Opinion | 12 Oct Cuando asumió en marzo como ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa, el entonces flamante jerarca esbozó los alcances del eje conductor de la política exterior a desarrollar como canciller de la Administración de Tabaré Vázquez, instancia en la que expuso que se apuntaría a retomar principios rectores de nuestra política exterior de los que se había apartado la cancillería anterior, priorizando determinadas visiones ideológicas afines a sectores de izquierda que todavía añoran las cosas en blanco y negro, como en la década de los sesenta.
Es decir que a partir de esta gestión el actual canciller adoptó como principio apelar siempre a la vigencia del derecho internacional por encima de las simpatías y el parecer del o los presidentes de turno, como lamentablemente ha ocurrido en el Mercosur y se recrea en otros organismos regionales recientemente creados, como la Unasur.
En julio de 2012 José Mujica era presidente pro témpore del Mercosur, y fue en esa oportunidad que sacó de la galera el concepto de "lo político por encima de lo jurídico", durante una cumbre en Mendoza, Argentina, para justificar las decisiones del bloque mercosuriano e intentar dar visos de supuesta legalidad al ingreso de la Venezuela de Hugo Chávez al bloque regional.
En esa oportunidad, la destitución del expresidente Fernando Lugo en aplicación de lo establecido en la Constitución paraguaya, con los votos requeridos en el Parlamento, fue el detonante de la decisión por presunta violación de la cláusula democrática del Mercosur. Paraguay igualmente no tuvo ni voz ni voto en el asunto y fue suspendido por sus socios debido a la destitución del presidente Lugo por el Senado guaraní.
En realidad ese argumento de anteponer lo político a lo jurídico --que equivale a decir que se puede torcer a voluntad lo que establecen las normas legales, si hay de por medio intereses políticos-- ha sido una impronta que marcó la política internacional de Uruguay pero que también se ha manifestado en lo interno cuando se aprobaron varias leyes inconstitucionales, simplemente porque la visión política del gobierno de Mujica entendió que esas eran las prioridades.
Pues el canciller Rodolfo Nin Novoa anunció que no se "caerá en la tentación" de "privilegiar la política al derecho", lo que asumimos es parte de su formación democrática, contrariamente a la que ponen de relieve prominentes figuras de grupos radicales que todavía promulgan valores como los del partido único y la lucha de clases.
Sin dudas, Nin Novoa tiene un concepto ajustado de lo que es el derecho internacional por encima de simpatías políticas e ideológicas, ideal que ha acuñado desde siempre el Uruguay, porque si el derecho es fundamental en las relaciones internacionales, mucho más lo es para países pequeños como el nuestro, que tiene en su vigencia un principio irrenunciable, sobre todo cuando se está ante gigantes que suelen apelar a la fuerza y a los hechos consumados para obtener sus objetivos.
Pero la gestión de una cancillería no solo refiere a normas de derecho en el relacionamiento diplomático entre naciones y la ejecución de la política exterior, que siempre depende del presidente, sino también a decisiones políticas de conveniencia para el país que comprenden el intercambio comercial, incluyendo la firma de tratados y suscripción de acuerdos para mejorar la inserción en los mercados. Este es un aspecto que resulta vital para el Uruguay, que es un país pequeño en su economía, altamente vulnerable y dependiente, y que por lo tanto debe privilegiar el intercambio comercial como un camino natural de crecimiento y desarrollo.
Pero Nin Novoa --tampoco el mandatario-- no tiene las manos libres para decidir, en este como en otros temas, porque se depende del talante de una fuerza política, el Frente Amplio, dentro del cual se está desarrollando una disputa de dos grandes bloques, con algunas variantes de acuerdo al tema de que se trate. Podría sintetizarse en que existe un grupo de partidos de visión socialdemócrata, que responden al astorismo como el mayor aglutinante, en tanto por el otro lado figuran partidos afines al mujiquismo, que incluyen entre otros al Partido Comunista y sectores de extrema izquierda. Su común denominador es cultivar una visión marcadamente sesentista, que se afilia a la tesis de lo político por encima de lo jurídico, como es la idea de Mujica, y por lo tanto hay decisiones de política exterior que están condicionadas a no generar encontronazos hacia adentro del gobierno, sobre todo cuando las cosas deben pasar por el Parlamento.
Y precisamente reafirmando el concepto de volver a poner lo jurídico y el derecho por encima de lo político, el canciller ha señalado que se descartarán "las visiones ideológicas" a la hora de comerciar, con la exigencia del sinceramiento que obliga el actual contexto regional e internacional", y reconoció que --a su juicio-- los procesos de integración en América Latina no han alcanzado el desarrollo esperado y exigen sinceramientos impostergables.
Es plenamente compartible además la idea de que el Mercosur se sincere y deje atrás la retórica vacía, que apueste a las concreciones y no a los discursos que luego no se cumplen, como insistió el ministro, al tocar un punto álgido de nuestra política exterior siempre complaciente con los desplantes de los vecinos, sobre todo de Argentina.
Pero como decíamos, no siempre se hace lo que se quiere sino lo que se puede, y evidentemente el canciller no ha quedado muy a gusto con la decisión de Vázquez --ante la presión interna en el Frente Amplio-- de retirarse de las negociaciones del TISA, mesa de diálogo para procurar un acuerdo internacional en la prestación de servicios, un área clave para el Uruguay y a la que no puede estar ajeno.
La firma del acuerdo de la Alianza Transpacífico es otro elemento a tener en cuenta, porque Uruguay no lo integra y queda aún en mayor desventaja ante competidores directos para ingresar al mercado asiático, como si ya no tuviéramos bastantes dificultades.
Igualmente corresponde seguir manteniendo una carta de crédito a la cancillería, porque las internas no son fáciles y es de esperar que estas expectativas alentadoras que surgen del Ministerio de Relaciones Exteriores queden plasmadas en hechos en estos casi cinco años que restan de gobierno.