RESOLUCIÓN DE LA DINACIA

Locales | 27 Oct La Junta de Infracciones de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) entiende que corresponde una sanción de “apercibimiento” a diario EL TELEGRAFO como consecuencia de la denuncia de ALUR, presentada en el expediente 857/15 tras las fotos publicadas el 21 de junio de este año, que dejaron en claro lo que ALUR ocultaba: el derrumbe parcial de uno de los galpones que la empresa posee en su planta de Nuevo Paysandú. La determinación de la Junta de Infracciones ahora debe ser aprobada por ambas partes (EL TELEGRAFO y ALUR) para habilitar la redacción de un Proyecto de Resolución o recurrida por una o ambas.
No obstante, si bien en parte da la razón a EL TELEGRAFO, la Junta de Infracciones de la Dinacia apunta a la libertad de prensa y a la libertad de expresión basándose en una ley de la dictadura militar, en un decreto del mismo gobierno de facto (firmado por el entonces presidente Aparicio Méndez), en un decreto sobre fotografía aérea de 1994 y en la única resolución que se refiere concretamente al uso de drones, que precisamente da la total razón a EL TELEGRAFO.
NO SE ANUNCIÓ EL
VUELO DEL DRON CON FINES
DE INVESTIGACIÓN
La lectura de lo que “entiende” la Junta de Infracciones deja en claro que se pretende hacer aplicables a piezas jurídicas pensadas para otras circunstancias y eso directamente apunta contra la libertad de prensa. Llega al límite de sostener que para usar un dron con capacidad para obtener fotografías y videos en “zonas libres”, como con toda claridad la propia Junta determina al área de ALUR en Nuevo Paysandú, debe procederse a la inscripción en el Registro de Operadores de Sensores Aeroespaciales de la Dirección General de Aviación Civil, que otorga licencias con validez anual.
Eso lo determina el decreto 314/994, aunque claramente se refiere a aeronaves y no a drones (esa tecnología no estaba disponible de manera general en 1994). Pero, según la Junta de Infracciones, EL TELEGRAFO debe cumplir no solo con esa inscripción, sino con otras cosas que ese mismo decreto exige, lo que incluye la “finalidad del trabajo”, la “fecha de iniciación de los vuelos y duración aproximada de los mismos”, “zona, objeto o lugar a registrar, indicados en forma precisa y delimitada su ubicación exacta, adjuntándose un croquis aclaratorio de todo ello”, “presentarse con antelación no menor de 5 días a la fecha en que se tenga el propósito de realizar el vuelo”.
Nada de eso, al menos en un sistema de gobierno democrático como en el que Uruguay vive hoy, puede ser aplicado al trabajo cotidiano de un medio de prensa salvo que --precisamente-- se tenga en mente coartar la libertad de prensa y de expresión.
Es como si el Ministerio del Interior se viera obligado a notificar a quien es sospechoso de un delito que será detenido en tal día, a tal hora y en tan lugar. Si la prensa está investigando un hecho que es ocultado, mal se puede pretender que se hagan todos esos trámites previamente. Por otra parte, sería inaplicable para ilustrar cualquier noticia –por ejemplo una inundación—justamente por el carácter imprevisible del evento. Lo que corresponde --porque es una de las responsabilidades que la sociedad pone en los medios de comunicación masiva-- es proceder a la investigación con las herramientas que la prensa tenga a su alcance para encontrar la verdad en todo caso que sea de interés público.
La destrucción parcial de un galpón de una empresa pública --bajo derecho privado-- que maneja productos altamente peligrosos, frente a una zona densamente poblada, sin que esa industria muestre interés en dar a conocer la situación, sino, por el contrario, de manera manifiesta elija ocultarla, es claramente un hecho de interés público. Y es responsabilidad de los medios de prensa investigarlo tan profundamente como sea posible.
La Junta de Infracciones de la Dinacia entiende que “surge acreditado de los respectivos informes que el diario EL TELEGRAFO S.A. no ha cumplido con lo establecido en el decreto Nº 314/994 al realizar tomas fotográficas sin haberse registrado previamente ante la autoridad correspondiente” y que el mismo decreto establece “en su artículo 1.17 que ‘las contravenciones a lo dispuesto por la presente reglamentación serán sancionadas en la forma prevista en el Título XVI del Código Aeronáutico...’ (redactado y aprobado durante la dictadura militar, corresponde subrayar), de esta manera y tomando en cuenta lo informado precedentemente, ha quedado constatado en forma fehaciente que se produjo un incumplimiento a la normativa vigente por parte de la empresa”.
Por tanto, indica que corresponde “aplicar una sanción de ‘Apercibimiento’ a la empresa EL TELEGRAFO S.A. de acuerdo con lo previsto por el artículo 192 y siguientes del Código Aeronáutico Ley Nº 14.305 del 27 de noviembre de 1974 y el decreto 314/994 del 5 de julio de 1994, por efectuar tomas fotográficas sin haber realizado el registro previo correspondiente”.

UNA ADVERTENCIA
DE CASTIGO MAYOR
Un “apercibimiento” es una figura jurídica que advierte de una próxima sanción en caso de persistir en un error o falta. Apercibir es aplicar una corrección disciplinaria que consiste en anotar una infracción al culpable y que, en caso de que se repita, dará lugar a una sanción más grave. Puede ser entonces, la justificación jurídica para hacer una advertencia.
Es así de claro en tanto el artículo 192 del Código Aeronáutico (ley Nº 14.305) determina que tras el apercibimiento, corresponderá una multa de hasta un millón de Unidades Indexadas (3.204.600 pesos al valor de la víspera), inhabilitación temporaria hasta diez años y cancelación de la concesión o autorización. Con lógica, aparecen dudas --al menos-- de las circunstancias en que un medio de prensa pudiera ser castigado con los dos últimos ítems.

