar un abogado. Si se trata de menores de edad, entonces la internación siempre se considerará involuntaria.
El anteproyecto pensado para los usuarios deberá tener un seguimiento adecuado, de lo contrario, quedará por el camino como otras propuestas presentadas a lo largo de los años y que tendían a la clausura de los asilos. Las resistencias, que aparecieron desde distintos frentes, vencieron a las ideas que no pasaron del papel.
En los últimos años aumentaron las denuncias por ataques a derechos básicos --como la vida-- de un colectivo que existe, pero permanece invisible. Las autoridades de los últimos años son prácticamente las mismas. El médico Tabaré Vázquez era presidente en 2005, tal como lo es ahora. El médico Jorge Basso, era director de Salud Pública en ese entonces y hoy es el ministro.
De aquí a 2020 restan muchos años para la vida de alguien a quien se le hace muy difícil levantarse cada hora o cada día. Por eso, el problema no son los procesos, sino cuánto durará el mientras tanto.