Opinion | 03 Oct Durante varios días han sido motivo de polémica, pronunciamientos, aclaraciones y cuestionamientos, así como de intercambio de acusaciones, los hechos registrados frente a la sede del Consejo Directivo Central (Codicen), cuando fue desalojado el pequeño grupo de estudiantes que lo ocupaba y frente al edificio se registraron disturbios por choques entre activistas y la Policía que intentaba retirarlos del lugar, dando lugar a pedreas y la consecuente represión.
Se trata de un episodio más en la escalada de movilizaciones y medidas de fuerza de docentes y grupos de apoyo, que han incluido paros con la pérdida de numerosos días de clase fundamentalmente en la capital, escraches, manifestaciones, cortes de calles y una profusa campaña de difusión de reivindicaciones con eje en reclamos de un porcentaje fijo para la educación en el Presupuesto Quinquenal.
En realidad, cuando se analiza al principio de cada período de gobierno la distribución de recursos en base al presupuesto, los grupos de presión, sobre todo los sindicatos de funcionarios públicos, ejercen una prolongada movilización, con intentos de “sensibilización” hacia el poder político, en este caso el Frente Amplio, pero a la vez buscando apoyo en la opinión pública, lo que tal vez, a juzgar por los hechos, sea el objetivo más difícil de lograr, porque invariablemente la población, directa o indirectamente, es la destinataria de los perjuicios que provocan las medidas. En lo que refiere a la población, por supuesto el punto de vista mayoritario, incluso dentro de los votantes del partido de gobierno, ha sido el de rechazo de los paros, porque afectan mayormente a los alumnos provenientes de los sectores de menores ingresos, aquellos precisamente a los que se dice defender, pero que solo se da en eslóganes, mientras los hechos van por otro lado.
En fin, un panorama que no es nuevo en el Uruguay, porque esta película se repite en cada instancia presupuestal, con gobiernos de todos los partidos, aunque ciertamente este ha sido el período pre presupuesto más conflictivo en los últimos 20 años, lo que no es poco. Es que en esta coyuntura en que el país se enfrenta a un panorama complejo, cuando los recursos van a ser más escasos, el movimiento sindical apunta a sacar la mayor tajada posible de la torta, sin reparar en las consecuencias que pueda eso tener para el país y el resto de la sociedad.
Y tal vez este sería un problema menor --aunque no a costa de poco esfuerzo-- si fuera que los ciudadanos pudieran obtener servicios más o menos buenos desde el Estado, de acuerdo a lo que pagan, pero la porfiada realidad indica que desde los organismos estatales lo que menos interesa es servir al ciudadano, aunque hay honrosas excepciones. Más de lo mismo, en realidad, como también es más de lo mismo lo que aconteciera en los disturbios en los que se pretende utilizar a los jóvenes como instrumento de su apología de la violencia, que también lo vimos y lo sufrimos en períodos anteriores a la dictadura, cuanto todavía teníamos un gobierno elegido democráticamente. Aunque en este caso buena parte de la culpa la tiene el propio partido de gobierno, porque respaldó las ocupaciones como extensión del derecho de huelga, aunque claro está, no en el ámbito público. Y terminó como debía terminar un hecho ya de por sí violento, como es una ocupación: con más violencia, con los provocadores poniéndose en pie de víctimas y culpando a el “poder” –en este caso a la policía y al gobierno—de abusos y hasta “tortura”.
Es un viejo recurso que sin embargo todavía es “comprado” por una parte de la ciudadanía que coloca a la Policía como enemiga, y lamentablemente por algunos jueces que siguen en la tesitura de soltar delincuentes y buscarle el pelo al gato en todo procedimiento policial.
Una estrategia que desarrollaron en la asonada en la Suprema Corte de Justicia, tiempo atrás, como también lo hicieron en democracia ante el Hospital Filtro cuando los manifestantes intentaron impedir por la fuerza la extradición de etarras a España, los que luego fueron encontrados culpables de homicidio por la justicia española, así como en una serie de acciones recientes en donde reaparecen una y otra vez las mismas caras, que participan en cuanta pedrea y refriega pueden, proclamando de paso eslóganes y reclamos planfletarios añejos.
Y si para muestra vale un botón, entre los procesados por los recientes hechos ante el Codicen figura un “estudiante”, cuyo nombre no viene al caso, que es claro ejemplo de los activistas omnipresentes en todo lugar en que como por arte de magia estalla la chispa que originan los disturbios.
El integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), fue procesado sin prisión el lunes por la jueza Ana De Salterain por los incidentes del Codicen, es estudiante de la Facultad de Veterinaria, pero con casi 30 años, está en segundo año de facultad, ingresó a Veterinaria en 2011 y desde el principio aparecieron los problemas de estudios y reclamos. En setiembre de 2012 agredió física, verbalmente y por Facebook a dos compañeros. En aquel momento, el consejo de la facultad resolvió iniciarle una investigación administrativa, además de suspenderlo por un año e impedirle el ingresar al predio de la institución. A su regreso a la facultad en 2014, reincidió esta vez agrediendo a una estudiante, razón por la cual se le inició una nueva investigación administrativa, en tanto ahora reaparece en su condición de “estudiante” eterno. Y cuando el lunes la jueza le impuso cumplir tareas sustitutivas, dijo a El País que no cumplirá con esa orden. Aseguró que “resistiré, me tendrán que llevar a la fuerza”, y agregó que en ese caso, comenzaría una huelga de hambre, definiéndose como “un luchador”, aunque después compareció como todos los otros procesados.
Bueno, ojalá la providencia nos libre de este tipo de “luchadores”, y nos dé más ciudadanos realmente comprometidos con el país, con avanzar su propio esfuerzo, a estudiar y capacitarse, por creer y practicar la tolerancia en democracia, sin tratar de imponer su verdad “única” e indiscutible.