Opinion | 27 Oct En Uruguay hay aproximadamente 300.000 hectáreas de espacios naturales ricos en flora y fauna que se encuentran protegidos. Los avances en materia de consolidación de las áreas protegidas del país han sido notorios en los últimos años, no sólo a través de la incorporación de nuevas áreas, sino también con el establecimiento de vínculos con las comunidades locales y el trabajo de puesta en marcha de planes de gestión que con distinto nivel de intensidad se han comenzado a desarrollar.
En este contexto, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que prevé castigar con tres meses a seis años de penitenciaría a personas que cacen, maten o se apoderen de animales en superficies incluidas legalmente en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La norma vigente, que se pretende sustituir, indica que la sanción solo podrá ser de carácter económico.
El proyecto de ley incorpora un artículo del Código Rural a la Ley 17.234, que declaró de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Aéreas Naturales Protegidas. Se entiende que “las normas no son suficientes para disuadir a los cazadores clandestinos de incurrir en conductas punibles”, y que “si bien la caza de animales silvestres se encuentra regulada, la caza irregular es objeto de sanciones de carácter económico, no existiendo penas privativas de libertad para tales conductas”.
Además refiere a prohibición de cazar por la noche desde vehículos con armas de fuego dentro de un radio de 3 kilómetros de centros poblados o escuelas rurales, en caminos públicos o sin consentimiento del propietario.
La modificación legal propuesta se basa en la constatación de la existencia de conductas peligrosas, por parte de personas que ingresan al Parque Nacional Anchorena con el fin de cazar animales silvestres que se encuentren en las áreas naturales protegidas, mediante la utilización de armas de fuego. Como es sabido, dicho parque pertenece a la estancia presidencial de Anchorena, por lo que cabe suponer que si los cazadores furtivos llegan hasta allí para cazar, aún a sabiendas que se trata de un predio vigilado, similares acciones en perjuicio de la fauna nativa también estén ocurriendo en los ecosistemas naturales se detectan en base a hechos consumados.
El medio ambiente como un derecho humano y la biodiversidad como valor, son aspectos fundamentales por los que existen las áreas protegidas. Si hay irresponsables que atentan contra ellos, incurriendo en conductas prohibidas con efectos dañinos sobre lo que se pretende proteger, parece lógico pensar en penas más severas.