Opinion | 18 Oct Delegados de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y Ganadería, Agricultura y Pesca junto a representantes de la Intendencia de Canelones se reunirán en un cónclave mañana lunes para resolver la instrumentación de acciones conjuntas de monitoreo, control y sanciones ante la constatación de la tala indiscriminada de monte nativo en las márgenes del río Santa Lucía. La irregularidad se descubrió a raíz de un sobrevuelo con apoyo del Ministerio de Defensa, tras los anuncios de acciones concretas para la preservación de dicha cuenca, afectada por la actividad agroindustrial, el uso de agrotóxicos y el vertido de desechos industriales. La Intendencia de Canelones presentó varias denuncias, dos de ellas de carácter penal, relacionadas con el impacto de diversas actividades en esa zona.
A comienzos del año, el ministerio de Vivienda recibió una denuncia por la aparición de una mancha rojiza en el puerto de Nueva Palmira y posteriormente se confirmó que se trató de un problema en la operativa empresarial. Las manchas se confinaron a un sector del puerto y no afectaron a otras áreas, como la toma de agua de OSE que en dicha localidad se encuentra a unos 3 kilómetros al norte. Sin embargo, el ministerio informó que la empresa es pasible de una sanción de 300 UR (más de $230.000) por su omisión.
Hasta mediados del año, el ministerio aplicó multas que llevaron a una recaudación de $3.000.000 y la titular de la cartera, Eneida de León, aseguró que el monto “tiene que tener diferencias importantes que duela” a quienes no respeten las normativas vigentes e incluso la página web del Mvotma está habilitada para registrar denuncias. Unos días después, Vázquez advirtió que junto a la Universidad de la República se realizará un “control estricto” para detectar la presencia de contaminantes en río y arroyos y alertó que las sanciones económicas serán “muy severas”. Antes tales circunstancias, cualquier ciudadano advertirá la existencia de una posición monolítica en los criterios oficiales orientados al cuidado del medioambiente y su mensaje a quien transgreda la normativa.
Sin embargo, la apreciación será distinta si la empresa contaminante es otro organismo del Estado y eso quedó de manifiesto cuando fuentes cercanas a la presidencia de OSE dijeron a EL TELEGRAFO que “no le vamos a pasar factura a Ancap” por las decenas de miles de metros cúbicos de agua que hubo que tirar para purgar las tuberías y tanques contaminados por gasoil y que dejaron sin agua potable a una ciudad durante un día.
Parece que alcanzara con el “mea culpa” y reconocimiento a las fallas existentes en la comunicación entre entes estatales, en tanto OSE se enteró por denuncias de la población 16 horas después del hecho. Y aunque se confirmó el derrame de 200.000 litros al río, no ocurrirá absolutamente nada. Solo nos queda parafrasear a la ministra para entender que las diferencias de criterios son tan importantes “que duelen”, pero no precisamente al bolsillo.