Locales | 29 Oct La Intendencia Departamental de Paysandú deberá pagar doce millones de pesos (400.000 dólares) por un juicio con fallo adverso y por una instancia de conciliación para evitar un juicio por un monto superior. Al mismo tiempo pretende cobrar 230.372.000 pesos (7.679.000 dólares) por la recuperación de adeudos o liquidación de propiedades de 20 grandes deudores y el remate de tres inmuebles de tres deudores contumaces. Además, ordenó una investigación administrativa en referencia a la administración de una obra que desembocó en una deuda, la que se suma a la que ya está en trámite, para investigar la gestión jurídica en el juicio que fue fallado en su contra.
Así se explicó por parte del intendente Guillermo Caraballo y el encargado de Asesoría Letrada, Federico Álvarez Petraglia.

JUICIO DE LOS EXEMPLEADOS DE MIR
Como fuera informado, los exempleados de la empresa Mir iniciaron una instancia jurídica hace ya varios años, durante la administración Pintos, que en su parte principal fue sustanciada durante la administración Bentos. A poco de asumir, Caraballo anunció que se encontraba ante una “cosa juzgada” y que la perspectiva era pagar 19 millones de pesos, unos 630.000 dólares. Al mismo tiempo anunció que iniciaría acciones legales para tratar de reducir ese monto.
Ayer se confirmó que el Juzgado Letrado de 6º Turno falló dando parcialmente razón a la Intendencia, lo que hizo reducir el monto total a pagar “a prácticamente la mitad”, dijo Caraballo, una cifra “muy cercana a los diez millones de pesos”, indicó Álvarez Petraglia. “La presentación judicial que hicimos, cuestionando la liquidación, dio por resultado que la Justicia entendiera los argumentos manejados por la Intendencia casi en su totalidad, por lo cual la Intendencia terminó condenada en definitiva a casi diez millones de pesos”, cifra sensiblemente menor a los 19 millones de pesos iniciales.
“Incluso pudimos tener éxito en otros rubros que cuestionamos, pero la sentencia estableció que entendía el esfuerzo legítimo de la Intendencia, pero que existieron oportunidades procesales que se tuvieron que efectuar en tiempo y forma”, agregó Álvarez Petraglia. “Esto deja en claro la muy mala gestión de este juicio por parte de la administración anterior (de Bertil Bentos), tanto que incluso la Suprema Corte de Justicia le había rechazado un recurso”, subrayó.
El pago de los “casi” diez millones de pesos se hará en tres cuotas iguales y consecutivas durante los próximos tres meses.

CONCILIACIÓN CON CONSTRUCTORA
Por otra parte, la Intendencia llegó a un acuerdo jurídico con la empresa Pacífico, constructora de la semipeatonal de 18 de Julio entre Montecaseros y 33 Orientales, por el cual deberá pagar dos millones de pesos (66.000 dólares) en lugar de los siete millones de pesos (233.000 dólares) que pretendía el empresario, lo que significa una quita de cinco millones de pesos (167.000 dólares).
El titular de Asesoría Letrada informó que “nos encontramos con que los avances de obra se fueron pagando con enorme atraso, de 200, 300 y hasta 400 días, lo que derivó en una situación cercana al juicio civil. Como se sabe, antes de alcanzar esa etapa se debe acceder a una de conciliación entre las partes”. La empresa pedía siete millones de pesos “por intereses por atraso en pago” y por “otros dos rubros”, pago de leyes sociales y pago de reposición de adoquines.
“Tras una larga negociación, hemos podido retirar dos de esos rubros, porque se entendió en buena forma que así debía ocurrir pero por nuestra parte acordamos el pago de dos millones de pesos por intereses. Eso ocurre porque en cada avance de obra, la Intendencia introduce una forma, que debe ser completada por el director de obra” por parte de la Intendencia, quien lo ingresa para el pago “que debe realizarse entre 60 y 90 días; pero jamás 400 días después”.
Ante esto, la Intendencia “decidió una investigación administrativa” que se suma a la que está en proceso con respecto al caso Mir, “para que se determinen si hubo responsabilidades, tanto de los funcionarios de carrera que continúan trabajando en la Intendencia, como responsabilidades políticas”.

COBRO A GRANDES DEUDORES
Por otra parte, se reafirmó lo ya anunciado en el sentido que la administración va por el cobro a 20 grandes deudores, por un monto global de 160.372.000 pesos, unos 5.345.000 dólares. Las deudas son por tributos a la propiedad. Quince responden a inmuebles en zona urbana y los restantes cinco a campos en zona rural.
De todas maneras, este monto debe tomarse como indicativo, pues probablemente se reduzca de acuerdo a las propuestas que hagan los deudores --para el caso que se presente-- que pueden derivar en quitas y descuentos, en el marco de negociaciones de cobro y pago.
“Hemos hecho una serie de intimaciones a esos grandes deudores y la administración seguirá adelante contra quienes no den señales de avenirse a conversar un plan de pago”, indicó Álvarez Petraglia. “De parte de la Intendencia la posición es dura, porque queremos recuperar el dinero de todos los sanduceros, pero al mismo tiempo permitirá la negociación, en la medida que no queremos quitarle el techo a nadie”, agregó. Esa expresión, que en el marco de intento de pago a grandes deudores sonó extraña, fue explicada indicando que “hay algún caso en que la deuda ha sido heredada de familiares ya fallecidos y la situación económica actual es compleja. En esas situaciones, si hay interés de pago, habrá acuerdo y planes de pago beneficiosos”.

TRES INMUEBLES A REMATE
Finalmente, también se anunció que tan pronto como el conflicto sindical de los empleados judiciales lo permita se procederá al inicio de las acciones tendientes a rematar tres inmuebles que en conjunto mantienen una deuda de tributos de 70 millones de pesos (2.330.000 dólares). “Se trata de tres inmuebles muy importantes de la ciudad, ya embargados, y cuyos propietarios hasta el momento no han dado señales de estar interesados en actualizar su situación, procediendo al pago”, destacó Álvarez Petraglia.
“Iremos a remate si es necesario, aunque la Intendencia estará dispuesta hasta el final a no llegar a ese extremo si hay pago. No es que queramos rematar por rematar esos inmuebles”, dijo y recordó que “todos saben los precios de los remates judiciales, por lo que probablemente no se pueda obtener el pago total de la deuda”. Pero eso no implica que la Intendencia está dispuesta a perder la oportunidad de cobro porque “al momento de escriturar ahí estará --si correspondiera-- el saldo de deuda y alguien deberá pagarlo”.

DORMIR TRANQUILO
El intendente Caraballo, que tuvo escasa participación en el encuentro con la prensa, aseguró: “Yo puedo dormir pocas horas, eso está bien, forma parte de mi compromiso, pero quiero dormir bien las pocas horas que pueda. Y para eso, hay que hacer lo que sea necesario. Y gran parte de esa posibilidad de dormir bien pasa por estar seguro de que quienes están en Asesoría Letrada (cinco abogados) cumplen su trabajo a cabalidad”.