Opinion | 20 Oct De acuerdo a los datos aportados recientemente en Paysandú por Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social, si bien el trabajo informal descendió en los últimos años, en el Uruguay subsiste un esquema socioeconómico muy complicado que determina que todavía haya un 22 por ciento de trabajadores en negro, sin cobertura de ninguna especie, que no cuentan con aportes por ejemplo para acogerse en su momento a los beneficios jubilatorios.
El director expresó en la oportunidad que “en Uruguay existen dificultades para una plena formalización laboral, y ese debe se vincula a la inexistencia de políticas activas de empleo. Por lo tanto la formalización se explica por el lado de la negociación colectiva o diferentes programas emanados del BPS u otras instituciones”.
Acorde a lo expresado por Ruiz, “no hubo una política permanente y sistemática que apunte a la creación de empleo con calidad ni a la formalización de ese 22 por ciento aproximadamente de uruguayos que se encuentra en la informalidad y excluido de la seguridad social”.
Evaluó además que “cuando esto ocurre, seguramente esas personas tienen otros problemas que pasan por sus derechos laborales, trabajan más horas de las que corresponde, les pagan menos y no están cubiertos frente a cualquier contingencia que ocurre en su trabajo tales como la salud u otra prestación del BPS”.
Asimismo consideró que “el hecho de tener un trabajo formal implica una cantidad de beneficios y cuando un trabajador se encuentra en la informalidad, ni siquiera se le ocurre reclamarlos, porque lo único que le interesa es trabajar bajo cualquier condición”, en tanto acotó que “este 22 por ciento implica unos 400.000 uruguayos en la informalidad, pero detrás de estos datos se encuentran las empresas que violan las disposiciones legales, y no debemos pensar que son trabajadores que no quieren avanzar, sino que existen patrones que no hacen ningún tipo de aportes a la seguridad social”.
El punto de vista del director del BPS es compartible en sus conceptos, y partimos de la base por ejemplo de que si todos aportáramos, todos podríamos estar mejor, tanto los empresarios como trabajadores y los demás integrantes del tramado social, porque significaría que cada uno asume plenamente sus responsabilidades frente a la sociedad, haciendo valer por lo tanto legítimamente sus derechos, en tanto cumple con sus obligaciones.
Pero sin dudas la realidad es mucho más compleja que este análisis desde el punto de vista de la representación de los trabajadores en el BPS, porque este factor indeseado del trabajo ilegal, por el no pago de aportes, hace referencia a un desequilibrio del mercado de trabajo, entre la oferta y la demanda, que hace que quiérase o no el trabajador esté en una situación de indefensión ante quien contrata, porque este último, como regla general, en trabajos que requieren escasa o nula capacitación, por cada uno que se presenta hay diez, 50 o 100 que están dispuestos igualmente a ocupar ese puesto de trabajo, aun informalmente.
Y por otro lado, por necesidad, por la situación laboral, el mercado de trabajo o lo que fuere, hay una masa importante de cuentapropistas que tienen aún menos posibilidad de hacer valer sus derechos en el mundo del trabajo, que no tienen tampoco horario, licencia, aguinaldo y aportan, en el mejor de los casos, como monotributistas, muchas veces condicionados a que para pagar estos aportes regularmente deben restarlos de sus menguados ingresos y optar entre estar en la legalidad o llevar el sustento diario a su familia.
Y la realidad puede más que mil supuestos, porque además, es cierto, muchos empresarios tienen total o parcialmente a trabajadores en negro --generalmente empresas pequeñas-- restando por lo tanto la posibilidad de cobertura de seguridad social y de salud a los funcionarios.
Ocurre que, por otro lado, buena parte de estos emprendimientos deben absorber fuertes costos para subsistir, por imposición del Estado desde el punto de vista tributario y cargas sociales, así como por tarifas públicas caras, caso además de la energía, y mercados reducidos, en muchos casos.
Ello genera disyuntivas de hierro, donde no hay opciones positivas, sino menos malas que otras, y una podría ser la de mantener abierto el emprendimiento o cerrar definitivamente por los costos. A la vez, las empresas que hacen el esfuerzo de pagar todos los aportes legales y estar al día, también deben hacer frente a la competencia desleal de quienes no están en ese camino, por lo que ello afecta la rentabilidad de quienes se esfuerzan por trabajar dentro de la legalidad.
Ello da la pauta de un escenario en el que surge claramente que el informalismo es perjudicial para todos, y a la vez debe tenerse presente que la evasión, que es un delito, se propicia cuanto mayor sea el costo que impone el Estado para quienes tienen un emprendimiento o trabajan.
Por lo tanto, si bien la responsabilidad primera es de las empresas que hacen lo que no deben hacer, empujadas o no por la necesidad de subsistir en muchos casos, también está la responsabilidad directa del Estado, por aplicar gravosos costos a quienes asumen emprendimientos de riesgo, en el área que sea. Además, no defiende como debe a quienes actúan legalmente, no aplica controles o solo lo hace a quienes están registrados y a la vez con su gran burocracia e ineficiencia impone costos adicionales a todo el que trabaja para generar riqueza, lo que revela que quien controla, es además gran parte del problema.