Opinion | 11 Oct Durante la sesión que celebrara en Lima el Comité Monetario y Financiero del Fondo Monetario Internacional, como cierre de la Asamblea General anual del organismo, el equipo económico de nuestro país leyó un mensaje que sintéticamente se resume en la frase de que “la inflación es la prioridad clave”, con una exposición que fundamenta que la economía global y la situación regional están planteando retos y riesgos significativos para una economía pequeña y abierta. En este sentido, las autoridades indican que son plenamente conscientes de estos desafíos y que sin embargo, están muy confiados “en los pilares del país y la ruta prevista”.
El mensaje fue expuesto ante los otros 187 países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y representa por supuesto no solo una manifestación de voluntad, sino un compromiso ante el organismo financiero internacional.
A la vez ante este objetivo, fundamenta una base de trabajo en “la prudencia fiscal (según lo establecido en el Presupuesto de cinco años que ya fue enviado al Parlamento para su consideración y que da estricta prioridad a la educación, salud e infraestructura mientras que apunta un camino estable de la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto del país), tipo de cambio flexible (con intervenciones eventuales destinadas a suavizar la volatilidad excesiva y evitar que los movimientos temporales o sobre-reacciones puedan crear algunas distorsiones permanentes); y la coherencia entre todas las políticas, incluidas las políticas fiscales, monetarias y de ingresos”.
Uruguay reconoció que “la inflación ha sido mayor de la prevista” (de hecho está en 9,14% en 12 meses a setiembre cuando la meta es entre 3% y 7%). Reducirla es una “prioridad clave para el gobierno, para el que la postura de la política monetaria ha sido contractiva como parte de las baterías desplegadas para combatir la inflación”, reafirmó.
Igualmente, ese objetivo debe compatibilizarse con los desafíos del nuevo escenario económico, “tratando de mantener la competitividad del país y el equilibrio macroeconómico en sus múltiples dimensiones”.
Pero como dice el refrán, muchos caminos conducen a Roma, y en estas circunstancias, ante el escenario que se abre ante el país, no contamos con ninguna autopista y sí con una red posible de conexiones a cual más pedregosa y retorcida, para seguir con el símil.
El punto por lo tanto es que debemos adaptarnos a transitarlo con criterio y sentido común, sin perder de vista el aspecto a que refiere el equipo económico, es decir mantener la inflación controlada, aunque no a cualquier precio, porque estamos ante un parámetro que no puede considerarse aislado, sino en el marco de una interrelación y tendencia que debe ser evaluada en el corto, mediano y largo plazo.
Hay acá un aspecto válido que se aplica a nuestro país, y que es común a las economías emergentes --eufemismo para no decir que están sumergidas-- : “las economías emergentes se enfrentan a circunstancias muy difíciles; los precios de las materias primas han disminuido considerablemente; algunos países están exhibiendo desaceleraciones económicas agudas o recesiones; las monedas locales están sufriendo enormes presiones de depreciación; y las posiciones fiscales están bajo estrés”, evaluó el gobierno uruguayo.
Si bien “Uruguay no está aislado de los riesgos”, indicó, “los acontecimientos han sido reflejo del considerable desacoplamiento que Uruguay ha experimentado en la última década, sobre todo de sus dos vecinos más grandes”, agrega.
Es que mientras el equipo económico proclama esta lucha contra la inflación no puede obviarse que un factor de gran peso es el constante aumento del dólar, que es un fenómeno mundial, pero que en un país de alta dependencia como Uruguay, sin dudas hace que el ciudadano pierda sistemáticamente poder de compra en el comparativo de precios internacionales, mientras que por el otro lado las industrias de exportación ganan algo de competitividad, con la contrapartida de que a la vez los costos aumentan.
La inflación, además, tiene mucho de expectativas, que en nuestro país pesan en gran medida, porque gradualmente ha crecido una visión más pesimista de los agentes económicos y la propia población, y hace mal el gobierno en atribuirla a los economistas que advierten sobre el deterioro de la situación económica.
Esta visión es consecuencia del hecho de que la realidad indica que el “parate” es mayor a lo que indica el Poder Ejecutivo, aunque claramente no alcanza el grado de crisis, y no se trata del talante del economista de turno en su crítica, sino de lo que percibe cada ciudadano en sus bolsillos en el día a día.
Y está muy bien en este contexto defender su poder de compra controlando la inflación, solo que hay formas y formas, y la más eficaz de ellas no es un “toqueteo” de los índices estadísticos por un “acuerdo de precios” que todos sabemos no es respetado en un noventa por ciento, sino atacar las causas del problema.
Esto es, reducir el gasto estatal, bajar el peso del Estado a la producción nacional y los servicios, mantener el precio de la energía –tanto combustibles como electricidad—lo más bajos posibles y a nivel competitivo con la región, flexibilizar el sistema laboral y reducir la burocracia.