EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Locales | 08 Nov Como “hecho grave que atenta contra la libertad de expresión” calificó --en la Cámara de Diputados-- el representante sanducero Walter Verri la denuncia realizada por ALUR contra EL TELEGRAFO, que podría terminar condenando a este medio con “apercibimiento”. Verri agregó que se “pretende ejercer presiones y condicionar el accionar de los medios de comunicación por parte de la empresa ALUR, ahora respaldada por el Ministerio de Defensa a través de la Dinacia”.
Tras relatar los hechos que desencadenaron la denuncia de ALUR ante la Dinacia, la toma de fotografías con un dron, a entre 50 y 70 metros de altura, para comprobar los destrozos en la estructura de uno de los galpones, información que no había sido difundida por la empresa, Verri aseguró que “no solo no había habido información oficial a la prensa, tampoco se comunicó al Destacamento de Bomberos”.
Tras la posición expuesta por la Dinacia, referente a la posible condena por “apercibimiento” a EL TELEGRAFO, el diputado Verri subrayó que “quienes están al frente de ALUR no consideraron la importancia y el respeto que se debe tener ante la labor periodística y demostraron un desconocimiento básico de lo expresado en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos”. Y en el mismo tono agregó: “además de haber olvidado que administran bienes y recursos públicos”.
“El diario hizo aquello que debía hacer”, dijo Verri. “Por si fuera poco”, agregó, “la actitud de ALUR y el Ministerio de Defensa se contradice e invoca normas que no son aplicables y contrarias, además, a una resolución ya dictada por la propia Dinacia (291/2014), que determina que los drones “no requieren registro, certificado de aeronavegabilidad, licencia ni autorización o permiso para el operador. Las únicas limitaciones son que no pueden operarse en espacios aéreos controlados o en la zona de tráfico de aeródromos”. ¿Cómo es posible sancionar por no contar con autorización para sacar fotos cuando los drones, según la propia Dinacia, no necesitan autorización y vienen con una cámara incorporada? Además, ¿por qué no se utiliza el mismo criterio cuando el hecho es diferente? Por ejemplo, no se denunció a EL TELEGRAFO cuando el mismo dron se utilizó para cubrir la inauguración de la planta con el presidente Mujica en el lugar”.
El diputado sanducero por el Partido Colorado aseguró que la denuncia y acciones de ALUR, la Dinacia y el Ministerio de Defensa Nacional promueven desamparo y censura. “Desamparo en el sentido de desinformación, porque a eso estaríamos condenados como sociedad si los comunicadores no pudieran realizar su trabajo. Y censura puesto que se está castigando por la difusión de una información e imágenes que son públicas. Ello conlleva una presión para el futuro, una amenaza para el libre ejercicio de la profesión”.
“Medidas como estas apuntan a restringir la libre circulación de ideas y opiniones, en definitiva, la creación de obstáculos al libre flujo informativo”, destacó Verri y agregó que el periodismo es “una profesión que implica, justamente, sacar a la luz pública aquello que sin razón jurídica alguna se pretende mantener oculto”.
Ante sus pares en la Cámara, Verri concluyó que “el aparato utilizado por el Diario EL TELEGRAFO, con una trayectoria de 105 años de trabajo, que ha sabido adaptarse a los sistemas más modernos, permitió confirmar que la información era correcta y que, efectivamente había ocurrido un derrumbe de grandes proporciones. El primer deber del periodista, que es publicar la verdad conocida y comprobada, se cumplió a cabalidad”.

“¿QUIÉN TOMÓ LA DECISIÓN
DE HACER LA DENUNCIA?”
Verri presentó dos pedidos de informes. Uno de ellos fue enviado a Ancap y contiene doce preguntas, que tratan de --a través de las respuestas que se espera recibir-- arrojar luz sobre los hechos ocurridos en junio pasado y las posteriores acciones de ALUR contra el medio de prensa.
Verri pide que “se informe detalladamente lo sucedido el día 16 de junio en la planta de ALUR ubicada en Nuevo Paysandú” y que “se proporcione los peritajes correspondientes sobre las causas del derrumbe”.
“¿A quién corresponde la responsabilidad?, ¿qué medidas se han tomado para remediar la situación?, ¿por qué se ocultó la información a medios de comunicación que la pidieron?, ¿cuál es la evaluación económica de los daños y quién se hará cargo de su reparación?, son algunas de las preguntas incluidas en el pedido de informes.
En las dos últimas preguntas, Verri solicita “saber los fundamentos jurídicos manejados para denunciar ante la Dinacia a un medio de prensa que lo único que hizo fue informar, ilustrando la información con fotos” y “quién tomó la decisión de hacer la denuncia. Si fue el Directorio, solicitamos copia del acta correspondiente”.

DRONES NO, ¿PARAPENTES
Y SIMILARES SÍ?
El segundo pedido de informes está dirigido al Ministerio de Defensa Nacional, en cuya órbita se encuentra la Dinacia. También presenta doce interrogantes, algunas de ellas similares a las enviadas a Ancap.
Verri pide el fundamento jurídico por el que promoverían la sanción a EL TELEGRAFO. “¿Por qué se pretende aplicar al hecho de haber tomado fotografías con un dron requisitos que no son aplicables a dispositivos que pesan menos de 25 kilos y vienen con cámaras incorporadas?”, pregunta.
Tomando en cuenta que el uso de estos aparatos “son en la actualidad intensamente utilizados en todo tipo de eventos sin necesidad de registro de tipo alguno, solicitamos se nos informe la razón que ha llevado a sancionar el uso realizado por el Diario EL TELEGRAFO”. También pide que “se informe la razón por la cual la zona en donde se ubica la planta de ALUR, que era considerada ‘zona libre’ hasta la ocurrencia de este hecho, ahora es considerada por la Junta de Infracciones de la Dinacia como una zona de ‘espacio aéreo restringido’”.
Verri apunta a que se informe “las razones por las cuales se debe pedir autorización para tomar fotografías aéreas desde drones cuando no se exige lo mismo para quienes vuelan en otro tipo de artefactos, como parapentes o similares” y “por qué razón no se requiere registro de drones de menos de 25 kilos, como el aparato en cuestión; pero sí se sanciona a un medio de comunicación por usarlo para sacar fotografías cuando la cámara viene incorporada y se utiliza ya masivamente en diferentes eventos”.
El diputado sanducero solicita “se explique en detalle qué considera la Dinacia ‘finalidad de trabajo’, ya que de esa definición dependerá el trabajo de la prensa en el futuro” y pide que “se nos informe y enumeren las zonas que no son consideradas como ‘zonas libres’, tanto en el departamento de Paysandú como en el resto del país”.
En las dos cuestiones finales, Walter Verri indaga “si la Dinacia está o estuvo en conocimiento durante la investigación sustanciada que los periodistas del Diario EL TELEGRAFO solicitaron en primer lugar a la autoridades de ALUR información respecto a lo sucedido en la planta” y si la misma repartición “está o estuvo en conocimiento durante la investigación de que ALUR optó por ocultar la información a los medios de comunicación que la pidieron”.