Opinion | 09 Nov Las exigencias que en algunas décadas tendrá el Banco de Previsión Social (BPS) para estar en condiciones de seguir pagando prestaciones sin mayores sobresaltos, conlleva desafíos de gran magnitud para Uruguay, en este caso de recursos financieros. Pero en términos de seguridad social, servicios y calidad de vida, sin duda habrá exigencias adicionales que deben evaluarse desde ya, por cuanto sus condicionantes se extienden para el mediano y largo plazo, y eventualmente en el corto plazo, en caso de registrarse fuertes variaciones en el área de la economía.
Es que la estructura demográfica del país –caracterizada por una población envejecida, casi al nivel de los países desarrollados pero sin una economía ni servicios de su nivel– hará que el BPS, en 50 años, requiera una asistencia de fondos estatales diez veces mayor a la actual, de acuerdo con un informe de la Asesoría General de Seguridad Social del banco, presentado la semana anterior en el Parlamento.
Sus proyecciones indican que para mantener los niveles actuales de prestaciones, el aporte de Rentas Generales (desde el Estado) por encima de la recaudación del BPS para hacer frente a las pasividades deberá ser 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando actualmente es 0,25.
Igualmente, hay aspectos a tener en cuenta: las autoridades del BPS consideraron en la Comisión de Seguridad Social de Diputados que las finanzas de la institución han mejorado “notoriamente” en los últimos diez años, básicamente por el crecimiento de los ingresos. Eso se explica porque hay más cotizantes (más gente trabajando y aportando) y el aumento del salario medio de cotización, según afirmó Gabriel Lagomarsino, vicepresidente del BPS.
Otro elemento refiere a que entre los años 1999 y 2001 la contribución que recibía el organismo correspondía a 4% del PBI y actualmente disminuyó “casi a cero”, afirmó el jerarca, para quien el desafío es cómo mantener esa cobertura financieramente en forma sostenible a mediano y largo plazo.
Hay precisamente parámetros contrapuestos en esta disyuntiva: los datos indican que en Uruguay las tasas de mortalidad descienden y aumenta la esperanza de vida, lo que responde a una tendencia mundial, aunque con la salvedad de que mientras en los países emergentes y del tercer mundo hay una alta tasa de natalidad, no ocurre lo mismo en el mundo desarrollado y tampoco en Uruguay, que tiene por un lado dos aspectos indeseables en la ecuación: economía pequeña y exigencias inherentes al aumento de la expectativa de vida que requieren servicios más caros y demandantes.
Este desafío de cobertura sostenible en el tiempo “hace que el sistema sea más costoso desde el punto de vista financiero”, explicó Lagomarsino. Además, en Uruguay la tasa de natalidad sigue decreciendo, lo que tampoco ayuda al sistema previsional, por cuanto indica que hay menos población activa para solventar las prestaciones de un crecimiento en el porcentaje de pasividades que deben pagarse mes a mes.
El informe oficial estimó que se espera una situación “relativamente estable” hasta el año 2040 y que no se requerirán mayores apoyos del Estado al sistema previsional. En el año 2020 la asistencia financiera se estimó en 0,47% del PBI; cuatro años después bajaría a 0,32%, y seguirá reduciéndose hasta llegar al año 2035, con una asistencia de Rentas de 0,23% del PBI.
En 2065, es decir dentro de 50 años, el peso de la demografía hará que el apoyo a la previsión social sea 2,5% del PBI, de acuerdo a los cálculos de la Asesoría General de la Seguridad Social, aunque a fuer de sinceros, debemos señalar que estos guarismos, a medio siglo de distancia, deben tomarse con pinzas, porque la economía tiene ciclos imposibles de prever. Hay circunstancias que puedan hacer inclinar la balanza hacia uno u otro lado, es decir mayor o menor demanda que las estimaciones que se hacen para períodos demasiado extensos para un país tan vulnerable y dependiente como Uruguay.
Naturalmente, esta problemática tan compleja como interrelacionada, debe ser motivo de atención para todos los involucrados, y no solo para el gobierno y los organismos previsionales, aunque sí son los directamente interesados en seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y en lo posible, actuar con la antelación debida ante fenómenos que no se precipitan de un momento para otro, pero que reflejan tendencias que no son fáciles de revertir en el corto plazo.
Los representantes del gobierno en el BPS ven ese escenario como “un asunto a atender” pero lo manejan sin dramatismo, por ahora, aunque lamentablemente a veces hay factores como intereses políticos o electorales que tienden a quitar dramatismo o postergar decisiones que deberían adoptarse con tiempo, y que no necesariamente van a ser simpáticas. Por ejemplo, analizar la posibilidad de aumentar la edad de retiro, para restar exigencias al sistema previsional.
En este contexto una opinión distinta a la de los representantes políticos y de los sectores sociales tiene Elvira Domínguez, representante de los empresarios en el directorio del BPS, quien señaló que el informe de la Asesoría “no lleva a conclusiones tan positivas. Nosotros vemos algunos nubarrones vinculados, no solamente al crecimiento demográfico, sino que también nos importa el tema de la gestión y el financiamiento”, afirmó.
Reconoció que entre 1998 y el 2000 hubo un aporte estatal que superó 4% del PBI y luego se creó por ley un impuesto (Cofis) que también aporta al sistema. Para la empresaria, a los aportes de Rentas Generales también hay que sumarle el que llega por vía impositiva. Dijo además que el informe no consideró un escenario de problemas en la economía como el que hoy se vislumbra, y este es precisamente el punto, porque una cosa es sostener el sistema con aportes calculados en un período de bonanza y otro hacerlo en una meseta o épocas de crisis, como ha ocurrido.
Y a lo que debe llegarse, en lo posible, es a diseñar un proyecto para generar equilibrios a mediano y largo plazo, en lo posible por encima de avatares, y para ello debe contarse con una amplia base de apoyo desde todos los sectores políticos, de organizaciones sociales, del gobierno, de técnicos y de los actores involucrados, porque cuando las cosas se vienen encima y aparecen como irreversibles, las decisiones son traumáticas y suelen afectar en mayor medida siempre a los que se ha pretendido defender solo tirando la pelota para adelante.