Locales | 10 Oct Lo que intentaba ser una sesión extraordinaria a efectos de agotar temas pendientes en la orden del día y asuntos entrados no considerados el 1º de octubre, quedó trunca anoche cuando habían transcurrido solo 17 minutos y un cuarto intermedio solicitado por el Partido Nacional.
Desde la mesa se dio lectura al título del único tema incorporado, la solicitud del exsecretario general político (hoy edil nacionalista) Robert Pintos, procurando amparo al subsidio establecido en el artículo 5 de la Ley 15.900. Esto desató una nueva crisis de relacionamiento entre determinados ediles nacionalistas y el presidente Jorge Dighiero. El citado artículo se refiere "al cumplimiento de ochenta puntos entre edad y servicios para los titulares de los cargos políticos o de particular confianza siempre que se hubieren computado, en forma continua o alternada, tres años en el desempeño de dichas funciones”. También que “los titulares de los referidos cargos que no hubieren configurado causal jubilatoria al momento de desvinculación de los mismos, tendrán derecho a percibir durante un período equivalente al triple del que ocuparon y hasta un máximo de tres años a contar desde la fecha del cese en los mismo, un subsidio equivalente al 85 por ciento del total de haberes del cargo en actividad”.

DESBORDES VERBALES
En primer lugar, el edil Francisco Gentile solicitó que el tema pasara a la Comisión de Asuntos Internos, lo que por explicación del presidente no tuvo andamiento, asegurando que “toda la carpeta con los informes legales ya está en poder de las comisiones de Asuntos Internos y de Presupuesto”. Luego este dio la palabra a Didier Bernardoni, edil del Partido Colorado, quien intervino brevemente pero fue interrumpido en varias oportunidades por desbordes verbales de los nacionalistas Carlos Balparda y Alejandro Colacce. Estos no aceptaban lo solicitado por Dighiero, quien procuraba amparar en el uso de la palabra al edil colorado. Todo esto fue expresado prácticamente a los gritos, en tanto Dighiero le reiteraba a Balparda que le pediría que se retirara de la sala.
Bernardoni confirmó que “el tema está en Asuntos Internos, pero también es importante que tenga el apoyo del plenario. Nosotros hemos leído detenidamente la solicitud (del subsidio) y es muy opinable. Desde el punto de vista legal no tenemos dudas que es discutible, no es claro, puede haber diversas interpretaciones en este sentido”. Añadió que “lo que no es opinable es que el contribuyente de Paysandú hoy ve que hay una solicitud legítima, pero después se verá si tiene o no derecho (al subsidio). Esto ocurre porque en el año 2006 el Partido Nacional y el Frente Amplio votaron en forma conjunta, contra el Partido Colorado, cambiando la naturaleza jurídica del cargo de secretario general, que era de carrera, y lo convirtieron de particular confianza. De no haber sido así, hoy no se estaría planteando este problema, así que se hagan cargo los partidos que en su momento votaron este cambio”.

BALPARDA NO SE RETIRÓ
Tras el cuarto intermedio solicitado, vueltos los ediles a sala, el presidente del cuerpo reiteró a Balparda que se debía retirar de la sala, pero éste permaneció en su banca y tras algunos segundos, desde la mesa se señaló que se levantaba la sesión. Posteriormente ingresaron dos funcionarios policiales que habían sido requeridos –de acuerdo al reglamento interno-- para que se cumpliera el retiro de sala dispuesto. Sin embargo, el presidente explicó a los funcionarios que no era necesario porque la sesión había terminado.
EL TELEGRAFO consultó a los ediles enfrentados. Balparda explicó que “lo que había acordado él (Dighiero) con los coordinadores en la mesa no se cumplió, o sea el pase del tema a comisión”. Por su parte, Marcelo Tortorella sostuvo que “en esta reunión ‘jet’ hemos visto otro incumplimiento más en el manejo del presidente de la Junta Departamental que desencadena un episodio que lamentamos. Pero debemos ponernos de acuerdo, existe una mesa y lo que se acuerda allí cuando se llega a sala no se cumple. Eso habla muy mal del órgano presidencia”.
Por su parte, el presidente Jorge Dighiero sostuvo que “la explicación a esto es que hay un reglamento que debe cumplirse y existen ediles que están empecinados en no cumplirlo. Se había convenido en reunión de mesa cómo se iba a tratar este tema en sala. Ahora se aduce que yo no debía darle la palabra a Bernardoni, pero yo no puedo negarle la palabra a un edil”.
En otro orden --esto ocurrió en el ambulatorio--, la edila frenteamplista Silvia Fernández fue increpada por el edil nacionalista Alejandro Colacce. La edila afirmó que “fue una agresión de género, no solamente implicó lo del tema, pese a que no pertenezco al Partido Colorado y el que estaba hablando sí. Por ello (Colacce) me vino a reclamar cosas en las cuales no tenía nada que ver, diciendo que se había roto un acuerdo”.

DECLARACIÓN DEL FA
La bancada frenteamplista, ante lo ocurrido, emitió la siguiente declaración: “Ante los lamentables hechos acaecidos en la JDP, manifestamos nuestro repudio a los actos de agravios, gritos e inusitada violencia en el transcurso de la legislatura departamental por algunos actores del Partido Nacional, en particular la agresión verbal y gestual recibida por una compañera edil dentro del recinto. La bancada de Ediles del Frente Amplio expresa el profundo rechazo a los hechos de violencia que sistemáticamente ocurren, alterando el normal funcionamiento de este órgano. Instamos a recomponer el correcto desempeño de este cuerpo por parte de dichos ediles, a efectos de poder así atender la problemática de la ciudadanía sanducera, labor para la cual fuimos electos”.