Opinion | 14 Oct Cuando inició su gestión el actual gobierno, a través de un comunicado los productores agrupados en la Federación Rural formularon al Poder Ejecutivo un planteo cuyo eje central apuntaba a que se trabajara desde el vamos en la generación de condiciones para mejorar su competitividad, comprometida en el agro, como en otros sectores del quehacer nacional, por altos costos internos y una caída en los precios internacionales de las materias primas.
En esa oportunidad, fundamentalmente la Federación Rural exhortó a las autoridades de Ancap y UTE a que revieran el precio de las tarifas porque deterioran la competitividad del sector, aludiendo a que “ante la persistente baja del petróleo”, en plena tarea en el agro, “se exhorta a quienes tienen la responsabilidad de fijar los precios del gasoil, a rebajar nuevamente su precio, pero en cifras que reflejen la realidad del mercado internacional”.
Bueno, han pasado seis meses desde entonces, y el escenario se presenta en términos similares, el petróleo ha continuado en descenso, en tanto Ancap ha anunciado que se dispone a concretar una rebaja de entre el 2 y el 3 por ciento en los combustibles.
Los productores han considerado que “en un año en que los precios de los productos agropecuarios han sufrido un fuerte deterioro, una rebaja en el precio del gasoil significativo ayudaría mucho a recuperar algo de competitividad y mantener la actividad del sector”.
“Asimismo, se exhorta a que se rebajen las tarifas de UTE, transfiriendo a la población aunque sea parte del ahorro que ha habido en la generación de energía en el último ejercicio”, finalizaba el comunicado.
La inquietud de los productores rurales no es nueva, pero se mantiene vigente en toda circunstancia, porque los altos costos de la energía, entre otros insumos, la inflación y la carga tributaria han ido erosionando la competitividad, que hasta hace un tiempo se podía disimular por los elevados precios de los commodities.
Es cierto, en los últimos meses sobre todo, se ha registrado un aumento persistente en el dólar, lo que permite que se traduzcan en más pesos los dólares de los productos que se exportan. Pero los cambios en la moneda, que significaron un incremento del 30 por ciento en el valor de la divisa norteamericana en los últimos meses, no alcanzan a compensar la caída del 50 por ciento en la cotización de buena parte de las materia primas que exporta Uruguay en poco más de un año y medio o dos. Por otra parte, los precios internos han continuado aumentando, y en el sector de la producción primaria, los combustibles son clave en el esquema de costos. En enero de este año, Ancap definió una rebaja en el precio de los combustibles de poco más de un peso en las naftas y algo más para el gasoil, pero se trató de una rebaja calificada con toda razón de ridícula, asumiendo que el ente debía por lo menos haber duplicado el porcentaje de rebaja. Pero Ancap tiene sus números en rojo, y el mantener los precios invariables durante el descenso en la cotización del crudo se enmarca en el intento de recomponer sus finanzas. En cuanto a la energía eléctrica, según las propias autoridades de UTE, la generación a partir de fuentes renovables permitió a UTE abastecer el 95% de la demanda en 2014, gracias a los extraordinarios aportes hídricos en las cuencas y a la instalación de los primeros parques eólicos de gran porte en el país, según se establece en la memoria anual de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME).
Lamentablemente, no importa que haya sequía o inundaciones, suba o baje el petróleo, la constante es que siempre hay argumentos para que la energía siga siendo cara en el Uruguay --la más cara de la región-- en cualquier circunstancia, y este es el punto, porque los productores y la población, los clientes cautivos de los entes monopólicos, siempre están en las verdes y nunca les tocan las maduras.
En todos los gobiernos, las empresas estatales han funcionado como fuentes de recaudación para sostener el funcionamiento del Estado, el que impone costos fijos en burocracia y otras demandas de funcionamiento de las dependencias estatales que no pueden disimularse con el argumento manido de la austeridad. Pero esto nunca se da en los hechos, porque sigue aumentando el gasto estatal y quien lo sostiene es el sector productivo, el capital y el trabajo asociados, que son los que crean riqueza.
Actualmente está en discusión en el Parlamento el Presupuesto Quinquenal de Gastos e Inversiones, una ley madre en la que se traduce la filosofía y política de todo gobierno, aunque en este caso con la particularidad, tal como lo ha anunciado el equipo económico de gobierno, de que se ha estructurado un proyecto para dos años, de forma de evaluarlo al cabo de ese período y de acuerdo a la marcha de la economía, corregirlo incorporando más gastos, redireccionarlos o eventualmente imitando las erogaciones del Estado.
Y si bien el Poder Ejecutivo ha señalado que el presupuesto es austero y recoge básicamente las necesidades de financiación prioritarias, los lobbies siguen haciendo de las suyas ejerciendo presión sobre los legisladores, y hay en el partido de gobierno indudablemente visiones encontradas sobre dónde y cómo deberían hacerse recortes, redistribuyendo recursos.
En tanto, desde la oposición se señala que este presupuesto está desfinanciado, y que se presumen ingresos como si se mantuviera el actual crecimiento, cuando las perspectivas son mucho menos optimistas.
Por cierto, una rebaja real en el precio de los combustibles sería un factor dinamizador de la economía en esta coyuntura, porque abarataría costos a los productores, mejoraría la competitividad y se combatiría la inflación. Pero no habría margen para hacerlo, porque Ancap tiene un déficit enorme, y desaparecieron los ingresos extraordinarios.