Opinion | 03 Nov Para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el escenario “hipotético negado” (¿?) de que la oposición llegara a ganar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre “no entregaría la revolución” y pasaría a gobernar con el “pueblo” y en “unión cívico militar”, una reflexión o anuncio a medias que si bien no debería sorprender a esta altura, no deja de ser preocupante para la región, donde Venezuela es miembro relevante del Mercosur, el Parlasur, el ALBA y de cuanto tratado político-ideológico pudo introducirse.
Y si bien Venezuela nunca ha sido precisamente un modelo de democracia, y la corrupción ha campeado en todos sus gobiernos, a partir de la asunción del expresidente Hugo Chávez y su liderazgo para consagrar la “revolución bolivariana” se ha hecho hincapié en un autoritarismo de corte ideológico, con destrato y falta de garantías para los opositores, siempre al borde de una dictadura o hasta la tiranía.
Durante unos cuantos años su riqueza petrolera junto a los elevados precios del crudo, permitieron disimular las grandes carencias, flagrantes errores y horrores de la política económica populista del régimen, pero con la irrupción del actual mandatario Nicolás Maduro, viendo “pajaritos” con mensajes del difunto Chávez y amenazas y diatribas contra opositores de adentro y de afuera, el escenario se ha agravado sustancialmente.
En sus recientes declaraciones, Maduro subrayó que si se diera el “hipotético negado”, “ese escenario, negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa", durante una entrevista transmitida por el canal estatal VTV.
El mandatario indicó que en ese escenario gobernaría “con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico militar” y con la Constitución en la mano echaría adelante “la independencia de Venezuela cueste lo que cueste, como sea”.
Asimismo ese 6 de diciembre, después de que se anuncie la victoria que, aseveró, seguro obtendrá el oficialismo, convocará a un “diálogo nacional en el palacio de Miraflores en función de los grandes objetivos de desarrollo del país” para el período 2016-2018.
Descartó una vez más que la coalición opositora pueda ganar la mayoría parlamentaria, y dijo que si llegara esa posibilidad Venezuela “entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política”.
“Quien tenga oídos que entienda, el que tenga ojos que vea clara la historia, la revolución no va a ser entregada jamás, escuchen”, reiteró, mientras días atrás declaró “en emergencia” a la llamada revolución bolivariana que él lidera al tiempo que pidió activar un plan “antigolpe” que garantice “la victoria electoral” en las parlamentarias.
Como mínimo, las reflexiones de Maduro arrojan sombras sobre su actitud y la de su partido en caso de un triunfo opositor, porque no solo apela a la descalificación, sino que asegura que “como sea” la “revolución bolivariana” seguirá adelante.
La pregunta legítima es como puede llevarse adelante una revolución que se basa en el poder y en fuerzas armadas alineadas y con juramento de fidelidad al socialismo, sin el poder y supuestamente con militares que deberán acatar el comando supremo del gobierno que surja de las elecciones, sin más ideología que el respeto a la Constitución y la ley.
Bueno, sacándole “el IVA” de las amenazas y el intento de llevar agua para su molino por lo menos a través del temor al caos que pudiera ganar a muchos venezolanos, también cabe preguntarse el grado de mimetismo que tiene el bolivariano presidente y su régimen con los militares, cuando alude a la unión “cívico militar” para defender la revolución contra los enemigos --del régimen, obvio--, y sobre todo, como se actuaría en caso de la inminencia de perder el poder.
No puede haber ninguna duda que el gobierno de Venezuela actúa con un perfil autoritario manifiesto y desafiante hacia las naciones del subcontinente y los organismos regionales que como regla general han actuado de manera condescendiente y prescindente --incluyendo al propio Mercosur-- sin que se escuchen voces de repudio que por lo menos salven las apariencias.
En el caso de los gobiernos de izquierda en nuestro país, no solo se ha sido complaciente, sino que se ha guardado silencio en torno a desplantes y acusaciones que formulara el propio Maduro, con el argumento implícito de que actuar de otra manera podría poner en peligro las exportaciones hacía el mercado caribeño, en rubros decisivos como los lácteos.
Pero sin dudas en el marco de la conveniencia comercial se disimulan situaciones demasiado gruesas, e incluso debe tenerse presente que cuando hubo una crisis institucional en Paraguay fue el propio Maduro quien propuso que se pusieran en marcha mecanismos internacionales para regular la situación. Y Uruguay, cual siervo fiel, le hizo los mandados a la “revolución” dictatorial.
Ante una instancia electoral decisiva en diciembre, la región no debe perder de vista que el objetivo supremo debe ser el de reclamar que en Venezuela tengan plena vigencia instrumentos jurídicos de preservación del Estado de Derecho, que permitan además el ejercicio de la democracia representativa, garantizada por elecciones libres y por el pleno respeto a las libertades de expresión y de prensa; aunque esto último hace rato que fue pisoteado.
En este contexto, para lograr el máximo de garantías posibles aun teniendo en cuenta la situación, debe exigirse la aceptación sin condicionamientos de la presencia de observadores de la OEA y de toda organización internacional reconocida --incluso países-- que manifiesten su voluntad de observar el desarrollo del sufragio venezolano.