Opinion | 27 Oct Tras sondeos en los últimos quince o veinte días, para evaluar la respuesta que podría lograr en el empresariado, y posterior serie de reuniones la semana anterior el gobierno logró reeditar un acuerdo de precios, considerado por el Poder Ejecutivo como una herramienta clave para tratar de aliviar las presiones inflacionarias en lo que queda del año.
En esta nueva instancia hubo contactos con ejecutivos de la industria, los importadores y los supermercados, para acordar que 40 familias de productos con alrededor de 1.500 variedades y presentaciones que van desde alimentos envasados, bebidas, hasta artículos de tocador e higiene personal, mantendrán su precio al menos durante noviembre y diciembre.
La última reunión fue encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el subsecretario de esta cartera, Pablo Ferreri, y el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, oportunidad en la que según se supo, los empresarios trasmitieron su voluntad de “colaborar” para que la inflación no se incremente y destacaron “el esfuerzo” que representa mantener los precios en la última parte del año, cuando se incrementan la venta de productos y las empresas pueden “ganar algún peso extra”.
El equipo económico “agradeció el esfuerzo” y se comprometió a que no haya “desvíos” en variables como el dólar, los salarios y las tarifas públicas, entre otras, que son claves en los números de las empresas.
Como es notorio, entre otros factores para permitir que se cumpla el acuerdo figura el precio del dólar, por cuanto si bien el acuerdo no está sujeto a un tope específico en el precio de la divisa, sí existe el compromiso del gobierno de “revisar su viabilidad” sobre fin de año y comienzo de 2016. Si en ese momento las empresas no tienen ninguna objeción la medida se extenderá hasta el 31 de enero, que es la idea original planteada por el gobierno.
Hay experiencia de otros períodos con precios “congelados” y si bien desde el gobierno se ha señalado que ha servido para contener la inflación, la realidad no es tan optimista.
Hasta ahora los acuerdos de precios nunca se han extendido por 90 días. Por ejemplo, en 2014 la medida fue por 75 días y cuando caducó, la alternativa fue que se aplicara con más flexibilidad por el lapso de un mes. Eso implicó que dejara de haber una lista y las decisiones quedaran abiertas a la política de cada empresa.
La medida que se instrumentará en esta oportunidad comenzará a regir el 1° de noviembre, por lo que queda un período de una semana antes de su vigencia, y la experiencia no es positiva en este sentido, por cuanto es notorio que la “congelación” que supuestamente se dio anteriormente fue sobre precios remarcados días antes, e incluso durante el período de vigencia.
Tanto es así, que ya las empresas han dejado saber que realizarán remarques de precios antes de fin de mes. El presidente de la Asociación de Importadores Mayoristas de Productos de Almacén, Fernando Melissari, dijo a radio Carve que “es lógico que va a haber aumentos anticipados”.
A diferencia del anterior acuerdo, la nueva edición incluirá la publicación de la lista de productos. Esto tendrá distintas modalidades y quedará a criterio de lo que decida cada supermercado. Así habrá comercios que publicarán la lista a la entrada del local, otros confeccionarán mailing y otros marcarán con un distintivo los productos en la góndola.
Esta modificación se incluyó a pedido de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) para darle “mayor transparencia” y así permitir que los consumidores tengan “información precisa” sobre los productos y los precios.
Pero es imposible hacer magia en la cadena de precios, que no los fijan ni siquiera las grandes superficies más allá de un corto período, pese a su carácter prácticamente monopólico, y cuando hay un dólar que ha tenido un incremento significativo, al igual que la inflación cercana al 10 por ciento, reajustes salariales y alta presión impositiva y de tarifas públicas, es difícil pedir al empresario que absorba las diferencias y se quede sin rentabilidad.
“Es lógico que en octubre va a haber aumentos de precios anticipados, no se lo voy a negar”, dijo Fernando Melissari, dirigente de la Asociación de Importadores Mayoristas de Almacén, dando una pauta de que efectivamente se está abriendo el paraguas ante la realidad.
Estamos ante una buena intención, porque abatir la inflación constituye en buena medida proteger a los sectores de menores recursos de la población, que están haciendo frente a los aumentos en artículos de consumo diario, sobre todo en el rubro alimentación, pero en un contagio a toda la economía, que a la vez realimenta costos y por otro lado también hace diluir la ventaja que presenta el aumento del valor del dólar para los exportadores, que solo están recuperando parcialmente la competitividad por esta causa.
Todo indica que nuevamente la idea es ganar tiempo, evitar que antes de fin de año los índices de inflación lleguen al 10 por ciento, y se pase a valores de dos dígitos, por lo que la idea es que de alguna forma esta congelación se refleje en el Índice de Precios al Consumo (IPC) y no a la realidad, porque como hemos visto y sufrido, esta congelación anterior fue vulnerada sistemáticamente, y las góndolas de los supermercados en Paysandú lo pusieron de relieve crudamente.
No puede pedirse a los empresarios ni a la población que asuman por sí solos los costos de esta estabilidad que todos deseamos, si por otro lado la pata que resta y que es la que está en falta, el Estado, sigue aplicando elevados impuestos y tarifas públicas, la energía más cara de la región, cargas sociales e ineficiencia, sin hacer lo que tiene que hacer, racionalizando recursos y abatiendo el gasto para que todos podamos vivir un poco mejor.