Opinion | 21 Oct Según evaluación del presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Ignacio Otegui, se ha abierto y sobre todo profundizado el período de caída en la actividad del sector, lo que no es una buena noticia, pero tampoco puede decirse que fuera inesperado, porque como todo proceso, lleva un tiempo en desarrollo que no ha podido ser revertido, si es que de alguna forma, desde el Poder Ejecutivo, se han ensayado medidas focalizadas para lograrlo.
Es que no hay muchas alternativas, porque pese a un sector dinamizador de otras áreas de apoyo, es a la vez altamente dependiente de la actividad económica del país, y no es posible generar un escenario ficticio para construir si al mismo tiempo no es sustentado por el desenvolvimiento de la economía.
En la últimas horas Otegui indicó al Suplemento de la Construcción de EL TELEGRAFO, en coincidencia con la conmemoración del Día de la Construcción, que “este es un año de desaceleración pronunciada, el primer año de los últimos once en que estamos con una caída durante todo el invierno”, a la vez de explicar que “el comportamiento cíclico de la industria, por lo menos desde el 2004 hasta el 2014, fue caída en diciembre, enero y febrero; en marzo y abril frenaba la caída y empezaba repuntar hasta noviembre. Este año es el primero desde esa fecha que, con los datos de agosto, la industria volvió a caer y estamos en el entorno de los 53.000 trabajadores ocupados, lo que implica que no ha dejado de caer en lo que va de este año”.
Recordó que posiblemente el mejor año para el sector en la última década ha sido el 2013, para luego derivar en una meseta y comenzar a declinar en 2014, cuando se perdieron 5.000 puestos de trabajo comparado con el año anterior, “y 2015 se está comportando un poco más acelerado de lo que teníamos previsto. Pero suponemos que va a cerrar el año con unos 53.000 trabajadores en obra, que son alrededor de 21.000 trabajadores menos que en el momento pico”.
El presidente de la cámara explicó las nutrientes del sector, y mencionó que el negocio inmobiliario de la vivienda representa el 24 por ciento de la demanda, la obra pública lo complementa con un 26 por ciento y el resto proviene de obras no vinculadas al negocio inmobiliario de la vivienda, es decir que es un requerimiento de obras que proviene fundamentalmente de actividades productivas que demandan infraestructura de apoyo.
En este sentido explicó el empresario que el hecho que Uruguay llega a un millón de hectáreas destinadas a la agricultura es un factor que explica un alto porcentaje de la demanda adicional del sector, con requerimiento de apoyo logístico y de infraestructura, a lo que deben agregarse emprendimientos en energía eólica, todo lo que apunta a que se constituye en el 50 por ciento restante de la demanda.
Nada indica que esta demanda condicionada pueda tener cambios en el futuro inmediato, y la expectativa en cuanto a la obra pública se traslada para después de la aprobación del Presupuesto Quinquenal, porque tras las definiciones deben venir los proyectos y la convocatoria a las licitaciones de rigor.
En Paysandú, con unos 1.200 trabajadores de la construcción en paro, indudablemente se siente con mayor rigor que el promedio del país --en Maldonado se da una situación similar-- y todo indica que de concretarse una reactivación el próximo año, ésta comenzará por obras en Montevideo y el área metropolitana, pero con mucha menor perspectiva en el Interior.
Respecto a las expectativas que generó el anuncio del presidente Tabaré Vázquez sobre la concreción de importantes obras de infraestructura, el empresario fue cauteloso en sus expresiones y dijo que “veremos cómo son los cambios que se introdujeron en la ley sobre Participación Público Privada. Solo si se corrigen adecuadamente estas normativas se podrá participar y no solamente en inversión vial”.
Pero el problema pasa inequívocamente por la desaceleración que se está dando en la economía, y sobre todo por la incertidumbre que se genera en cuanto a la repercusión en nuestro país del escenario externo, que ha cambiado, con una baja en el precio de los commodities, y consecuentemente con una perspectiva poco alentadora de generación y reciclaje de recursos desde el agro, consecuente menor demanda de infraestructura y de obras.
Peor aún, el déficit fiscal del 3,5 por ciento del Producto Bruto Interno acota seriamente el margen de gasto del Estado --o por lo menos debería-- y ello se tendría que reflejar en el presupuesto, a menos que se maneje alegremente recursos que no se tienen a cuenta de endeudamiento.
Sería muy poco criterioso --peor aún, suicida--, apuntar las baterías al uso de recursos de este origen, y lo que corresponde, tanto en tiempos de bonanza como de vacas flacas, es apostar a emprendimientos encarados con participación pública y privada, para lo que existe una ley regulatoria que todavía no ha generado la presentación de proyectos en el grado que se esperaba.