Opinion | 25 Sep El viejo dicho de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra mantiene plena vigencia, sobre todo en Uruguay, donde una y otra vez nos dejamos “sorprender” por hechos que parecen ideas “geniales” pero de los que sobran malas experiencias.
El razonamiento viene a cuento de una iniciativa reciente del gobierno, el cual cuando hace las cosas mal lo soluciona con más Estado, solo para seguir peor que al principio. Y la nueva idea de la creatividad del Estado es pretender abaratar las obras que lleva adelante mediante la creación de una empresa pública dedicada a la construcción, propuesta que es impulsada por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta empresa pública se encargaría de realizar la mayor parte de las obras para el Estado que sean medianas y pequeñas, porque no satisface el mecanismo de la adjudicación o concesión a privados. Además, de esta forma se pretende incorporar una especie de ente testigo (¿?) que con sus costos o gestión llevaría a que las ofertas de los proyectos en general se reduzcan mediante una especie de tope que se sostendría en los costos de esta empresa estatal.
Por lo tanto, al que no le gusta el caldo dos tazas, porque de lo que se trata en los hechos es de una iniciativa que agranda el Estado para competir con los agentes privados, y sobre esta idea el director de Arquitectura, Daoiz Uriarte, había dicho a El País que el proyecto de ley está “prácticamente pronto” y que se presentará este año para su consideración parlamentaria.
“Hay que entender que el Estado tiene necesidad de hacer obras de urgencia y el sector privado no siempre da respuestas acordes a las necesidades del momento. La empresa privada, por sobre todas las cosas, debe trabajar para los privados y no vivir de lo público”, argumentó el funcionario. La idea del ministerio es que esa empresa actúe como “ente testigo” en las licitaciones públicas. Uriarte también argumentó que las direcciones ministeriales no pueden pagar horas extra, lo que conspira contra sus posibilidades de entregar obras en tiempo y que esa dificultad se subsanaría con la creación de una empresa pública.
Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción, indicó al matutino que ha propuesto a cuatro gobiernos distintos analizar con la cátedra de Costos de la Facultad de Ingeniería estatal la composición de los costos en la obra pública, pero que el planteo siempre fue rechazado. “Se dice que los privados cobran mucho y bla, bla, pero nunca se pudo hacer una radiografía. Hay que ver el proyecto final (de creación de la empresa pública) pero parece haber una vocación muy clara de ir contra las empresas medianas y pequeñas que hacen obra pública”. Puso de relieve su inquietud por la posibilidad de que al sector privado le aparezca una competencia que no tenga costos transparentes, que tenga una “reserva de mercado” y cuyas pérdidas queden diluidas y absorbidas por las cuentas generales del Estado. “Por el contrario, si el privado pierde, quiebra”, señaló.
Por cierto que el proyecto aparece como demencial, tal vez en sintonía con la idea del Sunca de hacerse cargo de estas obras bajo la amplia frazada del Estado, con la excusa de un ente testigo, como ha sucedido a lo largo de la historia, y que no solo han fracasado en sus objetivos, sino que han generado sistemáticamente nuevas pérdidas en el barril sin fondo del Estado, con cargo a todos los uruguayos que ponemos de nuestros bolsillos para financiar estas aventuras.
Lo absurdo es que el Estado uruguayo ya ha tenido y tiene entes “testigo”, y todos han sido rotundos fracasos que produjeron --y producen-- millonarias pérdidas, insostenibles aún para el propio Estado. Un caso todavía vigente es el de la fábrica de Portland de Ancap, que compite a pérdida con una empresa privada uruguaya, la cual por el contrario subsiste por su cuenta y hasta produce ganancias. Como es Ancap, seguramente seguirá quemando caliza y millones de dólares por mucho tiempo, pero otras fracasaron hasta el punto que hubo que cerrarlas.
Es así que entre otros episodios “memorables” tenemos el ex Frigorífico Nacional, un “testigo” que debió liquidarse porque funcionaba con una ineficiencia y costos tan inflados que no servía para nada más que para ser una fuente de empleo seguro de unos pocos a pérdida para toda la comunidad, y aun así sus precios eran más altos que la competencia privada que se suponía debía obligar a controlar.
Pero también estuvo ILPE (Industria Lobera y Pesquera del Estado); o su antecesora SOYP (Servicio de Oceanografía Y Pesca); o la recientemente fallecida por enésima vez, Pluna (Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea), que a pesar de ser el ente del aire enterró cientos de millones de dólares durante sus más de 75 años de existencia, cobrando pasajes caros y brindando un servicio mediocre. O ahora ALUR, que por supuesto que no pierde plata, porque le vende todo el alcohol que produce a Ancap al triple del valor en el mercado internacional. Todos fracasos rotundos de la gestión del Estado.
Y en la mala gestión y funcionamiento de todo lo que el Estado emprende ni siquiera se salva el ministerio de Defensa; en las últimas horas se supo que Ancap ya gastó 8 millones de dólares en la construcción del remolcador Ky Chororó --rema que rema en lengua Guaraní; nombre de una canción de Aníbal Sampayo--, pero a dos años de haber sido botado hasta ahora no ha podido hacer ni un viaje por fallas en la construcción. Esta estaba a cargo del Astillero Naval, pero como los problemas que presenta son tan serios, Ancap suspendió el pago de los últimos 4 millones de dólares que correspondían a la compra de la nave.
Según informó en su momento la Presidencia, el navío permitiría generar un ahorro de U$S 300.000 por mes a la empresa petrolera. Pero lejos de cumplir con su objetivo, la monopólica y deficitaria empresa de los combustibles ha debido gastar U$S 8 millones desde que el remolcador fuera inaugurado --en una ceremonia oficial por las autoridades de Ancap y el entonces presidente José Mujica--, en contratar un remolcador externo, más otros cuatro millones para mover las barcazas que había mandado a construir anteriormente, entre 2010 y 2012.
La realidad ha demostrado que el Estado solo contribuye con mala gestión, burocracia y sobrecostos, encareciendo y desvirtuando todo aquello en lo que se mete, porque sus entes “testigo” son siempre más caros que un privado que encare la misma actividad o función. Eso sí, siempre son un buen lugar para compensar con un puesto seguro y bien remunerado a algún simpatizante o político que quedó en banda; y donde conseguir una buena masa de votos incondicionales.