Nacionales | 31 Oct Uruguay buscará producir entre seis y ocho toneladas de marihuana anualmente para distribuir a través de farmacias a un valor de 1,40 dólares el gramo, en el marco de un modelo inédito de regulación, señalaron fuentes oficiales.
Está casi todo listo para empezar a producir, señaló a la AFP el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. “Resta afinar el software para registro y retiro en farmacias” y definir qué empresas harán la distribución a estos comercios, detalló.
Uruguay aprobó a fines de 2013 una polémica ley que, entre otras disposiciones, habilita al Estado a otorgar licencias de producción de marihuana, que será comercializada en farmacias a usuarios registrados.
Dos empresas fueron seleccionadas por licitación a comienzos de octubre para producir la droga. “Tenemos la semilla cuya exploración y variedad genética son originales del Uruguay. Es 'cannabis charrúa'”, sostuvo Romani. Agregó que “actualmente el Instituto de Regulación y Control del Cannabis ha otorgado licencias para plantar hasta cuatro toneladas anuales y la perspectiva es llegar a entre seis y ocho toneladas anuales para cubrir la demanda que potencialmente tiene el mercado”.
Romani indicó que el mercado estimado es de “160.000 uruguayos, que consumen frecuente o habitualmente cannabis”.
Desde que fue planteada por el expresidente José Mujica, la ley de regulación del cannabis fue presentada como un “experimento”. Romani reafirmó esa tesitura y remarcó que, por tratarse de un modelo inédito en el mundo, está a prueba. “Nosotros vamos, paso a paso, viendo qué podemos cubrir. Estas dos empresas comienzan con dos toneladas cada una (al año) y a medida que vaya afianzándose el sistema, iremos llamando a otra licitación o admitiendo que estas mismas empresas pueden producir más” hasta llegar a los volúmenes que se estiman necesarios para cubrir la demanda del mercado, señaló. “Es una ingeniería que está a prueba” y se puede ir modificando, subrayó.
La ley prevé otros dos mecanismos de acceso a marihuana legal: el llamado “autocultivo” o cultivo de plantas para consumo propio, con un máximo de seis por persona y los clubes cannábicos que producen en forma cooperativa para miembros registrados, con un máximo de 99 plantas por núcleo.
Romani explicó que actualmente existen 3.100 cultivadores domésticos registrados, 15 clubes en trámite de habilitación y dos ya habilitados. “Lo más importante para nosotros es que los usuarios de cannabis adhieran al sistema (...) por precio, calidad, confiabilidad, accesibilidad, por seguridad”, pues quien consume no debe recurrir a una boca, sino a una farmacia”, señaló.
En el caso específico de quienes utilizarán la droga producida bajo control del Estado, deben acudir a un registro, previo a iniciar el consumo por esa vía. Romani explicó que “uno de los objetivos de la ley es secuestrar este mercado del narcotráfico”.
Al ser consultado sobre los mecanismos de seguridad previstos, explicó que el terreno en el que se producirá la hierba será custodiado por efectivos policiales, además de exigir a las empresas la provisión de seguridad adicional. Sostuvo que la decisión de producir una variedad específica permite la “trazabilidad” o seguimiento de la droga. “Podemos hacer el seguimiento de cualquier fuga que haya del mercado regulado”, enfatizó. Además, “no hay posibilidad, a través de este sistema, de turismo cannábico”, puesto que solo consumidores registrados podrán acceder a la droga en farmacias y para ello se necesita ser uruguayo o residente por dos años, recordó. Un turista no puede comprar la droga sin infringir la ley.
Aunque la legislación no persigue fines recaudatorios, Romani señaló que el erario público recibirá entre 10% y 13% de lo producido por la comercialización de marihuana en farmacias, más ingresos por licencias otorgadas a las empresas productoras. Además, previó que Uruguay se beneficiará por el uso de cannabis con fines medicinales y por el cultivo de cáñamo industrial.
“Ya estamos recibiendo ofertas” e “intentando formar médicos para que receten cannabis medicinal”, indicó, al tiempo que vaticinó que el cultivo de cáñamo industrial --con aplicaciones en sectores como vestimenta o construcción-- podría ser el inicio de una nueva industria para el país.

SUSPENDERÁN ASIGNACIONES A LICEALES
El Banco de Previsión Social (BPS) proyecta suspender 25.000 asignaciones familiares de alumnos de Secundaria que no concurren a clases. Así lo confirmaron fuentes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a El País.
El BPS ya derivó el listado de estos alumnos al Codicen y ahora el gobierno de la educación tendrá un mes para, con ayuda del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el de Desarrollo Social (Mides), ir a buscar a los estudiantes, reinsertarlos en el sistema y evitar que se suspenda la prestación.
También se envió al Codicen una lista de escolares en las mismas condiciones, pero desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) advirtieron que “son menos de 1.000” los niños en esa situación.
Dentro de esta lista de 25.000 liceales, no se tuvo en cuenta a quienes asisten a clase de forma intermitente o abandonaron, como estaba previsto en el decreto aprobado por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez en setiembre de este año, sino que solo se detectó a los que no se inscribieron para cursar este año.
“Los que se inscribieron pero abandonaron o siguen yendo pero no cumplen con el mínimo de las asistencias necesarias no fueron identificados. La idea original era incluirlos, pero algunos entendieron que esto recién se debe aplicar a partir del próximo año”, indicaron las fuentes. En la lista no se incluye a los “miles que, según dijo el presidente del Codicen, Wilson Netto, dejaron de estudiar en los últimos tres meses por culpa de los paros sindicales”.
Según el decreto, en julio y noviembre de cada año se haría un cruce de datos entre el Codicen y el BPS para suspender aquellas asignaciones familiares de personas que no envíen sus hijos a estudiar.
La medida buscó ser un punto intermedio entre las exigencias de BPS y lo que reclamaba la ministra del Mides, Marina Arismendi, partidaria de que no se pida nada a cambio del beneficio. Antes de asumir su cargo, Arismendi afirmó: “Si yo, además de que no van, todavía les saco la comida y la plata, les digo embrómense para el resto de sus vidas”.
Su idea evitó que a mediados de este año se corten las asignaciones. Sin embargo, su postura no fue acompañada por el BPS ni por Vázquez, que ven en esto una herramienta para obligar a las familias a enviar a sus hijos a estudiar.

CONGELARON PRECIOS
A partir de mañana y hasta el 31 de enero de 2016 los precios de los siguientes artículos se mantendrán sin variaciones, según el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las cámaras empresariales. Son 40 familias de productos con numerosas variantes, que alcanzan a 2.200 artículos.
Entre los productos que bajaron los precios, hay aceites en diferentes variedad, agua con y sin gas, azúcar, arroz, café, cervezas nacionales, shampoo, acondicionador, cocoa, desodorantes, detergentes, fideos, gaseosas, harinas, lavandinas, jabón de tocador, fiambres, manteca, mayonesas, papel higiénico, pasta dental, pulpas de tomate, quesos, frankfurters, vinos de mesa, yerbas, pollos, mermeladas y dulces, panificados, salsas y aderezos, entre otros productos.