Opinion | 01 Nov Por impulso del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y con la firma de representantes nacionales de todos los partidos políticos con representación está en el Parlamento una propuesta que promueve que al menos el treinta por ciento de la publicidad oficial sea destinada a medios de comunicación radicados en el Interior. La normativa define publicidad oficial como una herramienta para garantizar el derecho a la información y el ejercicio de derechos civiles. Este principio incluye la publicidad de actos administrativos, como licitaciones o concursos, publicidad institucional y campañas de bien público, y publicidad de bienes y servicios estatales.
Que establecer este marco legal tiene el apoyo de toda la prensa del Interior del país ni que decirlo, pero también hay que indicar que la realidad es muy diferente, como se puede apreciar en algunas empresas públicas, que a ojos vista hacen uso y abuso discrecional del dinero de todos, apoyando a tales o cuales sectores según la conveniencia o intención de los directorios.
Los ejemplos, lamentablemente, abundan. En marzo de 2010 el expresidente de OSE, Juan Justo Amaro, fue procesado con prisión (domiciliaria) como coautor responsable de un delito continuado de fraude y autor de un delito continuado de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley en reiteración real durante su gestión entre 1996-2003. Entre las irregularidades aparecía la asignación irregular de publicidad oficial. Otra, una supuesta “donación” de OSE, consistente en 10 bolsas de portland para confeccionar un monumento al caballo para Sarandí Grande, Durazno.
Podría pensarse que de aprobarse este proyecto la situación --que se ha reiterado en muchas otras oportunidades- sería cosa del pasado. Y no quedan dudas que como pieza jurídica es muy buena y prevé varias de las situaciones más complejas y que provocan mayores iniquidades a la hora de repartir la enorme suma que usan en publicidad y promoción las empresas estatales.
No obstante, la realidad indica otra cosa. Ejemplos abundan. El caso de Ancap es paradigmático. Por ejemplo, le otorgó 5.000 dólares en publicidad a una radio que aún no estaba al aire. Que la misma sea comunitaria y que sea de Quebracho es apenas anecdótico; sería igualmente censurable si hubiera ocurrido en cualquier otro rincón del país.
Es que no puede aceptarse que una empresa del Estado alegremente otorgue un presupuesto aun mayor que el que a muchas radios de extensa trayectoria, a un emprendimiento que no ha comenzado. Y menos que eso sea avalado por una agencia de publicidad que hacía todo menos controlar el cumplimiento de lo pactado. Porque hasta enviaba nuevos spots de radio periódicamente y cambiaba la pauta publicitaria.
Porque ¿es que hay que recordar que la publicidad tiene que tener como objetivo llegar a los mercados, impactar en los consumidores o usuarios, empujar la adquisición? Es por eso que la tarifa de un medio de comunicación debe tener relación con la penetración o el alcance del medio. ¿Cuánto valdría entonces la publicidad en una radio que no se sabe cuál será su rating (cuando comience a transmitir, obviamente, porque al momento de contratar el espacio el valor debería ser “cero”, por cuanto el alcance también era cero)?
Parece algo inaudito, pero a nadie le importó en el directorio de Ancap nada de eso. Peor, tampoco importó que se estaba gastando mucho más que 5.000 dólares en una “donación” --otra vez esa palabrita-- al decir de la senador Lucía Topolansky, porque la agencia publicitaria bien que cobró no solamente su comisión sino todo el trabajo de diseño y producción de las piezas publicitarias que se sabía no iban a ser emitidas.
Obviamente, aunque hay mucho más para expresar sobre los manejos de Ancap, no es la única empresa estatal que camina por oscuros senderos y cuyos directorios hacen uso de una discrecionalidad en el uso de los fondos de todos los uruguayos, que hasta se podría pensar que también se usan para comprar conciencias.
Por caso, UTE. En Paysandú, la empresa pública de energía eléctrica prácticamente ha desaparecido de los medios de prensa en la medida que no pauta. Tan así que ni siquiera cumplió con la obligación de informar a la población de su cambio de sede. Eso, que no puede ser considerado publicidad sino información vital en cumplimiento del buen servicio que se supone debe brindar a sus clientes, fue dado a conocer por los propios medios. Que tienen conciencia social y que sí responden a sus lectores, por caso los de EL TELEGRAFO.
No obstante, por esa discrecionalidad que se indica, sí su directorio decidió apoyar un suplemento especial en papel de alta calidad a todo color de un medio de prensa de la capital, lleno de material propagandístico intrascendente.
Obviamente, el diario no tiene responsabilidad, porque es su derecho proponer y vender productos periodísticos. Pero una vez más queda claro el doble criterio de las empresas del Estado, donde la austeridad no corre para los medios “amigos”, por más que se rasgan las vestiduras con la transparencia, el uso criterioso de los dineros públicos y la objetividad en la asignación de la publicidad.
Este gobierno, que sostiene que defiende la equidad empresarial y social, estableció que para evitar excesos de los directorios a la hora de determinar la publicidad se contratara a empresas privadas. Parecía una buena idea. Pero en la práctica es bastante peor que lo anterior. Porque ahora los directorios determinan a su antojo a qué empresa de publicidad contratar --las denuncias de irregularidades en ese sentido en Ancap son más que suficientes y son actuales-- y a su vez derivan presupuestos dos o tres veces superiores a los que se usaban cuando las cuentas de publicidad dependían directamente de las empresas. Por caso, Ancap, empresa monopólica de los combustibles –todos los combustibles del Uruguay son producidos por Ancap-- gasta 8 millones de dólares anuales cuando déficit es de más de 2.000 millones de dólares. Y prácticamente ese total únicamente se usa en medios de la capital. En resumen, es todo una gran mentira que rompe los ojos, donde los procedimientos se cambiaron para proteger al político de prácticas deshonestas: mientras entes el director de la empresa asignaba a dedo la publicidad en los medios afines --y realizaba donaciones--, ahora “lo hace una agencia”, obviamente siguiendo las órdenes del director de turno.
Mientras, en el resto del país, toda la prensa del Interior recibe solamente el 2,5% de toda la publicidad oficial en medios impresos.
Este gobierno, como los anteriores de otras ideologías, sigue sin resolver un problema de larga data, la iniquidad en el manejo de la publicidad oficial. Hay proyectos de ley, bienvenidos sean, pero si no hay sanciones duras para quien incumpla, la regla es letra muerta. Porque ocupar un cargo público no implica hacer un uso abusivo de los fondos que se tienen al alcance. La distribución de la publicidad oficial sigue siendo una iniquidad. Pasan los gobiernos y todo sigue igual. Seguiremos preguntando ¿hasta cuándo?