Nacionales | 12 Oct Tres de cada cuatro armas de fuego vinculadas con delitos en Uruguay están registradas en el organismo responsable de su control en el Ministerio de Defensa, que tiene contabilizados, según informó a EFE, más de 604.000 dispositivos, en su mayoría revólveres.
“Tres de cada cuatro armas involucradas en delitos, porque nosotros pedimos un informe del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, son armas registradas. O sea, han sido hurtadas o compradas legalmente pero terminan en manos del delincuente”, dijo el jefe del Registro Nacional de Armas (RNA), Daniel Farías.
El Ejército uruguayo gestiona ese organismo de control desde su creación, en 1944, y ha registrado 604.632 armas hasta el pasado julio, de las cuales 329.749 consta que están en poder de sus propietarios, de acuerdo con el RNA, que observa la renovación periódica de sus respectivas guías de posesión.
Dicho documento comprueba que el dispositivo ha sido debidamente registrado y habilitado para ser portado por la persona que solicitó el permiso, tras un proceso que busca comprobar la idoneidad del usuario.
Los revólveres representan la mayoría de los aparatos regularizados, un 43,27% del total, seguidos de rifles, pistolas y escopetas.
Considerando la población uruguaya, que es de 3,3 millones de habitantes y la cifra de dispositivos cuyos documentos son renovados, hay aproximadamente un arma de fuego cada 10 personas. La proporción se reduce a cerca de un arma por cada cinco ciudadanos si se tiene en cuenta el total de casi 605.000 registros desde 1944.
“Puede parecer, con esos números, que Uruguay es un país demasiado armado, pero en realidad lo que tenemos es un registro muy bueno”, evaluó Farías y agregó que el RNA ha sido pionero en la región.
Por otro lado, un estudio internacional de la organización Small Arms Survey en 2007 ubicó a Uruguay entre los 10 países más armados del mundo, en noveno lugar, basándose en la posesión de armas por civiles.
En ese sentido, los datos del RNA señalan que un 8,39% de las guías de posesión emitidas pertenecen a militares y policías, y el 3,11% a coleccionistas, por lo que el casi 89% restante de registros fueron concretados por la población civil.
El abogado Martín Fernández, del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur), coincidió con el coronel Farías respecto de los casos de armas legales que terminan robados e involucrados en crímenes.
Sin embargo, el experto alertó de la existencia de “fenómenos de corrupción” que contribuyen a que un alto índice de dispositivos registrados esté relacionado con delitos.
“También es necesario centrarse en la delincuencia que puede estar detrás, por ejemplo, de fuerzas policiales que por determinados mecanismos logran denunciar sus armas como robadas y venderlas en el mercado negro”, afirmó.
Con el apoyo de la Unión Europea (UE), Ielsur lleva a cabo una campaña por el desarme civil en la que advierte del impacto de las armas de fuego en la vida cotidiana, como en los sistemas de salud, en la violencia de género y en la seguridad pública en general.
En ese contexto, Fernández recordó el debe del Ejecutivo respecto de la reglamentación de la ley de “porte, comercialización y tráfico de armas de fuego”, que cumplió un año desde su aprobación en agosto de 2014, a pesar de que debería haber sido reglamentada en un plazo de 90 días.
Por su parte, Farías explicó que la norma crea las condiciones de seguridad para que la población tenga acceso a las armas sin que las mismas “se transformen en un problema para la sociedad civil”, como muestran las cifras actuales.

COMENZÓ VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO
La Cámara de Representantes comenzó ayer la votación del proyecto del Presupuesto quinquenal. Los diputados frenteamplistas acordaron votar bajo disciplina partidaria, aunque podrán argumentar en contra. “El presupuesto va a permitir que se cumpla con el programa que se le prometió a la ciudadanía”, aseguró el vicepresidente Raúl Sendic.
Al tener más de dos tercios del apoyo de los diputados del Frente Amplio, los legisladores oficialistas están mandatados a votar a favor del proyecto, aunque varios diputados de diferentes sectores argumentarán en contra de algunas artículos, como una forma de dejar constancia de las razones de sus discrepancias.
Los artículos que mayor oposición tuvieron durante las negociaciones fueron el artículo 619, por el que se condiciona el aumento salarial de los docentes a la firma de un convenio, el artículo que determina el traspaso de Policía Caminera a la órbita de la Guardia Republicana, el artículo 230 que amplía las instancias de juegos de azar y varios artículos relacionados con las condiciones de los trabajadores con vínculos con el Estado. Por su parte, el diputado frenteamplista Carlos Coitinho declaró a Montevideo Portal que este proyecto de ley le deja “un sabor agridulce” porque por un lado aumenta los recursos de los que se dispone, pero por otro pone en riesgo el “vínculo histórico con los trabajadores”.
Por su parte, el vicepresidente Raúl Sendic dijo que va a ser “una jornada muy intensa”, pero con un “alto nivel de acatamiento” por los legisladores del Frente Amplio. “El Frente Amplio tiene prácticamente acordado todos los temas del presupuesto. Los legisladores van a votar la ley y los que no estén de acuerdo posiblemente van a salir de sala y van a manifestar su postura. El presupuesto va a permitir que se cumpla con el programa que se le prometió a la ciudadanía”, agregó Sendic.
En tanto, desde el Partido Nacional, el diputado nacionalista Gustavo Penadés fue designado miembro informante por el Partido Nacional.
“Algunos legisladores frenteamplistas mantienen posturas similares a las del nacionalismo”, afirmó Penadés. No obstante, reconoció que “por disciplina partidaria acatarán el mandato del Frente Amplio”.
Temas como el pasaje de la Policía Caminera a la Guardia Republicana, las trabas para la entrega de medicamentos oncológicos, la reducción de efectivos en las Fuerzas Armadas, forman parte de los asuntos en los que el Frente Amplio no tiene unanimidad, estimó Penadés. “Sin embargo eso no significará que la bancada del Frente Amplio vote dividida”, indicó.

BUSCAN INTEGRAR AFRODESCENDIENTES
El gobierno arrancó el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, estipulado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2015-2024, con la misión de promover la inclusión social de unos 300.000 ciudadanos que componen esa población en Uruguay, informó la agencia EFE.
“El lanzamiento del decenio es un compromiso institucional del gobierno y de las organizaciones sociales que luchan por la justicia social y la defensa de los derechos para acceder a una vida digna”, declaró la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.
El Ministerio de Desarrollo Social presentó un panorama de las desigualdades raciales en Uruguay e hizo hincapié en la importancia de la aplicación de las políticas afirmativas para revertirlas, según determina una ley aprobada en 2013. De acuerdo con la cartera, la pobreza afecta a un 22% de la población afrouruguaya, mientras los blancos pobres representan un 8%. Disparidades semejantes se reproducen en los indicadores de niveles de estudio y de ocupación de puestos de trabajo.
En ese sentido, la legislación en vigor establece normas para favorecer la participación de los cerca de 300.000 afrouruguayos en la educación y en el mercado laboral.
Según la ley, un 8% de las plazas de empleo abiertas al año en instituciones y organismos estatales deben ser ocupadas por personas afrodescendientes que cumplan los requisitos.
“Reconocemos que en nuestra sociedad, el racismo y la discriminación racial, entre otras situaciones, continúan definiendo y condicionando las posibilidades, sobre todo, de la población afrodescendiente”, dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.