Paysandú, Lunes 02 de Noviembre de 2015

Diputado Olivera fustigó el “ninguneo” del Poder Judicial al no darle recursos

Locales | 31 Oct El diputado sanducero Nicolás Olivera fustigó duramente en Cámara el tratamiento presupuestal que ha dado el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, al retacearle recursos, así como las modificaciones incorporadas por iniciativa gubernamental al articulado del Código General del Proceso.
A juicio de Olivera, el Poder Ejecutivo instrumenta “un plan deliberado --me hago cargo de lo que digo-- para restar trascendencia y disminuir el lugar que ocupa el Poder Judicial dentro de la estructura institucional del país. Puede ser que en un presupuesto, que tiene muchas cosas para atender, haya sectores del país que resulten menos favorecidos que otros, pero cuando asistimos a que con una norma se busca ningunear, retacear, minimizar el rango de acción de un Poder del Estado, no estamos hablando de situaciones aisladas: ahí hablamos de un plan deliberado, en este caso, en manos de un partido de gobierno que trata de pisar a un Poder del Estado”.
El representante de Alianza Nacional recordó que, “por lo que nos decía la intergremial de los trabajadores del Poder Judicial cuando asistieron a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, por primera vez en la historia concurrían juntos magistrados, defensores de oficio, actuarios, fiscales y funcionarios, porque veían que, en una actitud que no tenía precedente, el Poder Ejecutivo ni siquiera había recibido al Poder Judicial para tratar su mensaje presupuestal”. Por eso, el diputado evaluó que “la cuestión no es que esto no entra dentro las prioridades. Es mucho más que un ninguneo: es una acción deliberada. Lo cortés no quita lo valiente, por lo que perfectamente el Poder Ejecutivo podría haber convocado al Poder Judicial y decirle: ‘Miren, no estamos en condiciones de hacer un esfuerzo presupuestal’. Pero tampoco es un tema de plata, porque hay cosas que no tienen costo y tampoco las llevan. Aparte, en forma oblicua, a través de la modificación de algún artículo del Código General del Proceso que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando ahora, otra vez, por medio de negación de justicia, se busca perjudicar a los propios intereses del Poder Judicial, que hoy está en conflicto”.
“Así lo hemos visto en el decurso de la discusión, tanto en la Comisión de Presupuesto como en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, y en el debate que se ha dado aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, el ministro del Interior nos dice que vienen haciendo las cosas de manera formidable, pero que la culpa es del Poder Judicial: ellos agarran a los chorros, los llevan al Poder Judicial, pero es este el que los larga”, señaló.
A la vez, “cuando tenemos un instrumento legal aprobado, como es el nuevo Código del Proceso Penal y hay una expectativa tremenda para ponerlo en funcionamiento, no va ni un peso al Poder Judicial para que pueda cumplir con esa labor”.
Subrayó que “cuando hablamos de la constitucionalidad de las leyes en la Cámara y cuestionamos algunas decisiones, algunas votaciones y algunos artículos que se vienen y decimos que tienen visos de inconstitucionalidad, ¿qué se nos dice? ‘Tranquilos, muchachos, esto lo resuelve el Poder Judicial’. Entonces, estamos delegando responsabilidades, estamos atribuyendo más cargas a un Poder del Estado sin darle las herramientas que debe tener y, como decía algún legislador hace un rato, ¡vaya si será importante al momento de hablar de la calidad institucional de un Poder Judicial que es confiable en el país!”
“Hoy sentimos que, con el mensaje presupuestal y la decisión que se va a adoptar, se le está poniendo un clavo al ataúd del Poder Judicial, que es el que debe controlar a los otros poderes. Y, lamentablemente, advertimos cómo en los últimos años cada vez tiene más ‘clientes’ de parte del sector público”, sostuvo.
“Se dice que no es prioritario y hay que decir que lamentamos notar cómo otras cuestiones son prioritarias en el presupuesto, no así el Poder Judicial como, por ejemplo, destinar 15.000.000 de pesos anuales para el Instituto del Control y Regulación del Cannabis, y lo hemos dicho. Resulta que para la marihuana hay recursos, pero para el Poder Judicial, lamentablemente, no”, enfatizó el legislador sanducero.


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