Opinion | 05 Oct En setiembre de 2002, debido a un escape en una válvula en la planta de Alcoholes de la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (Ancap) de Nuevo Paysandú, se originó un derrame de fuel oil que llegó a dispersarse en el río Uruguay y requirió un operativo de contención por personal de Prefectura de Puerto.
En agosto de 2010 en la planta de Portland, un derrame de fuel oil desde un tanque de almacenamiento fue contenido antes de llegar al río Uruguay, según lo informado entonces por Ancap. A fines del año pasado, un derrame de combustible –sería nafta-- no solo llegó al curso de agua binacional, sino que su mancha pudo apreciarse hasta más al Sur de playa Park, según versión oficial, aunque varios testigos aseguran que continuaba hasta la zona de playa Mayea al menos.
En las primeras horas del viernes 2 de octubre pasado, un accidente en una manguera en la boya de la estación de descarga de combustible derramó una cantidad no informada de gasoil al río Uruguay que algunas fuentes estiman en 100.000 litros al menos. En catorce años un mínimo de cuatro derrames de combustible de mayor o menor gravedad. Al menos cuatro, porque nada extraño resultaría que hayan existido otros episodios que no se hayan filtrado. Y no lo es dada la manifiesta actitud de los subsiguientes directorios de la empresa pública, que han demostrado una y otra vez ser seguidores del monje domínico Johannes Pfefferkorn, uno de los impulsores del oscurantismo, al tratar de ocultar el conocimiento por los medios que fueran.
Sin considerar --por un lado-- que se trata de una empresa del Estado y que por lo tanto debería informar de todo a la población. Pero además, no un detalle menor, se trata de la empresa que maneja materiales peligrosos, como combustible, alcohol y portland. Cualquier accidente implica enorme riesgo, sea en Paysandú, en Montevideo, en Minas o en Bella Unión. Y si hay riesgo, lo primero que tiene que hacerse es informar rápidamente y con exactitud.
Por estas horas se discute si correspondía a Ancap o a Prefectura dar la alerta temprana a OSE. Pues, la respuesta no es otra que quien debió alertar de inmediato fue Ancap. El protocolo que se supone tiene para instancias como esta debería establecer con claridad que una vez determinado un incidente se debe dar rápida alerta a todos los organismos involucrados. Para el caso, OSE porque desde el Uruguay se provee de agua potable a la población; Prefectura porque tiene jurisdicción sobre el curso de agua y CARU porque debe tomar las acciones que correspondan para preservar la fauna ictícola y prevenir cuanto se pueda el impacto ambiental.
Hay realmente varias cosas que llaman poderosamente la atención y que con toda claridad señalan mala praxis empresarial. Solo es cuestión de pensar un poco. Por ejemplo, ¿la tecnología que utiliza Ancap en la boya no permite determinar al instante si hay pérdida de combustible? ¿Acaso tienen que pasar ocho horas para que eso quede claro? ¿No puede utilizarse una tecnología similar a la de las llaves diferenciales que se usan en las instalaciones eléctricas domésticas? Eso sería, un medidor a la salida del buque que registre el combustible que envía a tierra, y otro en el otro extremo que lleve la cuenta de los litros recibidos, conectados en tiempo real de forma que si lo que llega a destino es menos de lo que se envía, automáticamente detenga la descarga, porque obviamente existe una pérdida en algún lado. La inacción de Ancap provocó gastos a OSE y perjuicios a la población. ¿No debería pagar por los gastos ocasionados? Desde este punto de vista, es el dueño de la empresa, el Estado, el que debe obligar que ello ocurra para evitar el perjuicio de otra empresa estatal.
Asimismo, si se veía la proximidad de la tormenta el jueves por la noche, ¿no hubiera sido prudente posponer la descarga? Además, si han ocurrido varios derrames a lo largo de más de una década, ¿qué se espera para actualizar la tecnología? ¿Qué otra cosa peor tiene que ocurrir para que el oscurantista directorio de Ancap se decida a hacer lo que está obligado a realizar?
Ancap oculta permanente información importante para la sociedad: en la reciente fuga de gasoil, ni siquiera hubo un comunicado oficial a la prensa o a la población; minimiza todo accidente que sale a la luz por la acción periodística o de los vecinos: en el accidente del año pasado, se dijo que era una pérdida “menor”, que la mancha de combustible se perdía a la altura de playa Park cuando pescadores y deportistas la vieron claramente que pasaba la playa Mayea, así como tampoco hubo información del resultado de la supuesta investigación que se iniciaría. Y por último, quedan dudas de la veracidad de sus declaraciones, cuando resulta difícil creer que no sabe a ciencia cierta cuántos litros de combustible se derramaron, tanto en esta oportunidad como en la fuga de 2014. Extraoficialmente se habla de 100.000 litros aproximadamente; son 10 camiones cisterna que se les fueron por el caño y no lo saben. Además, queda el recuerdo reciente de las declaraciones del presidente de ALUR --empresa que es propiedad de Ancap--, Ruben Barboza, cuando mintió a la propia comisión investigadora de Ancap asegurando que ALUR no denunció a EL TELEGRAFO por el uso de un dron sobre la fábrica, cuando el documento emitido por la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica claramente se refiere a la “denuncia” a este medio.
Es obvio que no existió premeditación en este derrame. Está bien decir que ya podemos tomar agua porque es potable nuevamente, que esta vez no fue tan grave, aunque “por las dudas” OSE tuvo que tirar a la calle todas sus reservas de agua potable para volverla a producir. O que no hubo gente internada por tomar agua contaminada. Pero existe una gran responsabilidad de Ancap en un accidente que pudo tener consecuencias más graves. Y es así porque puso en riesgo la salud de toda una ciudad, por impericia o incompetencia, cuando menos, o por no contar con los elementos necesarios para evitar el desastre a tiempo. Y por supuesto, está el daño ambiental, que no es menor.
Los hechos demuestran lo precario de los sistemas de prevención de accidentes de Ancap-ALUR en Paysandú, empresas que manejan millones de litros de productos altamente inflamables o potencialmente muy contaminantes. No brindan las mínimas garantías, y el hermetismo de las empresas no ayuda. Esta experiencia debería servir de advertencia, para hacer los correctivos y tomar las medidas que sean necesarias.