DECISIÓN CONTRADICE
RESOLUCIÓN DE LA DINACIA
Un aspecto francamente sorprendente de lo que entiende la Junta de Infracciones de la Dinacia, que quiere imponer un “castigo de apercibimiento” a EL TELEGRAFO basándose en el decreto Nº 314/994, es que desconoce de manera expresa la resolución 291/2014 de la propia Dinacia.
Esa pieza jurídica es la única específica al uso de drones o UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), que establece pues “el avance de la tecnología ha dado lugar a la proliferación en el uso por parte de la población general de un conjunto heterogéneo de dispositivos aéreos operados a distancia para la realización de actividades recreativas y/o comerciales, bajo las más diversas denominaciones tales como ‘drones’, UAV, etc.”.
Allí se divide en categorías a los drones. La primera es la de “Dispositivos Aéreos Operados a Distancia - Menores, de hasta 25 kilos de peso de lanzamiento”, dentro de la que se inscribe el dron usado por EL TELEGRAFO, un cuadricóptero DJI Phantom 2, con un peso máximo de despegue de 1,3 kilos.
La resolución determina que ese tipo de dispositivos “no requiere registro, certificado de aeronavegabilidad, licencia ni autorización o permiso para el operador. Las limitaciones son que no puede operar en espacios aéreos controlados o en la zona de tráfico de aeródromos, salvo autorización otorgada por la autoridad ATM (Control de Tránsito Aéreo), por encima de los 120 metros y que el vuelo debe realizarse en línea directa de vista.

NO SE CONSIDERA UNA
ACTIVIDAD REMUNERADA
Otro aspecto igualmente sorprendente del escrito de la Junta de Infracciones de la Dinacia, firmado por su presidente, el coronel (Nav.) Guillermo Gurbindo, es que queda atenuada la “responsabilidad” de EL TELEGRAFO porque la operación del dron no implicó una actividad remunerada, porque “no puede afirmarse con certeza que por el uso del dron se haya obtenido en forma directa un beneficio por la posterior publicación del material fotográfico, ni afirmar que existió entre ambos un vínculo de carácter intrínseco como para pensar que la utilización del dispositivo haya sido factor determinante para la venta del periódico, porque no subsiste exclusivamente ni en forma principal de la publicación de fotografías realizadas desde un dispositivo operado a distancia”.
Se abunda en detalles al sostener que “distinto sería si, a modo de ejemplo, el diario hubiera contratado a una tercera persona y/o empresa para que realizara las tomas fotográficas, constituyéndose así en forma palmaria en una ‘actividad remunerada’, debido a que en este caso se estarían comercializando registros fotográficos de modo tal que se configuraría lo que la resolución de la Dinacia Nº 291/2014, en su numeral 6, considera como ‘Trabajo aéreo’, remitiéndose al artículo 122 del Código Aeronáutico Ley Nº 14.305, del 29 de noviembre de 1974 y al decreto Nº 39/977 del 31 de enero de 1977”.
Corresponde indicar, para que quede claro, que ese artículo establece: “Servicio de trabajo aéreo es aquel efectuado mediante utilización de aeronaves con carácter remunerado y no comprendido en el capítulo anterior. Para la prestación de estos servicios se estará a lo que establezca la reglamentación”.

ZONA DE VUELO LIBRE
Un aspecto central de la denuncia de ALUR es que el espacio aéreo de su planta en Nuevo Paysandú sea determinado como “zona de vuelo prohibido”. Sobre el particular, la Junta de Infracciones determina “que en referencia a la solicitud realizada por ALUR S.A. a fojas 1 de los presentes, se sugiere efectuar copia fiel de la misma y confeccionar pieza por separado con el fin de remitirla a la Dirección de Circulación Aérea a sus efectos”.

UNA HISTORIA DE INFRACCIONES
De aplicarse la norma tal como la Dinacia expone, corresponde de nuestra parte aclarar que a lo largo de la historia EL TELEGRAFO ha faltado a la reglamentación en infinidad de oportunidades, tal como lo han hecho --y lo seguirán haciendo— prácticamente todos los medios de prensa del país, así como ciudadanos comunes, empresas publicitarias, paracaidistas, parapentistas, aeromodelistas, productores rurales, etcétera. Incluso con el aval de la propia Fuerza Aérea, por ejemplo cuando ha invitado a los medios a tomar imágenes de zonas de desastre desde el aire en una aeronave del arma --vuelo en helicóptero sobre Colonia Juan Gutiérrez, el 29 de noviembre de 2009; vuelo a Salto Grande, el 25 de noviembre de 2009--. Pero también en acontecimientos como el Encuentro con el Patriarca --del cual incluso la Intendencia ha realizado videos desde el aire--, la Semana de la Cerveza –en la edición de 2014 hubo cuatro drones tomando imágenes, que probablemente no estaban registrados--, investigaciones que hemos llevado a cabo, etcétera.
Hoy los “drones” son usados para publicidades de todo tipo, y hasta para tomar imágenes de los “exteriores” de cumpleaños de 15 o casamientos, o eventos sociales como la llegada de los novios a la iglesia o a un salón de fiestas.
La reglamentación que la Dinacia pretende aplicar discrecionalmente es por lo tanto anacrónica, y claramente intimidatoria contra EL TELEGRAFO y la libertad de prensa.