Opinion | 23 Oct Durante una disertación que desarrolló durante una hora en el tradicional almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, puso de relieve algunos aspectos que preocupan al Poder Ejecutivo en lo que refiere a la relación laboral y la proyección que sobre la conflictividad implica la negociación en los Consejos de Salarios.
Pero sobre todo, las reflexiones del secretario de Estado dan la pauta de lo que afecta a las posturas que se ha defendido durante largo tiempo el cambiar del lado de mostrador, cuando durante muchos años fue dirigente sindical, luego representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) y presidente del organismo, y ahora directamente representa al Poder Ejecutivo en el área del trabajo.
Así, el ministro reconoció que lo sorprendió el alto nivel de conflictividad, la “rapidez” con la que se generaron algunos conflictos, y la “intensidad” de otros. “En muchos países del mundo es habitual darle tiempo al gobierno que empieza, quizás acá como venimos por tercera vez se suponía que teníamos que arrancar de entrada, y así estamos, esta es la realidad que nos ha tocado. Soy hormonalmente optimista”, sostuvo ante empresarios.
Ocurre que en la época en que estaba del otro lado del mostrador, esos mismos gremios ejercieron una férrea oposición a gobiernos de los partidos tradicionales, a sin treguas al principio, al medio ni al final del mandato, pero desde el punto de vista gremial aquello que se hacía era muy razonable y defendiendo intereses legítimos, como mecanismo de lucha.
Sobre todo, ante el auditorio de empresarios y autoridades, Murro admitió que lo “enojan mucho” las ocupaciones que se resuelven como primera medida de lucha y los “incumplimientos” de acuerdos. “Me enojó mucho cuando el 1° de abril un empresario de Salto firmó que iba a pagar en 48 horas $100.000 a cuatro trabajadores y el 6 de abril vino y dijo que no pagaba nada porque no se le antojaba. Fue la primera empresa multada por incumplimiento”. Sin embargo también por parte de los gremios es práctica común no respetar los convenios, y por ejemplo las cláusulas de paz es bien sabido que son letra muerta.
Y respecto a las ocupaciones, debe evaluarse que fueron alentadas tanto durante la primera administración de Tabaré Vázquez como la administración de José Mujica, porque eran consideradas como una extensión del derecho de huelga, aunque eso sí, luego se restringió esa posibilidad solo a los edificios de dependencias del Estado, sin que se extendiera a los privados.
Las responsabilidades de gobierno, cuando se debe velar por el interés general y no el particular, permiten evaluar en su real dimensión que lo que unos dicen defender y reclamar como justo, por el medio que sea, no equivale a que sea de interés general y ni siquiera justo en el contexto global.