Opinion | 29 Sep Con buen tino, el Poder Ejecutivo anunció recientemente la puesta en marcha de un programa que a grandes rasgos apunta a posibilitar que trabajadores que no han terminado el ciclo educativo de Secundaria estén en condiciones de completar sus estudios, así como posibilitarles de reconversión laboral por medio de capacitación que no recibieron en su momento.
Se trata de revertir un déficit, aun tardíamente, por situaciones que se dieron hace ya varios años y que por una razón u otra --muchas veces por desinterés, de posibilidades o falta de voluntad de los propios interesados-- han derivado en esta carencia, que limita las posibilidades de progresar en el mundo del trabajo e incluso adaptarse a la demanda de nuevas tecnologías.
En suma, se trata de atender una carencia manifiesta en buena parte de la masa laboral, cuando los involucrados están en una etapa madura las más de las veces y la realidad les ha hecho ver la necesidad y utilidad de contar con otras capacidades y revertir llegado el caso, el déficit educativo y de formación.
Es cierto que el tiempo de capacitarse es o debería ser otro, antes de la mayoría de edad, en la etapa en que deben cursarse estudios en primaria, secundaria y educación terciaria y técnica, y este es precisamente el desafío que desde hace tiempo tiene nuestra educación, que no solo no prepara realmente para el mundo laboral y se va en generalidades, sino que además es parte del problema, porque no brinda estímulos para muchos jóvenes que no sienten que deben contar con este respaldo para hacerse un lugar en la vida.
El problema --uno de ellos, en realidad-- es que desde los organismos de la enseñanza tampoco se ofrecen las respuestas que se están requiriendo, porque hasta ahora solo se han sucedido parches que dejan sin tocar la esencia de la problemática, y lo que es peor, tampoco se cuenta con diagnósticos y propuestas que permitan encarar las reformas que se están reclamando desde hace muchos años.
A la vez, algunos elementos incorporados en los últimos años, como la instrumentación del denominado Plan ProMejora, son objeto de rechazo de los gremios docentes, con argumentaciones que no resisten el menor análisis, pero que lamentablemente son tomadas como buenas por los organismos de la enseñanza, donde los gremios ejercen una presión sistemática y obtienen concesiones sin que se les llame a responsabilidad.
Precisamente a partir del próximo 31 de diciembre, cuando entre en vigencia la nueva Ley de Presupuesto, se extenderá la partida de defunción al Plan ProMejora.
“Lo que hoy apreciamos es que hay una mirada partidista, estrecha, que tiene el propósito de que todo lo que surge de otras filas que no sean las del oficialismo, debe ser anulado”, resumió al respecto el exconsejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Daniel Corbo, uno de los principales impulsores del plan ProMejora, al diario El País.
Corbo, del Partido Nacional, dejó el cargo en marzo, cuando Tabaré Vázquez asumió la Presidencia y decidió que no iba a haber más representación de la oposición en la ANEP ni en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). “Lo importante no es la idea, sino de quién viene. Y si no viene del oficialismo, apenas el representante de la oposición desaparece, no está más allí presente, se anula”, sostuvo el exconsejero.
El plan contó con oposición de consejeros oficialistas durante la Administración Mujica, así como de los sindicatos, que amenazaron con ocupar centros y desvincular de sus filas a quienes aplicaran el plan.
Sin embargo se llegó a implementar, aunque solo en 33 centros de los 300 centros que procuraba su promotor. Y aunque ni siquiera hubo evaluación detallada y objetiva de los resultados, los números le son favorables, al punto de que por ejemplo en el liceo de La Coronilla repite solo el 2,4% de los estudiantes, ante el promedio global de repetición en el Ciclo Básico que llega al 28% de los estudiantes de cada liceo.
Tampoco estamos ante el desiderátum ni nada que se parezca, sino ante una alternativa por la cual se “promueven Mejora y Fortalecimiento de las Instituciones Educativas en las dimensiones: gestión, convivencia y aprendizajes”, con cursos de capacitación y convivencia para alumnos y docentes, y en un contacto constante con las familias.
Desde el Codicen permitieron llevar adelante el programa, pero con muchas limitaciones, y por ejemplo, el plan original incluía la creación de profesores cargo para cada uno de los centros en que se aplicara --o sea que deberían trabajar durante ocho horas en el mismo lugar-- y la elección de horas docente por al menos dos años --se siguió haciendo cada año como en los otros liceos--, lo que no se hizo, como así tampoco crear una “propuesta pedagógica propia”, acorde con las dificultades de cada alumno y cada institución.
“O sea que lo único que se permitió fue aplicar las metodologías que tiene el plan para diagnosticar institucionalmente a los centros educativos, identificar los problemas, definir un plan de mejora e implementarlo, pero esto restringido a no tocar el currículo”, resumió Corbo.
Es decir, que había una pauta a seguir, por lo menos en base a resultados, y podía de alguna forma compatibilizarse la experiencia con la idea lanzada en su momento por el presidente Tabaré Vázquez en el sentido de “cambiar el ADN de la educación”, y en ese sentido prometió un “ciclo único” desde los 3 a los 14 años, que se recogería en buena medida en los cambios previstos en el programa Tránsito Educativo.
De todas formas, todo indica que la educación deficitaria que condiciona al país, por ahora seguirá en sus grandes rasgos, y eso no es una buena noticia.