Nacionales | 03 Oct Casi dos años después de aprobarse la pionera ley que regula el mercado de la marihuana bajo el control del Estado, el gobierno anunció que dos empresas se encargarán de cultivar el cannabis y se marcó un plazo “no menor a ocho meses” para que sea vendido en farmacias.
El acceso de la población en general a esta sustancia, mediante registro y a través de los establecimientos farmacéuticos, se había convertido hasta ahora en un constante aplazamiento desde que en agosto de 2014 el Estado realizara el llamamiento a las empresas interesadas en producirla, informó EFE.
El motivo, según explicó el gobierno en varias ocasiones, era otorgar mayores plazos a las empresas para asegurar que no “ocurran fallas”, al sentirse un país punto de mira internacional en la materia.
Tras un proceso de calificación técnica y selección que realizó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), se anunció que dos empresas obtuvieron del gobierno las licencias de producción y distribución de la marihuana de uso psicoativo que --controlada por el Estado-- será vendida en farmacias habilitadas.
“Para que el producto llegue a las farmacias va a transcurrir un plazo seguramente no menor a ocho meses a partir de este momento y en este marco el Estado iniciará campañas de difusión sobre los riesgos del consumo para la salud”, explicó el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo.
De capital uruguayo y extranjero, dos empresas --de 22 que se postularon-- serán las encargadas de producir, en principio, hasta dos toneladas anuales de producto en un lugar de propiedad estatal ubicado al suroeste del país y que contará con seguridad tanto de gestión pública como privada de las propias empresas.
El objetivo que marca la ley es que el cannabis, cuyas semillas todavía están en fase de evaluación con el fin de obtener una genética propia, llegue a los ciudadanos que oportunamente se registren en el Ircca en dosis de hasta 40 gramos mensuales y 10 semanales.
El gobierno continúa en conversaciones con las farmacias, establecimientos que la ley establece como dispensadores de la marihuana, y ya hay un borrador de acuerdo y un acta de entendimiento sobre unos 11 puntos básicos que tienen que ver con las condiciones de dispendio y seguridad.
Al ser consultadas fuentes del Centro de Farmacias de Uruguay, gremio de los propietarios de estos establecimientos, declinaron hacer declaraciones, aunque señalaron que se trata de un tema “muy delicado” en el país y que de momento “no hay certeza” de cómo se desarrollará la venta.
En torno a un dólar por gramo costará comprar la marihuana, un precio dispuesto “con cierto margen” para poder ser adecuado a lo que es, por lo menos de base, el precio del mercado ilegal, explicó en conferencia de prensa el presidente de la junta directiva del Ircca, Augusto Vitale.
“A nosotros nos parece bien que se siga apostando a que el gramo de cannabis esté a un dólar y continúe siendo competitivo con el mercado negro, porque es uno de los objetivos principales de la política”, dijo Hernán Delgado, integrante de la ONG Proderechos, una de las impulsoras de la legalización del cultivo.
De momento, hasta que se pueda pagar por ella legalmente, dos formas hay ya de poder acceder según la ley al cannabis en el país, no sin antes cumplimentar un largo trámite burocrático de registro.
Y es que desde mediados de 2014 está en marcha el cultivo doméstico, destinado a quienes se registren para plantar cierta cantidad de marihuana en su propia casa, así como los llamados clubes cannábicos, que funcionan como una especie de cooperativa para el cultivo colectivo de un grupo limitado de personas.
Para Victoria Verrastro, de Proderechos, lo anunciado por el Ejecutivo “es un comienzo” y demuestra que tiene la voluntad política de implementar la ley. En este sentido, dijo que el sistema de farmacias “es muy importante” porque será el que abastezca a la mayoría de los usuarios.
Sin embargo, estas dos licencias “todavía no hacen la cobertura total para todos los usuarios estimados de cannabis”, criticó Verrastro, que afirmó que unas 55.000 personas consumen marihuana varias veces por semana y 18.000 a diario. No obstante, hasta ahora son más de 3.000 usuarios legalizados en todo el país entre cultivadores domésticos y los organizados en clubes cannábicos.

PULSERAS ELECTRÓNICAS EN TODO EL PAÍS
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció que el sistema de tobilleras electrónicas para la verificación y localización de personas se extenderá este año a Florida y Colonia, con el objetivo de llegar a todo el país en un plazo estimado de dos años. El programa se encuentra activo en Montevideo, Canelones, Ciudad del Plata y en Maldonado, informó Presidencia.
En la oportunidad, el ministro Bonomi anunció que este año esta experiencia se extenderá a los departamentos de Florida y Colonia. Agregó que en un plazo de unos dos años este sistema de pulseras electrónicas quedará efectivo en todo el país.
Bonomi dijo que no se puede pensar en una mejor sociedad si no se pone énfasis en la temática de la violencia de género. Por este motivo, el Ministerio del Interior trabaja de forma sistemática para pensar la perspectiva de género a lo largo de las políticas de seguridad pública y humana.
Por su parte, la directora de Políticas de Genero del Ministerio del Interior, July Zabaleta, informó que desde la implementación de las tobilleras más de 900 personas fueron monitoreadas en forma exitosa por esta tecnología, a partir de un total de 458 casos derivados por la justicia. En este momento están activos el 32% de los dispositivos, lo que corresponde a 146 casos.
Montevideo es el departamento con más medidas de supervisión dispuestas, un 85%. El 98% de las víctimas son mujeres y el 2% (10 casos) son hombres. Solamente se colocaron seis pulseras electrónicas a mujeres. Además, en el 96% de los casos el vínculo entre la víctima y el victimario es de pareja o su anterior pareja, mientras que el restante 4% (18 casos) tienen otro vínculo familiar.
Sobre las personas procesadas por transgredir la medida se registraron un total de 56 procesados con y sin prisión, todos hombres, lo que representa un 12% del total de los casos (38 procesados con prisión y 18% sin prisión). Por último, destacó que no se registró ninguna persona fallecida.

GOBIERNO VA TRAS ESTUDIANTES DESERTORES
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) colabora con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que retornen al sistema educativo los miles de estudiantes que desertaron desde julio por los paros docentes. La información había sido confirmada días atrás por el presidente de la ANEP, Wilson Netto, informó Subrayado.
La ministra Marina Arismendi indicó que desde que asumió en marzo realiza un trabajo conjunto con las autoridades de la enseñanza. Arismendi destacó la modificación al decreto que reglamenta el beneficio de las asignaciones familiares que le da plazo para ir a buscar a los jóvenes que abandonaron sus estudios. “Estamos yendo (a buscarlos), el tema es dónde los incluimos”, sentenció Arismendi. La titular del Mides indicó que los datos en Primaria son “muy buenos” y el año que viene se verán los resultados en Secundaria, para ello se busca fortalecer el Sistema Integrado del Área Social (SIAS) donde se procesa toda la información.