Opinion | 04 Nov Nuevamente el gobierno apela a un acuerdo con cadenas de supermercados y grandes importadores para mantener congelados los precios durante noventa días, en esta oportunidad, de unas 1.400 variedades y marcas, con la intención de dejar estables los índices inflacionarios, que porfiadamente se han reavivado durante este año.
Las autoridades del equipo económico de gobierno se habían reunido con varias gremiales empresariales, con el objetivo de lograr un acuerdo de precios que se aplicara en oportunidades anteriores, con participación, entre otros, de la Unión de Exportadores, la Cámara de Industrias (CIU), la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), los grandes supermercados y Cambadu, que nuclea al comercio minorista, fundamentalmente de la capital. De la instancia surgió una lista de productos que se estima “congelar” o reducir los precios.
El planteo responde a iniciativa del Poder Ejecutivo cuando el país atraviesa una situación delicada, que incluye la consideración del Presupuesto Quinquenal en el Senado, las condiciones internacionales han cambiado y se percibe su impacto en Uruguay, que enfrenta una desaceleración en su economía tras una década de bonanza.
Durante 2015 estos problemas en el escenario internacional no han tenido respuestas a través de correctivos en lo interno, porque el déficit fiscal sigue desalineado y en el caso de las tarifas públicas, deja con margen de maniobra escaso o nulo para que las tarifas se ajusten a la baja o para su estabilización, pese a la caída internacional del crudo, que no se vio reflejada en la rebaja de los combustibles de Ancap.
Claro, no había mucho por hacer si se tiene en cuenta que una gestión desprolija ha llevado a que el organismo tenga un déficit de 600 millones de dólares.
Por otra parte, el valor del dólar es un factor negativo para lograr la estabilización de precios, sobre todo en un país altamente dolarizado y dependiente como Uruguay, porque si bien los porcentajes de ahorros en el sistema de intermediación financiera en la divisa y las deudas en esta moneda no tienen la misma incidencia que hasta hace unos años, cualquier movimiento en la divisa genera incrementos que se van sucediendo en cascada, por importaciones y expectativas de los propios operadores.
A la vez, si se trancara el aumento del dólar, se afecta la competitividad de los exportadores, ya comprometida y por debajo de la de nuestros dos grandes vecinos, que han devaluado más que nosotros y tienen menores costos internos en energía y tarifas.
Al congelar precios, el gobierno apunta a evitar que la inflación se posicione por encima del 10% y que la inflación real se refleje en el Índice de Precios al Consumo (IPC), que es el que se toma en cuenta para fijar incrementos y reajustes en una serie de áreas.
No puede perderse de vista que un acuerdo de precios con los formadores, aunque de carácter temporal, tiene sus límites, nadie trabaja por los costos y mucho menos para perder dinero. Y en cuanto a formar precios, no hay protagonistas absolutos, todos son parte de los eslabones de una cadena que empieza por los insumos que van determinando los costos a medida que se avanza en el valor agregado para llegar al producto final o servicio a comercializar.
Además, los costos aplicados desde el Estado por las tarifas públicas, las cargas fiscales, los impuestos y otras obligaciones se conjugan con la nueva ronda de Consejos de Salarios, en los que se están negociando incrementos salariales.
El acuerdo de precios, por más temporal que sea, significa renuncias de algunos de los actores a determinado margen, pero difícilmente alguien puede acordar poner todo de su parte sin que los demás actores, incluyendo el gobierno y los propios sindicatos, hagan lo mismo.
Hay muchos aspectos en juego, aún contando con la buena voluntad de los respectivos actores porque, en un tramado tan complejo como el de la economía, es muy difícil contener presiones inflacionarias por mucho tiempo si paralelamente no se instrumentan medidas efectivas que permitan abatir costos a los formadores de precios.
Y esas medidas no pueden provenir de nadie más que desde el gobierno, porque los privados, por esa misma condición, son emprendimientos de riesgo. A diferencia de las empresas públicas, no tienen tras de sí al Estado ni pueden enjugar sus pérdidas y desatinos con el dinero de todos los uruguayos. Cuando la ecuación no da, la empresa cierra sus puertas, desaparece la fuente de trabajo y los trabajadores pierden ingresos, mientras en el caso de los estatales, este riesgo no existe.
Bueno, hace rato que el esfuerzo lo hacen los privados mientras el Estado sigue gastando como si la bonanza fuera a durar para siempre. Hoy estas medidas de acuerdos de precios son un manotón de ahogado que pudo haberse evitado, sustituido o complementado por medidas de fondo, mediano y largo plazo. Y el panorama cambia cuando llega la hora de pagar la factura.