Paysandú, Viernes 16 de Octubre de 2015
Locales | 15 Oct En el marco de una gira realizada por el Interior, el director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, llevó adelante una jornada de asesoramiento en el local del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN) y reuniones con instituciones y organismos. En el local sindical, se enfocó --entre otros aspectos-- en la situación de los aportantes que tienen más de 50 años de edad y que en 1996 debieron afiliarse a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
“Con la aprobación de la Ley 16.713 en diciembre de 1995 --y su aplicación desde abril del año siguiente--, se instaló en Uruguay un sistema de seguridad social mixto, donde participa el Estado y el sector privado con la creación de las AFAP. En la región, se instalaron sistemas de similares características bajo una recomendación de las instituciones financieras internacionales cuando se firmaban las cartas de intención a las solicitudes de fondos por parte de los estados”, recordó Ruiz.
Explicó que, durante esa década, “también se impulsaron otras privatizaciones en áreas estratégicas estatales y el movimiento sindical junto a otras organizaciones sociales lograron frenarlas, pero en la seguridad social no fue posible”. Según el sindicalista, la creación de este sistema “obligó a través de la ley a la afiliación de algunas personas y a otras no. Hoy, cuando comparamos las retribuciones que cobran quienes no estuvieron obligados a permanecer en las AFAP, vemos que perciben un 35% más. Por eso, planteamos un diálogo social para discutir este y otros temas, y que cada uno presente propuestas para arribar a un acuerdo que se transforme en una ley que permita la desafiliación de estas personas”.
Según Ruiz, este colectivo “es víctima de una política aplicada en los 90, transformada en una ley que le sale cara al país, a la seguridad social y perjudica a los trabajadores” y razonó que “durante mucho tiempo aumentó la exclusión de los uruguayos de la seguridad social”. Ejemplificó que “con la exigencia de 35 años de trabajo, antes se jubilaban unos 13.000 uruguayos y cuando bajamos la edad a 30, comenzaron a jubilarse unos 30.000”.
Estas instituciones privadas, creadas para administrar los fondos previsionales, “cobran una comisión altísima con un lucro escandaloso y funcionan en el marco del sistema financiero, junto a las aseguradores. Por hora, le pagamos a las AFAP más de U$S 10.000 y ya tienen U$S 11.000 millones en sus fondos. Mensualmente, le transferimos U$S 78 millones y perciben una comisión de U$S 260.000 todos los meses”, calculó.
Ruiz resaltó a EL TELEGRAFO que “la solución pasa por una reforma estructural de la seguridad social, pero camino a eso se pueden resolver estos problemas que son más urgentes. Si esto se lograra, tendríamos más dinero para mejorar las prestaciones”.
DIÁLOGO DE SEGURIDAD SOCIAL
Para el director en representación de los trabajadores, “en la seguridad social no hay cambios posibles sin un diálogo; así se construyen las reformas profundas. No es posible impulsar una reforma sin la participación de los actores involucrados y en los temas vinculados con la seguridad social no está bueno que se resuelva en el Parlamento una ley que reforme la seguridad social con los votos de la mitad más uno”.
En tal sentido, abogó por “alcanzar los mayores consensos sociales y políticos para efectuar cualquier cambio, porque si tomamos como práctica que la mitad más uno concreta esas transformaciones, entonces cada vez que cambie esa mayoría se producirán cambios diferentes. Esa no es la forma en que se construye un sistema de seguridad social y por eso es importante hacer uno nuevo, en clave solidaria y de derechos humanos”.
Ruiz remarcó que es partidario de un diálogo social, “porque no queremos hacer lo que hizo el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti en 1996, que implementó la ley de las AFAP por imposición a los sectores sociales --como jubilados y trabajadores--, de una reforma estructural que denominó 'la madre de todas las batallas'. Hace 20 años dijimos que esta reforma sería muy cara para el país y no resolvería la problemática de la formalización ni del déficit fiscal que originaba en ese momento la seguridad social y que además iba a perjudicar a los trabajadores. Todo eso se cumplió, sin embargo, no se concretó ninguna de las promesa realizadas por quienes defendieron y se beneficiaron con este sistema”, reiteró.
El jrepresentante sindical reclamó que “aquellos que le mintieron a los trabajadores hoy no aparecen por ningún lado a dar explicaciones, pero vemos otros interlocutores que aseguran que a esta generación le irá mal y a los jóvenes le irá bien porque el sistema tiene que madurar”, en clara referencia a las declaraciones efectuadas por el presidente del Banco Central, Mario Bergara.
El titular de la citada institución financiera mencionó que Uruguay tiene un régimen de seguridad social basado en el reparto y la capitalización personal. Sobre este último, indicó que “todavía no estamos en una etapa madura, porque lleva 19 años de actuación y recién se están empezando a jubilar a través de este mecanismo trabajadores que tiene poco años de contribución a él y por lo tanto no puede visualizarse como una cuestión de largo plazo”. Para Ruiz, en Chile el sistema está maduro y sin embargo, “la presidenta, Michelle Bachelet, busca que el Estado comience a ocupar espacios en la seguridad social, porque las pensiones que pagan las administradoras de fondos en aquel país, son miserables y se tiene que asistir a esos ciudadanos con un complemento. Es decir, el Estado siempre termina siendo el garante de la seguridad social”, consignó.
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