Opinion | 19 Oct Durante décadas, la inestabilidad de los gobiernos latinoamericanos desalentó el ingreso de capitales de riesgo, con democracias que en varios casos estaban prendidas con alfileres, que se alternaban con dictaduras y regímenes cívico-militares.
Es decir, quienes legítimamente podían venir en búsqueda de rentabilidad en sus negocios debían asumir un factor adicional de riesgo, por la incertidumbre política y la consecuente inestabilidad institucional y jurídica. En este contexto debemos evaluar los argumentos expuestos recurrentemente por diversos representantes de organismos financieros internacionales, que defendieron, este viernes en Rio de Janeiro, la importancia de la consolidación de gobiernos de confianza en Latinoamérica para el futuro desarrollo de la región.
“Es necesario mejorar la calidad de los gobiernos, no solo por temas de corrupción, sino por su papel al respetar los acuerdos público-privados”, dijo el director ejecutivo en Brasil del Fondo Monetario Internacional (FMI), Otaviano Canuto, al intervenir en la XXVI Asamblea del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
Canuto aludió parcialmente a la difícil situación que atraviesa actualmente Brasil, con una economía en recesión técnica y con su nota soberana rebajada en las últimas semanas por las principales agencias calificadoras de riesgo, que debe hacer frente a grandes necesidades estructurales.
“Lo que está ocurriendo hoy en Brasil, por muy doloroso que sea, es necesario, ya que permitirá a medio y largo plazo mejorar el gobierno”, señaló Canuto, quien reconoció la dificultad de hacer frente a un crecimiento negativo del Producto Bruto Interno (PBI) de hasta el 3% en 2015, según los cálculos del FMI apuntados por el director ejecutivo.
Por su parte, haciendo referencia a uno de los principales casos de corrupción de la región, el escándalo de Petrobras, el director de Planificación, Investigación, Acompañamiento económico y Gestión de riesgos del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil, João Carlos Ferraz, defendió a la empresa estatal brasileña. “Petrobras es víctima de un grupo de personas”, dijo Ferraz en referencia a la investigación por la que ya se ha condenado a varios empresarios, ejecutivos de la petrolera y políticos implicados en millonarios desvíos.
No hay región ni país ajeno a la corrupción en su diversidad de posibles manifestaciones, y la región latinoamericana, sobretodo en regímenes no democráticos, ha sido territorio propicio para obtener concesiones especiales por empresas, a través de sobornos o manejos por fuera de la legalidad, que han dado lugar en muchos casos a emprendimientos no sustentables o solo posibles con un marco legal o con nombre propio.
Pero para revertir este estado de cosas, es preciso que aquellos entuertos y la incertidumbre den paso a reglas de juego claras para los capitales de emprendimientos de riesgo, sin la amenaza de las expropiaciones al estilo Venezuela o incluso de la Argentina, que han dado lugar a verdaderas confiscaciones en determinados períodos, con la excusa de la lucha popular o de combatir ganancias excesivas.
Volviendo a la asamblea de Rio, debe evaluarse como positivo que se esté apelando en muchos países a la instrumentación de acuerdos público-privados para llevar adelante emprendimientos en infraestructura; por ejemplo, el director representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Brasil, Víctor Rico, se mostró optimista al señalar que la región ha desarrollado en los últimos años una gran experiencia en este campo si bien reconoció que aún falta camino por recorrer.
“En temas de regulación, creemos en la CAF que hemos de mejorar este aspecto”, concedió Rico, quien destacó que uno de los grandes retos de los actores económicos es “mitigar los riesgos de los proyectos”.
El director de la CAF reconoció que los organismos internacionales deben ayudar a que la calidad de los proyectos sea “la adecuada”, aunque evitó ser crítico con los políticos latinoamericanos, apuntando a que pese a los problemas, la región vive un período de “30 años de democracia”.
En fin, con luces y sombras, con resabios todavía de corrupción e incertidumbre en las reglas de juego, la región ha avanzado algunos pasos significativos en el camino de las certezas para los agentes económicos. Pero lo que se ha invertido y los avances que se han dado, con importante crecimiento en la última década, no han tenido la contrapartida de la sustentabilidad, por una serie de falencias que no solo parten del escenario institucional, sino de carencias de magnitud en infraestructura.
Precisamente, la mayoría de los conferenciantes coincidió en apuntar a la necesidad del desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica como uno de los grandes retos. Y para alcanzar ese objetivo, los organismos internacionales tienen un rol clave a la hora de dar seguridad jurídica y financiera.
Pero, claro, desde afuera no es mucho lo que se puede hacer, pues la responsabilidad radica en cada país, en cada gobierno, en cuanto a trabajar para dar seguridades, garantías y oportunidades para la inversión, tanto privada como por concesión y joint ventures por acción público-privada, por encima de coyunturas y factores ocasionales.