Nacionales | 19 Oct La Suprema Corte de Justicia (SCJ) investiga a dos juezas del departamento de Treinta y Tres por presunta comisión de irregularidades y abusos de poder, informó la agencia EFE. La SCJ abrió sumarios administrativos contra la jueza penal Mariela Tejera y la de paz María Virginia Bajac, a raíz de las denuncias realizadas por particulares y por el Colegio de Abogados de Treinta y Tres.
Las denuncias refieren a presuntas situaciones de trato inadecuado hacia personas indagadas y abogados, así como supuestos abusos de poder fuera del ámbito judicial.
La información señaló que por aparentes irregularidades en el trato a personas investigadas y abogados, el colegio de letrados del departamento también incluyó en la denuncia a la fiscal penal Sandra Fleitas.

BAJARON LAS ADOPCIONES
A dos meses y medio de terminar el año, hubo en Uruguay 54 adopciones, menos de la mitad de las registradas en 2014 (109) y 2013 (115), cuando se aprobó la ley 19.092, que apuntaba a acelerar los tiempos del proceso, informó El País.
La directora del Departamento de Adopciones del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Beatriz Scarone, reconoció que la diferencia se debe a un “enlentecimiento” en la posibilidad de dar respuesta por falta de recursos humanos.
La última vez que ingresó personal al área fue en 2010 y, según Scarone, se han ido acumulando vacantes que no fueron cubiertas. “Nos preocupa a nosotros y también al directorio del INAU porque consideramos que el proceso no debería ser tan extenso”, señaló.
Hoy hay 321 solicitudes de adopción en diferentes instancias de valoración, 45 están en el Registro Único de Aspirantes (RUA), adonde están ingresando actualmente familias que iniciaron el proceso en 2012. Para entrar al RUA, sortearon previamente una charla informativa, cuatro talleres grupales mensuales y una valoración de psicólogo y asistente social, que no tiene un plazo establecido. “El cuello de botella se da después de los talleres, porque tenemos carencia de los profesionales que hacen la evaluación de las personas”, explicó Scarone.
En el RUA pueden estar meses o años, tiempo que depende más de las condiciones de las familias: si quieren adoptar un bebé será más y si no importa la edad, será menos.

POLÉMICA POR EL FONDO SOLIDARIO
“Nos preocupa mucho la poca participación que han tenido los aportantes” en las modificaciones al Fondo de Solidaridad que aprobó la Cámara de Diputados, declaró a No toquen nada el presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, Jorge Bergalli.
Las críticas son compartidas por la agrupación universitaria y el Sindicato Médico, el Colegio de Abogados, la Federación Médica del Interior, la Asociación de Fisioterapia y “varias agrupaciones gremiales” más.
“El Fondo empezó en el 94 y los 25 años de aporte se cumplen para la mayoría, en el peor de los casos, en 2019”, dijo Bergalli. Hasta ahora los aportes al Fondo eran por 25 años, pero eso se extiende en el articulado aprobado por Diputados.
La principal crítica es la forma en que se elaboró el proyecto incluido en la ley de presupuesto. “En algún momento, dentro del mismo Fondo, se trató de hacer un estudio serio, para lo que se llegó a un acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas”, pero luego al Fondo “le pareció muy oneroso, entonces contrató a dos técnicos”.
“No dudo de su capacidad técnica, pero hicieron un trabajo de menor calidad. Y a partir de eso hicieron este proyecto de ley que lo hizo aparentemente la presidencia o la gerencia general de Fondo, a espaldas de todo el organismo de gobernanza. Ni siquiera los delegados de la UdelaR tuvieron conocimiento de este proyecto hasta que apareció en la ley de presupuesto”, aseguró.
“Así no se manejan las cosas. Por lo menos, la UdelaR debería haber sido partícipe de la redacción”, dijo Bergalli. Además, se reclama que “no hay ninguna fundamentación en el proyecto de cuál es el motivo de estas reformas”.
Por esto, el Colegio de Contadores consultó al ministro de Economía, Danilo Astori, quien contestó que “todas las modificaciones que están en el presupuesto responden al programa de su fuerza política”. Según Bergalli el ministro no especificó en qué artículo del programa, pero aseguró que “era neutro fiscalmente, lo cual es un error”.
“Hay un error de cálculo importante: aumenta por lo menos un 10% los contribuyentes por el cambio de franjas y por la extensión de los plazos y el Fondo va a recaudar casi un 50% más a partir de 2020”, explicó.
Además, “los que iban a bajarse en 2019 tienen que seguir, capaz, hasta 2030 o más”. Bergalli también criticó que entre las modificaciones está la creación de un cargo rentado (gerencia general). “Si es fiscalmente neutro y se crean más gastos, porque una gerencia viene con toda una burocracia al lado, habrá menos becas. Entonces el objetivo no es generar más becas”, afirmó.
“Nos preocupa mucho la forma en que se ha hecho esto y la poca participación que han tenido los aportantes del Fondo. Acá no está en cuestión la solidaridad, en Uruguay somos todos solidarios con la plata de otros, pero nos preocupa que no se haya dado participación a los que realmente tenemos conocimiento”, sentenció.

COBRARÁN IMPUESTOS PARA FINANCIAR CÁMARAS
La instalación del sistema de cámaras de vigilancia en el departamento de Maldonado será financiada con una “tasa de seguridad” a todos los padrones del departamento. “Esta es una de las propuestas que estamos manejando para financiar el funcionamiento del sistema de vigilancia”, dijo Diego Echeverría, secretario general de la intendencia fernandina. “Hoy día la criminalidad se combate con tecnología. Estamos convencidos de que nosotros nos tendremos que hacer cargo de buena parte de este proyecto”, dijo.
Mejorar la seguridad pública y vial del departamento fue una de las principales promesas del intendente Enrique Antía en la campaña electoral y, para conseguirlo, proponía “instrumentar un sistema de prevención y protección ciudadana para colaborar y coordinar con el Ministerio del Interior”. Planteaba crear el Centro Estratégico de Monitoreo y Respuesta de Maldonado, a cargo de un sistema tecnológico con 200 cámaras de videoseguridad de alta definición, para “contribuir a prevenir y esclarecer todo tipo de situaciones que puedan afectar la seguridad pública”, como robos, accidentes de tránsito o zonas de venta de drogas, informó Subrayado.
La Jefatura de Policía de Maldonado ya cuenta con una sala de monitoreo de un sistema de doce cámaras de seguridad. El nuevo centro que proyecta la intendencia será emplazado en el edificio de la calle Rafael Pérez del Puerto que, hasta hace poco, albergó al Círculo Policial de Maldonado.
“El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, destacó los resultados obtenidos en la Ciudad Vieja de Montevideo. Nos va la vida en esto. Es un diferencial en materia turística que necesita Punta del Este para mantener su liderazgo”, dijo Echevarría.
Tampoco se descarta que el financiamiento del sistema de seguridad se concrete a través de un préstamo de algún organismo internacional. La idea es que el costo del sistema de varios millones de dólares sea diluido en los más de cien mil padrones que existen en el departamento esteño.