Opinion | 27 Sep En el marco del Día Mundial del Acceso a la Información Pública, nuestro país se suma --con una actividad central en Montevideo el 28 de setiembre-- a una movida internacional sobre el Acceso a la Información Pública, que se realizará en diez países en simultáneo (Chile, México, Ecuador, Argentina, Paraguay, Honduras, Costa Rica, El Salvador y España, además de Uruguay).
Las actividades desarrolladas en distintas ciudades de Iberoamérica tienen por objetivo informar y promover el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública entre las personas.
En nuestro país, el acceso a la información pública en poder del Estado es un derecho de todas las personas sin discriminación. La ley N° 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública promueve la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, estatal o no, y garantiza el derecho de las personas a acceder a esta información, constituyendo una importante herramienta para terminar con el secretismo en la administración pública.
Sin embargo, como suele ocurrir con todos los derechos difusos, aún poca gente sabe que cuenta con este instrumento y todavía son menos los ciudadanos que lo utilizan, en tanto que otros creen que es una herramienta exclusiva para periodistas porque muchas veces estos deben apelar a su condición de ciudadanos para tener acceso a informaciones de interés público que luego terminan publicándose en los medios.
La normativa vigente ha creado, no obstante, diferentes espacios institucionales para promover este tema --como la Unidad de Acceso a la Información Pública, un desconcentrado de Agesic--- y la sociedad civil organizada también ha trabajado arduamente desde otros lugares, como Cainfo, con una actitud esclarecedora, proactiva y de difusión.
Contar con una ley como la antes mencionada es sumamente importante para avanzar en transparencia de la Administración Pública en relación con el ciudadano, por ese motivo en los últimos años se ha trabajado para capacitar a los funcionarios públicos y promover una cultura de transparencia y de acceso a la información. Para esto es fundamental que los organismos cuenten con herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones que le exige la normativa y hacer que los ciudadanos conozcan el derecho de acceso a la información pública desarrollando campañas de sensibilización y políticas educacionales para que hagan uso de este derecho, que, sin duda, significará un beneficio para todos.