Nacionales | 25 Sep Sindicatos de la educación, la organización radical Plenaria Memoria y Justicia e integrantes del Sindicato del Taxi (Suatt) realizaron una marcha hasta la sede del Consejo Directivo Central (Codicen). Por su parte, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, anunció que el gobierno convocará a un nuevo Congreso de la Educación en el que se espera que participen también las agrupaciones de estudiantes.
Paralelamente, algunos de los manifestantes que fueron detenidos a raíz de los violentos incidentes ocurridos durante del desalojo de la sede del Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se presentaron a declarar al Juzgado de Bartolomé Mitre.
Según informó radio Uruguay, los manifestantes presentaron una denuncia penal por “tortura” contra los funcionarios policiales que actuaron en el operativo de desalojo. Así lo confirmó el abogado de varios de los manifestantes, Daniel Parrilla. “Hay existencia de hechos crueles y humillantes, que son el núcleo del delito de tortura”, dijo.
La jueza penal Ana de Salterain tomó declaración a las partes involucradas en el episodio. Los detenidos ya fueron interrogados y se espera que los efectivos policiales involucrados declaren hoy. Parrilla sostuvo que la denuncia penal por “tortura” corresponde porque como consecuencia del operativo de los policías, varios de sus defendidos están heridos. El abogado dijo también que los policías habrían presentado una denuncia penal contra los manifestantes.
Por su parte, Muñoz anunció que el gobierno convocará a un nuevo Congreso de la Educación a partir del 15 de octubre. Este anuncio surge en medio de un muy duro conflicto con los sindicatos de la educación y los estudiantes, que han hecho numerosos paros, movilizaciones y ocupaciones en reclamo del 6% del PBI para la enseñanza pública, aumento de salarios y reformas edilicias en escuelas, liceos y centros de UTU.
En el Congreso de la Educación se discutirán futuras reformas en la enseñanza con la participación de autoridades del gobierno y sindicatos de maestros, profesores y trabajadores, informó Subrayado. La ministra dijo que espera que también participen en el Congreso las agrupaciones de estudiantes.

SINDICATO DE LA BEBIDA AMENAZA AFECTAR SUMINISTRO
El sindicato de trabajadores de la bebida (FOEB) realizó un paro de 24 horas y sobre el mediodía de la víspera llevó adelante una movilización en la plaza 1º de Mayo, detrás del Palacio Legislativo, en la que anunciaron el inicio de una huelga en noviembre si no hay avances en los Consejos de Salarios, informó Subrayado.
El presidente del sindicato, Richard Read, exigió a las empresas del sector un aumento del 10% para el primer año del nuevo convenio salarial, un 9% para el segundo año y 8% para el tercero.
También pidió la creación de una guardería para los hijos de los trabajadores y un beneficio social que cubra diferentes tipos de ayuda a los empleados, que abarcaría desde cobertura en salud hasta servicio fúnebre.
“Facturan arriba de 1.000 millones de dólares anuales. Están provocando. ¿Quieren ver si está verde? Que la calen”, dijo Read en declaraciones a la prensa.
“El 5 de octubre, el 10 de octubre a lo máximo, no negociamos más. Nos retiramos. Que voten con el gobierno, que hagan lo que quieran. No vamos a reconocer lo que haya ahí. Y el 15 de noviembre arranca el conflicto en verano, por esto y mucho más. Si la quieren así, yo no la quise. Si la quieren, ahí está”, advirtió el dirigente sindical.
El sindicato denuncia que las empresas dijeron a todo que “no”, que la negociación en el Consejo de Salarios se encuentra “estancada” y que si no mejoran las condiciones que ofrecen las empresas habrá más movilizaciones.
Read aseguró que las empresas “están en condiciones financieras de dar aumento salariales y mejoras laborales”.

INDUSTRIA ALQUILÓ OFICINA POR 540.000
La ministra de Industria, Carolina Cosse, arrendó un edificio en la Peatonal Sarandí para instalar oficinas de la cartera por las que pagará $540.000 mensuales durante cinco años.
El asunto surgió en la reunión de comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados donde legisladores de la oposición criticaron el hecho de que no se haya llamado a licitación pública. El diputado Pablo Abdala, por ejemplo, sostuvo que había “ilegalidades” en el procedimiento y pidió el expediente de contratación. Cosse trabaja en un edificio separado del resto del equipo del Ministerio de Industria, informó El País.
Las oficinas del subsecretario Guillermo Moncecchi, la directora general de Secretaría, María Fernanda Cadorna, y las de otros jerarcas, funcionan en el edificio Ancap, pero la de Cosse está ubicada en el Edificio Ciudadela en Plaza Independencia. En enero de este año Cosse pretendió mudar la sede del Ministerio a dos pisos de la Torre de Antel pero hubo resistencias y no se concretó.

EVITAR ACOSO SEXUAL ES POLÍTICA DE ESTADO
La lucha contra el acoso sexual laboral “es una política de Estado”, dijo la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, tras la firma de un procedimiento de actuación que evite esta problemática entre los funcionarios de su cartera y la Secretaría Nacional de Deporte, informó la agencia EFE. Uno de los pilares del Procedimiento de Actuación en Situaciones de Acoso Sexual Laboral, que suscribieron la jerarca y el secretario nacional del Deporte, Fernando Cáceres, es “erradicar y sancionar las situaciones de acoso sexual que efectivamente se detecten”.
En este sentido, Kechichián señaló que “hoy tienen garantías todos los funcionarios de estas instituciones”, a lo que agregó que “es una política de Estado” y que cada ministerio, de acuerdo las actividades que desarrolla, realiza su propio procedimiento.
El documento firmado demoró dos años en ser redactado, y se aprobó en el marco de la Ley 18.561 de Acoso Sexual. Cáceres destacó que “es una problemática que afecta a ambos géneros y debe abordarse de manera responsable”, agregando que esperan “no tener que aplicar el procedimiento, pero en caso contrario se intervendrá de manera firme”.
Es por esto que, con el amparo de la Ley de Acoso Sexual, existe la posibilidad de radicar una denuncia ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS).
En este contexto, en julio la página web de la Presidencia de la República publicó un estudio en el que se recogieron datos de acoso sexual.
De las 500 denuncias que recibe al año el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por acoso laboral, 80 son de carácter sexual, lo que supone un 16% del total. No obstante, el estudio reflejó que basándose en datos registrados desde 2012 por la secretaría de Estado, más del 90 % de las denuncias por acoso sexual provienen del ámbito privado.
Según la Ley, se define por acoso sexual “todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por una persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente”.